El empresario Carlos Alberto Guerrero Villanueva, quien fuera uno de los principales proveedores gubernamentales en el sexenio de Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid, se declaró culpable ante un juez federal en Estados Unidos de vender equipo de espionaje al gobierno de Baja California que tenía como objetivo intervenir celulares y comunicaciones electrónicas con fines políticos.
Por medio de su empresa, Elite by Carga, Guerrero Villanueva presentó a representantes de Hacking Team con funcionarios de primer nivel del gobierno de ‘Kiko’ Vega, como Antonio Valladolid Rodríguez, entonces secretario de Planeación y Finanzas en el año 2014.
Junto a Antonio Valladolid, también hay registro de la intervención de Óscar Germán Sánchez González en las reuniones con personal de Hacking Team, quien fue secretario particular de Valladolid y es mejor conocido por su apodo “El Cuchillo”.
A pesar de que no está facultada legalmente para ello, la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuando Valladolid Rodríguez estuvo al frente de la dependencia estatal, adquirió este equipo de espionaje.
En julio de 2015, la compañía italiana Hacking Team quedó expuesta cuando sus servidores fueron hackeados y se publicaron en internet decenas de archivos con correos electrónicos, facturas y más documentos que demostraban las compras efectuadas por gobiernos alrededor del mundo.
Baja California fue uno de estos. Pagó millones de pesos a cambio del equipo que prometía intervenir comunicaciones de teléfonos celulares Android, iPhone y Blackberry.
En Baja California, Carlos Alberto Guerrero Villanueva era el representante de Hacking Team para vender, distribuir e instalar el programa Galileo, el cual intervenía comunicaciones de teléfonos celulares como llamadas, mensajes de texto e incluso chats de WhatsApp, correos electrónicos y nubes de almacenamiento.
En julio de 2015, Inés García Ramos e Isaí Lara Bermúdez, cofundadores de PUNTO NORTE, expusieron los nexos entre el gobierno de Kiko Vega, sus funcionarios, la empresa Elite by Carga, Carlos Guerrero y Hacking Team por medio del reportaje titulado El Gobernador de BC, también metido en espionaje a medios y opositores con Hacking Team
En su momento, el gobierno de ‘Kiko’ Vega ofreció una conferencia de prensa para negar lo que por medio de documentos quedaba probado, cómo el equipo había sido adquirido por su gobierno y no para fines de seguridad pública, sino para intervenir las comunicaciones de políticos.
En más de una ocasión, el panista insistió en no tener relación alguna con Elite by Carga ni el equipo de espionaje.
Incluso, la propia empresa Elite by Carga mintió cuando negó, por medio de un comunicado de prensa, ser intermediaria entre Hacking Team y el gobierno estatal para proveer este equipo de espionaje.
Sin embargo, ayer martes 15 de febrero, Carlos Alberto Guerrero Villanueva admitió lo que el reportaje reveló y se declaró culpable de una serie de delitos relacionados con espionaje de telecomunicaciones y también de haber vendido este equipo al gobierno de Baja California, entre los años 2014 y 2017.
PUNTO NORTE tuvo acceso a los documentos presentados ante la Corte, en los cuales el empresario admite que “por medio de Elite by Carga, obtuvo comisiones negociando la venta de los equipos de intervención de Compañía A (Hacking Team) a los gobiernos estatales de Baja (California) y Durango”.
No solo eso, sino que “para facilitar las ventas, el acusado (Guerrero) repetidamente organizó a los empleados de Elite by Carga para trasladar a los representantes de la Compañía A (Hacking Team), así como los dispositivos (de espionaje) entre San Diego y México“.
La investigación que en México no prosperó, pero en Estados Unidos sí
Tras el reportaje en mención, se interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigara no solo a los funcionarios por la adquisición ilegal de este equipo de espionaje, también al empresario Carlos Guerrero por ser el intermediario entre Hacking Team y el gobierno.
La denuncia no solo quedó archivada, sino que Elite by Carga continuó obteniendo contratos con el gobierno de ‘Kiko’ Vega y de Tijuana con Juan Manuel Gastélum ‘El Patas‘ (2016-2019), de Arturo González Cruz (2019-2021) y otros políticos, principalmente panistas, con quienes Guerrero siempre presumió cercanía.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Departamento de Justicia iniciaron su propia investigación.
Según la acusación, Carlos Guerrero y su colaborador Daniel Moreno -ambos mencionados en el reportaje publicado en 2015- continuaron con estas actividades ilícitas, por lo menos, hasta junio de 2017.
A ambos se les acusa de conspiración para cometer intervención de comunicaciones telefónicas y electrónicas, así como la venta de dispositivos de intervención, ambos delitos federales.
En audiencia ante el juez magistrado Michael S. Berg y con un perito traductor que le explicó en español lo que se decía, Guerrero admitió ser culpable de los dos delitos que se le imputan.
Representado por su abogado Pedro Bernal, el empresario se apersonó en la sala 2C de la Corte del Distrito Sur de California, minutos después de la 1:30 de la tarde del martes 15 de febrero.
Documentos obtenidos por PUNTO NORTE indican que el juez permitió al empresario continuar en libertad y se le citó para su próxima audiencia, en la cual se le dictará sentencia, no sin que antes se le tomaran huellas digitales, y se le informara que no puede ingresar a México en tanto continúa el proceso penal, pero no se le fijara fianza.
Políticos y adversarios comerciales espiados
La participación de Carlos Guerrero y Daniel Moreno en actividades de espionaje quedó documentada por el gobierno de Estados Unidos casi un año antes de que Hacking Team fuera hackeado.
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de California, el 7 de agosto de 2014, Guerrero y Moreno, por separado, ingresaron a Estados Unidos por la garita de San Ysidro para reunirse con representantes de la empresa en un hotel de San Diego para hablar sobre el equipo de vigilancia que la compañía ofrecía.
Precisamente en una de los correos electrónicos de Hacking Team que fueron filtrados en 2015, se detalla que, en 2014, personal de la empresa viajó desde Italia a San Diego, California para capacitar a los usuarios del gobierno del Estado de Baja California. De ahí, cruzaron la frontera y viajaron a Tijuana y Mexicali.
Mientras que en diciembre de 2015, meses después de la publicación del reportaje y de que, por medio de un comunicado de prensa, negara su relación con Hacking Team, Carlos Alberto Guerrero Villanueva “facilitó la intervención de las llamadas telefónicas de un competidor del negocio cuando se encontraba en el sur de California”.
Mientras que “en 2016 y 2017, Guerrero y Moreno organizaron exitosamente que clientes en Estados Unidos y México obtuvieran acceso no autorizado a comunicaciones vía teléfonos celular y comunicaciones electrónicas de cuentas ubicadas en Estados Unidos“.
En el documento donde admite su culpabilidad, Guerrero relata que es “dueño de un consorcio de compañías en Estados Unidos y México, que incluye Elite by Carga”.
De igual forma, que antes de agosto de 2014 -fecha en que Estados Unidos inició su investigación-, Guerrero acordó con una o más personas la venta, distribución y uso de dispositivos cuyo principal uso y diseño era intervenir clandestinamente las comunicaciones telefónicas, electrónicas y almacenadas.
Sobre los productos de Hacking Team que Guerrero y Moreno vendieron, el documento explica que la empresa italiana también ofreció la geolocalización de “los objetivos del hackeo”.
Los representantes de Hacking Team incluso mostraron estos dispositivos a Guerrero y Moreno en una reunión sostenida en San Diego.
“Luego de la reunión, el acusado (Guerrero) y Moreno acordaron que Elite by Carga se convertiría en el representante de ventas en México para la Compañía A (Hacking Team)”, señala el documento presentado ante la Corte.
En específico, Guerrero admitió que “entendía que el equipo de espionaje de la Compañía A (Hacking Team) vendido a sus clientes mexicanos podía y, era lo más probable, ser usado para fines políticos, no solo para propósitos de procuración de justicia”.
¿Cómo lo sabía? Porque el propio Guerrero admitió que él mismo “se encargó de que el alcalde de una ciudad en el estado mexicano de Morelos obtuviera acceso no autorizado a las cuentas de Twitter, Hotmail y iCloud de un rival político que se encontraba en Estados Unidos”.
Pero los equipos no solo eran utilizados por los gobiernos, sino que, en diciembre de 2015, Guerrero y Moreno intervinieron las llamadas telefónicas de un empresario que era la competencia directa de Guerrero mientras se encontraba en México y el sur de California.
De igual forma, Guerrero aceptó que además de trabajar con Hacking Team, le ordenó a Moreno “desarrollar relaciones con otros vendedores internacionales que, como la Compañía A (Hackign Team), vendieron dispositivos de intervención y servicios de hackeo”.
No solo eso, sino que a través de estos contactos, Carlos Guerrero y Daniel Moreno “comercializaron los dispositivos y servicios de otros proveedores a clientes en México y Estados Unidos”.
Esto mientras “Elite by Carga promocionó una cuota mensual de alrededor de 25 mil dólares para que sus clientes tuviesen acceso a estos dispositivos y servicios”.
Por medio de Elite by Carga, Guerrero importó equipo de espionaje desde Italia, Israel y otros países para comercializarlo.
Entre los servicios y aparatos que ofrecían estaban inhibidores de señal, herramientas para intervenir WiFi, ‘antenas falsas’ que simulan una torre de celular para así interceptar comunicaciones y la habilidad de hackear mensajes de WhatsApp, además de la geolocalización de celulares.
No solo esto, sino que en febrero de 2017, uno o más empleados de Elite by Carga aceptaron hackear el teléfono celular y cuenta de correo de un representante de ventas de una empresa mexicana.
El blanco del hackeo se encontraba en Florida cuando sus comunicaciones fueron hackeadas.
Por este servicio en particular, Elite by Carga recibió un pago de 25 mil dólares, equivalentes a más de medio millón de pesos.
Regresar medio millón de pesos a Estados Unidos y hasta cinco años de prisión
En su acuerdo de admisión de culpabilidad, Carlos Alberto Guerrero Villanueva es informado que la pena máxima que se le podría imponer es de cinco años en prisión, además de una multa de hasta 250 mil dólares, esto es más de cinco millones de pesos.
Independientemente de esta sanción, el propietario de Elite by Carga admite hacer una devolución o entrega de 25 mil dólares, másd e 500 mil pesos, al gobierno de Estados Unidos, el pago que recibió su gobierno por hackear al representante de ventas en febrero de 2017.
Esta cantidad deberá ser depositada por medio de un cheque a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en el cual debe aparecer no solo el nombre de Carlos Guerrero, sino su número de caso penal y especificar que se trata de un pago como parte de una entrega estipulada en su admisión de culpabilidad.
Entre los archivos de Hacking Team difundidos en julio de 2015, destacan varias facturas de Elite by Carga, una emitida el 24 de noviembre de 2014 por un monto de 213 mil 331 euros, equivalentes hoy a 4.9 millones de pesos.
Las mentiras de Elite by Carga
En julio de 2015, el consejo directivo de Elite by Carga aseguró en un comunicado de prensa que “Elite By Carga, S.A. de C.V. aclara que no ha vendido al Gobierno del Estado de Baja California, ningún aparato o equipo relacionado con los productos que ofrece la empresa Hacking Team“.
Elite by Carga fue constuida legalmente el 6 de abril de 2010 con Carlos Alberto Guerrero Villanueva y Gabriel Martín Cuevas como socios igualitarios.
Sus principales clientes son gobiernos municipales y estatales, no solo en Baja California, también en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Guanajuato.
Desde uniformes para policías y equipo táctico hasta patrullas y vehículos blindados es lo que públicamente la empresa vende.
Hoy se sabe que entre sus servicios, también ofrecían actividades fuera de la ley, como es el espionaje.
Elite by Carga forma parte del consorcio Grupo Armor, también conformado por Carga Security y Blindado Seguro.
“No hay ningún contrato, no hay ninguna relación comercial con la empresa hacker y demás, ya lo revisamos y lo revisamos bien ante la Secretaría de Finanzas. También le solicité al contralor que hiciera una revisión muy minuciosa de todos los contratos que tenemos, sobre todo en esta administración”, dijo el entonces gobernador ‘Kiko’ Vega cuando se le cuestionó sobre la contratación de Hacking Team.
Como se expuso en el reportaje de 2015, el gobierno de Baja California intentó dejar fuera de los registros públicos a Hacking Team, pues sobre la compañía ya pesaban acusaciones de espiar a políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.
Hoy, gracias a la admisión de culpabilidad de Carlos Alberto Guerrero Villanueva, se sabe que él era el intermediario entre la empresa y el gobierno de Baja California.
Tal y como lo señalaban, desde 2015, varias de las comunicaciones de la empresa italiana quedó constancia de diversas reuniones como la siguiente:
“La reunión fue el martes 14 [agosto de 2014] y asistimos: Cliente: Misael (usuario), Óscar (jefe de Misael), Antonio Valladolid (Secretario / Director del departamento). Él estaba dirigiendo la reunión. De Elite Tactical: Carlos Guerrero (Propietario), Víctor Gallardo (Manager), Daniel Moreno (Director)”.
En este caso Óscar es Óscar Germán Sánchez González, quien fuera secretario privado de Valladolid y Misael era su subordinado.
En otra de las comunicaciones entre Hacking Team y la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, con fecha del 1 de julio de 2015, se pedía a la empresa de espionaje dirigir una carta a la entonces oficial mayor Loreto Quintero para dejar constancia de que Elite By Carga era la empresa exclusiva para vender el equipo de espionaje.
Loreto Quintero Quintero fue diputada local por el PAN en la pasada Legislatura.
Mientras que en abril de 2017, cuando Estados Unidos continuaba la investigación en contra de Carlos Guerrero, Valladolid presentó su renuncia como secretario de Planeación y Finanzas.
Desde entonces, no ha tenido cargo público.
De acuerdo a registros públicos, con la llegada de Jaime Bonilla Valdez al gobierno de Baja California, en 2019, se terminaron los contratos de la administración estatal con Elite by Carga.
La empresa optó el último par de años por conseguir contratos públicos con los gobiernos de Chihuahua y Baja California Sur, principalmente.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
