Es oficial: habrá Secretaría de Seguridad del Estado gracias al voto unánime de Rosarito, incluida Araceli Brown

Playas de Rosarito.- Con el voto a favor del cabildo de Playas de Rosarito, se aprueba la reforma constitucional mediante la cual el gobierno de Baja California recupera sus facultades en materia de seguridad pública y se crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Con esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) trasladará facultades a la nueva dependencia, la cual había desaparecido hace dos años precisamente para fusionarse con la FGE.

De acuerdo a la reforma de ley, la Secretaría entrará en funciones el primero de enero de 2022.

Después de una extensa exposición de ideas, la tarde de este miércoles el cabildo de Playas de Rosarito aprobó por unanimidad la reforma turnada por el Congreso del Estado.

Se requería que cuatro de seis cabildos se pronunciaran a favor para que pasara la reforma, tal como lo contempla el artículo 112 de la Constitución Política de Baja California.

Antes de Playas de Rosarito ya lo habían aprobado los cabildos de Mexicali y Tecate, así como el concejo municipal de San Quintín.

La alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, fue quien turnó el punto de acuerdo relativo a la reforma a los artículos 53, 54 y 69, así como la adición del capítulo cuarto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, todos de la Constitución Política de Baja California.

Con esta reforma, el sistema penitenciario del estado y el centro de evaluación y control de confianza quedarán a cargo de la nueva secretaría.

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En la lectura del punto de acuerdo, la alcaldesa manifestó que “no nos podemos contraponer a los proyectos y estrategias del gobierno del estado, si queremos que estas iniciativas funcionen deben contar con nuestro apoyo.

“No pueden prevalecer los intereses de unos pocos sobre un bien común”, agregó.

El documento también señala que, lejos de debilitar a la Fiscalía General del Estado, la reforma “desahoga facultades que sobrecargan a la institución”.

Previo a emitir su voto, la alcaldesa expresó que estará atenta a que se respeten los Derechos Humanos y que no se violenten “por parte de ninguna de las policías, vamos a seguir insistiendo para lograrlo… mi voto es a favor”.

La regidora panista María Ana Medina expuso que es preocupante lo que se vive en materia de inseguridad en el país, en el estado, “y bueno, Rosarito no es la excepción de estar libre de esta problemática”.

Adelantó que daría el voto de confianza para que, a través de esta secretaría especializada, se puedan dar resultados reales a la población.

Mientras que el ex alcalde panista y regidor, Silvano Abarca Macklis, dijo que le agrada que la nueva Secretaría de Seguridad estará más cercana a la gobernadora, ya que como está actualmente quien tiene el mando es el fiscal general del Estado, “no lo veía yo muy adecuado, a mí me agrada la ley”.

La regidora Sandra Jiménez Gutiérrez, emanada de Movimiento Ciudadano, expresó que tiene confianza en la reforma propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero pidió que la nueva corporación tenga un actuar digno “y no se repita el abuso de autoridad de los policías estatales, como el antecedente de la extinta Policía Estatal Preventiva”.

Por su parte, la regidora Norma Montoya Agramont señaló que era muy importante apoyar y fortalecer la propuesta para desahogar la carga excesiva de trabajo en materia de seguridad.

El regidor José Félix Ochoa celebró que hayan coincidido y resaltó que ahora la Fiscalía General del Estado se enfocará en los asuntos de procuración de justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en proteger a los ciudadanos.

Ediles manifestaron que al dar el voto de confianza esperan una mejoría en los resultados en contra de la inseguridad, ya que Playas de Rosarito no es ajeno a las estadísticas.

Sin embargo, la alcaldesa aseguró que en las calles la principal demanda, antes que la seguridad, es el agua potable.

Cabe mencionar que en los municipios de Ensenada y Tijuana aún no se ha votado la reforma. De acuerdo a la constitución estatal, si en un lapso de un mes no se pronuncian, se entienden que están a favor.

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