“Mañosamente manipulada”: denuncian en terna de Comisión Estatal de Atención a Víctimas

Colectivos denunciaron anomalías en la terna respecto a la convocatoria. Foto: Alejandro Gutiérrez

Tijuana.- De la terna enviada al Congreso del Estado para definir al próximo titular de la comisión ejecutiva estatal de Atención Integral a Víctimas, dos son funcionarios públicos, por lo que líderes de colectivos y asociaciones civiles solicitaron a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconsiderar sus propuestas.

Y es que, para que la comisión pueda actuar con autonomía, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California en el artículo 85 estipula que el comisionado no debe haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, “dentro de los dos años previos a su designación”.

La coordinadora del colectivo Una Nación Buscándote, Angélica Ramírez, precisó que María Alejandra Basaldúa Ayala, quien es la primera propuesta, es la actual encargada de la atención a víctimas en Tijuana.

Angélica Ramírez, de Una Nación Buscando-T. Foto: Alejandro Gutiérrez

Mientras que otro de los aspirantes, Manuel González Millán, es médico adscrito al Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que cuestionó si realmente ha estado involucrado en temas de atención a víctimas y Derechos Humanos.

La última integrante de la terna, Arely Lourdes Vera Lizárraga es la única de la terna que no está en la nómina gubernamental, señaló.

“Nos sorprendió que dentro de este listado hay dos servidores públicos participando en esta terna, lo cual la ley de víctimas de Baja California lo prohíbe”, recalcó la activista.

Y agregó “esta lista es mañosamente manipulada, puesta por el gobierno”.

Damnificados de Lomas del Rubí también estuvieron presentes. Foto: Alejandro Gutiérrez

Angélica Ramírez afirmó que ya están ejerciendo diversos recursos legales para hacer cumplir el articulado donde se establecen los requisitos para ocupar la comisión de atención a víctimas.

Al mismo tiempo que hacen un llamado al Congreso del Estado para que depure la lista y saque a todos los servidores públicos de ahí, apuntó.

Los grupos que se han unido para exigir transparencia en este proceso de selección atienden a víctimas y familiares de desaparecidos, migrantes, así como a los afectados de Lomas del Rubí, que de ser necesario buscarán la vía del amparo para frenar el nombramiento.

“Vamos a hacer todo lo posible para que esta terna sea nuevamente convocada, que haya otras personas dentro de esta terna, que sea como dice la ley… sin servidores públicos”, expresó la coordinadora de Una Nación Buscándote.

Y dijo también “no queremos nada extraordinario, no queremos ‘dedazos’, ni que pongan al que yo quiera, sino que queremos que sea alguien que sepa de la atención a víctimas”.

El riesgo de imponer a un servidor público, señaló, es que no actúe de manera autónoma, sino siguiendo lineamientos de gobierno y que se revictimice a quienes han sufrido abusos y vejaciones.

La coordinadora de familiares de desaparecidos pidió una audiencia con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que escuche el lado de las víctimas y el por qué urge que la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California se cumpla a cabalidad, “sin las víctimas no”.

Dos integrantes de la terna son servidores públicos. Foto: Alejandro Gutiérrez

En total fueron 15 aspirantes los que se registraron, entre quienes hay defensores de víctimas y de derechos humanos, que cumplen con el perfil, pero que fueron marginados de la terna.

Por su parte, el Pastor Albert Rivera, del albergue Ágape, expresó que los migrantes que llegan a Tijuana arrastran historias de violencia y omisión de las autoridades, hablan de secuestros, desapariciones, asesinatos, por lo que no confían en los servidores públicos.

Señaló que para una víctima que ha sido testigo de la colusión entre autoridades y delincuencia será muy difícil confiar en alguien que ostentaba un cargo público, “por algo se hizo esa ley, que no pongan a funcionarios”.

Se sumó a la exigencia de que la comisión de atención a víctimas sea ocupada por un ciudadano experto en los temas de víctimas, derechos humanos y migración.

En tanto que, la representante de los afectados de Lomas del Rubí, Mariana Morales, relató que han sido víctimas de una serie de abusos y su caso ha pasado de mano en mano, pero sin que se les haga verdadera justicia derivado de la corrupción.

Desde el primer deslizamiento, ocurrido en febrero de 2019, a la fecha, dijo que ha habido 70 personas fallecidas, porque enfermaron y no pudieron luchar contra tanta injusticia.

Otras 600 aún esperan respuesta, pero según los cálculos de la actual comisión de víctimas, a cargo de Alejandra Basaldúa, la reparación del daño asciende a 10 mil pesos por familia.

Cabe mencionar que, en 2020, el colectivo Una Nación Buscándote interpuso un amparo para solicitar el nombramiento del titular de la comisión ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, mismo que se les concedió.

Colectivos preocupados por la autonomía del organismo. Foto: Alejandro Gutiérrez

Sin embargo, para Araceli Domínguez, quien es consejera del mecanismo para la protección de defensores de Derechos Humanos y periodistas, afirmó que la ley ha estado guardada porque al gobierno no le conviene que funcione.

Si lo hiciera, tendría un costo millonario por el pago de la reparación del daño a cientos víctimas de tortura, de desaparición forzada, de Lomas del Rubí, entre muchos otros.

“Al dejar a la persona que está encargada del despacho quieren que las cosas sigan exactamente igual, sin atención”, expresó.

Añadió “no se vale que el gobierno esté lucrando y esté revictimizando una y otra vez, pasando sobre las víctimas”.

Reiteraron el llamado a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda a dialogar; a los diputados del Congreso del Estado les pidieron revisar la ley, antes de hacer cualquier tipo de nombramiento.

De acuerdo al artículo 84, el comisionado ejecutivo deberá contar con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso del Estado; ostentará el cargo durante cinco años.

Sin embargo, el ejecutivo estatal debió hacer una consulta pública entre las organizaciones civiles antes de enviar la terna, lo que aseguran no sucedió.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Más de 21 años de experiencia como colaboradora en medios locales para educación, salud, empresarial, gobiernos, partidos políticos y deportes. Primera ganadora del Premio Tijuana Joven en el Mérito en Periodismo y Comunicación Social. Diplomada en Periodismo por la Universidad Iberoamericana (campus Tijuana) y Mención Honorífica por el Tecnológico de Monterrey.