Tijuana.- Antes de definir al próximo titular de la comisión ejecutiva estatal de Atención Integral a Víctimas, el diputado Juan Manuel Molina García afirmó que revisarán de manera minuciosa la terna enviada por el gobierno estatal y si hay servidores públicos, pidió a los colectivos y a la sociedad que lo informen al Congreso del Estado.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, explicó que apenas hace unos días recibieron la propuesta de la gobernadora, pero todavía no inicia el análisis de los perfiles.
“Apenas acaba de llegar esa documentación hace unos días, se está procesando”, expresó, “de servicios parlamentarios pasará a la comisión de gobernación”.
Si alguno de los que conforma la terna no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Atención a Víctimas y se cuenta con evidencia de ello, pidió a los colectivos, a las asociaciones o a cualquier ciudadano que la envíe al congreso.
“Estos procedimientos son públicos, precisamente para que, si alguien tiene una opinión qué emitir, pues lo haga y si alguien tiene una información, versión, opinión, que la haga llegar al Congreso de inmediato”.
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Todavía no puede asegurar que van a devolver la terna al Ejecutivo Estatal, pues dijo que primero deben revisar si hay alguien que cumpla con los requisitos, lo que abriría una nueva etapa de análisis.
De acuerdo a distintos colectivos, en la terna que fue enviada al Congreso del Estado hay dos funcionarios públicos. A María Alejandra Basaldúa Ayala, quien es la primera propuesta, la conocen porque es la actual encargada de atención a víctimas en Tijuana.
En tanto que Manuel González Millán, es médico adscrito al Servicio Médico Forense (Semefo).
A la tercera propuesta, Arely Lourdes Vera Lizárraga, no la encontraron en ninguna nómina gubernamental.
“Vamos a analizar los perfiles, por eso les digo que hagan llegar su información”, reiteró Molina García.
La Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California, en el artículo 85 enumera los requisitos para ocupar la titularidad de la comisión ejecutiva estatal de Atención Integral a Víctimas, entre ellos tener más de 30 años de edad, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o haber sido inhabilitado como servidor público y contar con título profesional.
En la fracción V es muy claro el párrafo que establece como condición “no haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación”.
La coordinadora del colectivo Una Nación Buscándote, Angélica Ramírez, declaró que la terna “es mañosamente manipulada, puesta por el gobierno”, pues pasaron por alto el requisito de no postular a servidores públicos.
Dijo que ese articulado era la esperanza que tenían las víctimas de ser escuchadas, pues si se designara a un ex funcionario no tendrían la confianza para hablar sobre las injusticias y atropellos cometidos por el propio gobierno.
En total se registraron 15 aspirantes, de los cuales el gobierno estatal seleccionó a tres, cuyos perfiles ya están en manos del Poder Legislativo.
