Tijuana.- A la propuesta de municipalizar la Zona Este y denominarla Nueva Tijuana, presentada por la diputada Araceli Geraldo, le falta un largo trecho por recorrer, pues primero se tendría que crear una comisión especial para analizar si es viable.
Si no se desecha la solicitud, el siguiente paso sería convocar a una consulta pública, en la que solo podrán participar los habitantes de la zona que se prevé municipalizar, no todo Tijuana, aclaró el diputado Juan Manuel Molina García.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación comentó que por ley, es el mismo procedimiento que se sigue cuando se trata de iniciativas de municipalización, como ocurrió con San Quintín y San Felipe recientemente.
“Tendría que crearse una comisión especial, tiene que hacerse el estudio de factibilidad socioeconómico, el planteamiento expreso de la demarcación y finalmente si todos estos procedimientos salieran adelante, se llegaría a la fase de la consulta o plebiscito”, explicó.
De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Régimen Municipal, si la consulta arroja un resultado a favor de la separación, los Ayuntamientos afectados tendrán oportunidad de dar su opinión fundada al Congreso del Estado.
Una vez agotado el procedimiento, el dictamen sería votado en el pleno.
Señaló que ha habido pronunciamientos en contra, pero que se basan en lo que marca la ley anterior y por lo tanto son erróneos.
Por ejemplo, aclaró que la diputada Araceli Geraldo está en todo su derecho de presentar la iniciativa.
“Nos llegó un planteamiento de abogados inclusive de Tijuana, que están citándonos una ley que ya fue reformada, porque ellos dicen que el proceso solo puede iniciar a petición de la ciudadanía y no es así”, expresó, “también está la facultad de los diputados, del Gobierno del Estado o de un municipio inclusive, para que puedan iniciar el proceso en el congreso”.
Molina García aclaró que no pueden emitir un dictamen y votarlo en el pleno como si se tratara de cualquier tema, sin antes haber agotado todo el procedimiento.
“Quien lo esté diciendo así está incurriendo en faltas a la verdad, porque no se puede llegar a una municipalización sin haber pasado por un plebiscito en donde se consulte a la ciudadanía”.
Para poder participar en dicha consulta, se requiere tener domicilio en la zona que se propone municipalizar, por lo que el resto de Tijuana no tendría voto.
“La ley dice que se hace el plebiscito en la demarcación propuesta a municipalizar”, expresó, “pongo como ejemplo si vas a hacer una modificación en tu casa, pues consultas a los moradores de la casa, sin afectar los derechos de tus vecinos”.
El legislador morenista recalcó que quienes viven fuera de esa demarcación pueden tener la tranquilidad de que el resultado no les afectaría, porque van a seguir recibiendo los servicios públicos en la misma medida, “no pierden sus recursos, ni sus fondos federales”.
De acuerdo a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, la información que tienen es que la Zona Este no es autosustentable económicamente.
“Esta zona no es sustentable y como principio y como requisito para una división se requiere que sea autosustentable”.
Además, aseguró que en las reuniones que ha sostenido con organismos ciudadanos, empresariales y de profesionistas, existe rechazo a la propuesta de municipalizar la Zona Este.
“Yo lo que escucho de los ciudadanos es que no quieren que se divida Tijuana”, expresó, “respetamos lo que los congresistas hagan, sin embargo yo estoy tratando en mi función de hacerles oír el grito común de los ciudadanos que yo me encuentro en las calles”.
En sesión del Congreso del Estado celebrada el pasado nueve de diciembre, la diputada emanada de Morena, Araceli Geraldo, presentó la iniciativa de reforma al artículo 26 de la Ley de Régimen Municipal de Baja California, para crear el octavo municipio, Nueva Tijuana, que comprende las delegaciones La Presa, La Presa Este y una parte de Otay-Centenario y de la subdelegación de Los Pinos.
Aseguró que los habitantes de esas delegaciones le manifestaron en campaña la necesidad de contar con “el suministro de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica” y certeza en la tenencia de la tierra, pese a que estos servicios no los provee el Ayuntamiento.
