Congreso autoriza compra de 1,174 millones de pesos en cámaras de seguridad al gobierno de BC

El proyecto estará conectado al C4. Foto: Archivo (Alejandro Gutiérrez)

Mexicali.- El Congreso del Estado aprobó el decreto que autoriza un contrato de servicio plurianual para el sistema estatal de videovigilancia en Baja California, presentado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por un monto máximo de mil 174 millones 797 mil 908 pesos, a devengarse a partir de este año y hasta el año 2027.

Bajo el nombre “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Baja California”, la iniciativa de decreto que autoriza la celebración de un contrato de servicio plurianual fue enviada el 6 de abril de 2022 por el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez, al Congreso del Estado.

El proyecto quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad, encabezada por el general Gilberto Landeros. Foto: Archivo (Víctor Medina)

A su vez, la Comisión de Hacienda y Presupuesto sesionó el 5 de mayo para discutir la iniciativa bajo el dictamen 85, el cual aprobó y dio paso a que el jueves 12 de mayo fuera presentado al Pleno del Congreso bajo la lectura de la presidenta de la Mesa Directiva y de la misma Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julia Andrea González Quiroz.

El proyecto fue aprobado en sesión ordinaria con 22 votos a favor y un solo voto en contra, el del diputado Marco Antonio Blásquez Salinas.

Aunque se propusieron dos reservas en materia de transparencia y participación ciudadana, una por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y otra por la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, ninguna fue aprobada.

Desde su campaña en el año 2021, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda adelantó que una de sus propuestas era la instalación de 10 mil videocámaras de seguridad en toda la entidad, particularmente en las colonias populares y zonas de alta incidencia delictiva, acompañados de alarmas vecinales y botones de pánico.

El diputado Marco Antonio Blásquez fue el único voto en contra. Foto: Archivo (Víctor Medina)

Un día después de que prácticamente todos los partidos que componen el Congreso -pues no estaban presentes las diputadas del Partido Encuentro Solidario (PESBC)-, la gobernadora defendió que el contrato representa un ahorro del 35% pues se conectaría con el sistema ya existente y no se iniciaría de cero.

“Es un proyecto muy bien elaborado, no genera deuda, no vamos a generar deuda a las siguientes administraciones, al contrario, la vamos a pagar durante mi gobierno, pero además nos dan 17 meses de plazo para empezar a pagar lo que corresponde, lo cual nos ayuda estratégicamente a generar los recursos, la suficiencia que ya tenemos de manera financiera para hacer los pagos”, apuntó.

Y aseguró “Baja California va a contar con uno de los mejores sistemas de seguridad a nivel nacional, con una tecnología de punta, calidad de primer nivel, que nos va a ayudar a reducir la incidencia delictiva y la impunidad”.

El proyecto, en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, explica que una primera fase se implementará en el periodo 2022-2023, durante la cual se instalarán “Puntos de Monitoreo Inteligente (PMIs) para cámaras de videovigilancia urbana (tipo fijas y tipo PTZ de rotación periférica”.

Molina defendió el decreto. Foto: Archivo (Víctor Medina)

En esta misma etapa, señala el documento, “se implementarán nuevas posiciones y se pretenderán actualizar los existentes tipo Arcos Carreteros, con cámaras especializadas para lectura de placas vehiculares y antenas de lectura del Registro Público Vehicular (REPUVE)”.

Mientras que la segunda etapa del proyecto, a desarrollarse del 2023 al 2027, tiene contemplada “la implementación de programas especializados de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de actualización tecnológica que contribuya a conservarlos permanentemente en condiciones óptimas de operación”, durante el periodo referido”.

El proyecto también incluye servidores de procesamiento, almacenamiento e infraestructura complementaria para la visualización de imágenes en los centros de control y mando, considerándose llevar a cabo la renovación y/o modernización del equipamiento de la red de transporte de datos y seguridad”.

Esto con los fines de vigilar sucesos por medio de las cámaras y transmitir la información al personal de campo, realizar revisiones periódicas con las cámaras a fin de localizar anomalías y comunicarlas a las autoridades competentes, manejo de eventos de emergencias para mantener contacto visual con el evento y confirmar incidentes de emergencias a través de las cámaras de videovigilancia del C4.

La gobernadora aseguró que el proyecto representa un ahorro en comparación a otras propuestas. Foto: Archivo (Víctor Medina)

El monto máximo a devengarse hasta el año 2027 es de mil 174 millones 797 mil 908 pesos, dividido en cuatro pagos de 239 millones 754 mil 675 pesos, cada uno, para los años 2023, 2024, 2025 y 2026.

Para el año 2027, se realizaría un pago final de 215 millones 779 mil 208 pesos.

“No hay un catálogo de las cámaras, soportes, consolas o servidores para administrarlas, tampoco se especifica si se van a necesitar licencias de software o de seguridad, no se desglosa el mantenimiento”, opinó el diputado Blásquez Salinas durante la votación.

Como es costumbre, el diputado de Morena, Juan Manuel Molina, le reviró al asegurar que el decreto “no es un asunto menor, es un asunto que reviste una necesidad y una exigencia de parte de los ciudadanos y de las ciudadanas del estado, que es un tema de proporcionarles por todos los medios posibles, seguridad ciudadana (…) nadie, ningún ciudadano o ciudadana, de las colonias, empresarios, comerciantes, pueden estar en contra de que haya videovigilancia”.

La diputada Daylin García también pidió la participación de diputados, testigos sociales y organismos civiles en los proceso de contratación y adquisición. Foto: Archivo (Cortesía)

Votaron a favor los diputados del PAN, Alejandrina Corral, Diego Echevarría y Amintha Briseño, el diputado priista Román Cota, la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylin García, el diputado del Partido Verde, Adrián González, así como los diputados del Partido del Trabajo, Claudia Agatón y Julio César Vázquez, al igual que el diputado independiente, Miguel Peña.

Estos votos se sumaron a los 13 de Morena: Michel Sánchez, Rocío Adame, Araceli Gerado, Juan Manuel Molina, Dunnia Murillo, Gloria Miramontes, Víctor Navarro, Sergio Moctezuma, Alejandra Ang, Julia González, Manuel Guerrero, Evelyn Sánchez y Ramón Vázquez.

Tanto las reservas del PAN como de la diputada Daylin García buscaban involucrar a más actores en los procesos de licitación, contratación, compra y adquisición, por ejemplo a los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, así como a los legisladores que integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado para informar de los avances del proyecto.

Las reservas obtuvieron el voto en contra de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, por lo que no se aprobaron.

Una de las imágenes captadas por los actuales actos lectores. Foto: Archivo (Cortesía)

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylin García, dijo al momento de presentar su reserva “no se vale votar algo que no podamos darle forma de explicarle a la gente allá afuera, de que esto ahora sí se va a hacer bien”.

Sin embargo, Blásquez Salinas cuestionó a los diputados que apoyaron las reservas “cuál sería el propósito de hacer estos señalamientos a la estructura, a la mecánica de la decisión, si votaron a favor el dictamen”.

El contrato aprobado por el Congreso del Estado deberá formalizarse en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, por un periodo o plazo de hasta 66 meses contados a partir de la firma del contrato, y su vigencia no podrá exceder el 31 de octubre de 2027, al igual que deberá celebrarse no después del 31 de diciembre de 2022.

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Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.