Un grupo de ex funcionarios y abogados del gobierno de Baja California y del Ayuntamiento de Tijuana se auto otorgaron contratos millonarios mediante empresas de reciente creación y vinculadas a transportistas como Gabriel Lemus, las cuales están conformadas por operadores y socios del ex director del IMOS, Rafael Echegollen; su entonces subdirector, Alberto Castruita, así como el ex titular del SITT, José Alonso López Sepúlveda y varios de sus directivos
Al menos tres contratos que tenían como objetivo implementar las nuevas medidas con las que el gobierno del Estado buscaba regularizar el transporte público en Baja California fueron entregados a una sola empresa fundada días antes de ser beneficiada.
La empresa creada al vapor se encuentra integrada por los mismos ex funcionarios que en aquellas fechas estaban a cargo y colaboraban oficialmente en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y del Sistema Integral de Transporte Tijuana (SITT).
Alguna de la información publicada en este reportaje es parte de una investigación interna en diversas dependencias del Estado y la cual está en proceso para ser presentada como denuncia penal, así como ante la Secretaría de Honestidad y la Función Pública.
Taxímetro
El 17 de diciembre de 2020, el IMOS entregó por medio de un contrato a IDG Tecnovaciones S.A de C.V., la responsabilidad de la implementación del sistema de taxímetro digital, una plataforma (similar a Uber) diseñada para taxis libres, la cual mediría los costos, tiempos y servicios de manera obligatoria, dicha medida fue incluida en la nueva Ley de Movilidad Sustentable (art. 178 y 179).
Al momento de la firma, la empresa tenía solo un mes y medio de ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California, esto con fecha del 2 de noviembre, y a dos días de que la Junta de Gobierno del IMOS -encabezada por el entonces secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez- aprobara la Norma Técnica que regulaba la implementación del Taxímetro Digital.
IDG Tecnovaciones S.A de C.V está integrada por dos socios, de acuerdo a su acta constitutiva, uno es una persona física de nombre Ignacio Gerardo Sosa Sánchez (65%) y una personal moral denominada IDG Tecnologías S.A de C.V. (35%).
Esta segunda empresa, a su vez, tiene como socios accionistas a Pascual Francisco Flores Godínez y a Ernesto Mila García, este último un desarrollador de aplicaciones móviles y quien en 2016 había presentado en Tijuana una app de gestión de viajes en taxis.
La aplicación digital se comercializa bajo el nombre de TaDi, la cual puede descargarse a los dispositivos móviles para usuarios y choferes de los taxis.
En los reportes internos de IMOS, Pascual Flores Godínez está identificado como prestanombres de José Antonio López Sepúlveda, quien fungió en la pasada administración como director del SITT.
Ex director y sub director del IMOS también en el negocio
Actualmente, el gobierno del Estado congeló los servicios que IDG obtuvo por medio de aquellos contratos, por ejemplo, la implementación de la aplicación de taxímetro digital TaDi se encuentra suspendida.
La app TaDi se promociona en la ciudad por medio de anuncios o vallas irregulares en las estaciones a abandonadas y vandalizadas del SITT a través de la empresa llamada Signtec SA de CV.
Dicha empresa, al ser consultada en el Registro Público de la Propiedad, arroja como sus socios y accionistas a Rafael Echegollen (fallecido en diciembre de 2021) y a Alberto Castruita, ex director y sub director del IMOS en la pasada administración.
¿Accionistas?
Ignacio Gerardo Sosa Sánchez, el socio de IDG Tecnovaciones, aparece en un reporte interno de IMOS como “prestanombres” y operador de Juan Gabriel Lemus Torres, ex director municipal de Transporte Público en el anterior ayuntamiento, y presidente del Frente Metropolitano del Transporte BC que aglutina diversos empresarios transportistas.
Ignacio Gerardo Sosa Sánchez, el socio mayoritario de IDG, además aparece como “gerente general” de dos empresas (Vanguardia en Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones S de L.R de C.V. y Visión Creativa Tijuanenses S. de R.L de C.V.) que obtuvieron concesiones en materia de transporte público, vinculadas igualmente a Lemus, cuyo propietario es uno socio en otras sociedades.
Las empresas Vanguardia en Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones, así como Visión Creativa Tijuanense fueron empresas gestionadas administrativamente en IMOS por Iván Fernández Puentes, actual coordinador de recursos materiales del Instituto y ex coordinador de proyecto en la Dirección Municipal de Transporte Público, cuando Lemus estuvo a cargo, además de ser su socio en otra empresa transportista.
PUNTO NORTE tuvo acceso al acta constitutiva de la empresa Visión Creativa Tijuanense, en la cual Ignacio Gerardo Sosa Sánchez también fue apoderado legal, y la cual se conformó el 2 de septiembre de 2019 con el transportista Alberto Cano Espinoza como uno de los propietarios.
Alberto Cano Espinoza, a su vez, es socio de Juan Gabriel Lemus Torres, en la compañía denominada Mexfron Tours, creada el 19 de marzo de 2021 y dedicada a ofrecer recorridos turísticos desde Tijuana.
Es en esta empresa también donde Iván Fernández Puentes, el funcionario de IMOS, aparece como socio.
De asistente del director del SITT a “comisario” de la empresa
Cuando la empresa IDG Tecnovaciones fue creada en 2020, semanas antes de ser beneficiada por varios contratos, los supuestos accionistas colocaron como su “comisario” (vigilante de las buenas prácticas de la empresa) a Jesús Ulises Molinarez, quien era “asistente” y chofer del entonces director estatal del SITT, José Alonso López Sepúlveda.
De acuerdo a documentos oficiales, el asistente del ex funcionario se encontraba en la nómina del Estado hasta finales de 2021.
El “comisario” de IDG Tecnovaciones, según información obtenida de la Unidad de Transparencia, además se desempeñó en 2016 como “asesor jurídico” de Alonso López Sepúlveda, en 2016, cuando este fungía también como director del SITT, pero en el gobierno municipal de Tijuana.
Contratados por IMOS y también por la “empresa”
En esta red de conflicto de intereses, prestanombres, vínculos entre funcionarios y empresas fantasma hay dos piezas más: Adrián Alberto Cotter Ayub y Luis Antonio Liera Rochín, participantes en la empresa beneficiada por el IMOS en 2020 y 2021 con los contratos.
El 15 de abril de 2020, cuatro meses antes de que se protocolizara la empresa IDG Tecnovaciones, Adrián Cotter y Luis Antonio Liera fueron contratados por el IMOS para “coordinar, organizar, conducir y vigilar los asuntos relacionados con el transporte público”, por lo que se acordó un pago para cada uno, de acuerdo a los contratos de ambos, los cuales están en poder de PUNTO NORTE.
Estas personas, de estar contratadas para vigilar los asuntos del transporte público actualmente son parte de la empresa IDG que obtuvo los contratos, Cotter como “comisario” que sustituyó Jesús Ulises en junio de 2021 y Liera como “gerente administrativo”.
Simultáneamente, Cotter Ayub aparece en la nómina del ayuntamiento publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia como “secretario particular” de la delegada municipal de San Antonio de los Buenos, Marisol Edith Toscano Díaz.
Por su parte, Luis Antonio Liera Rochín se desempeñó como jefe del Departamento de Informática en 2016 en el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, cuando Alonso López era el director del SITT municipal.
Este reportaje fue editado en su versión original en el párrafo donde se dijo que “Actualmente (con información validada al 27 de enero de 2022), Jesús Ulises es coordinador de la Consejería Jurídica de la Sindicatura de Tijuana que titula Rafael Leyva Pérez”.
Sin embargo, Sindicatura precisó que esta persona no desempeñaba cargo alguno dentro de la oficina. La primera versión se obtuvo del sistema de Transparencia consultado por PUNTO NORTE, en donde se detalla el cargo, la fecha de actualización y de validación, entre otros datos como se muestra en la imagen.
