Rosarito.- La Auditoría Superior del Estado de Baja California detectó malos manejos e irregularidades en los ingresos y gastos de los más de 15 millones de pesos que ejerció el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el gobierno de Rosarito que titula Araceli Brown Figueredo durante el 2020.
Entre los hallazgos, la Auditoría documentó una larga lista de inconsistencias en más de dos millones de pesos que el DIF reportó como “donaciones en efectivo”, así como cientos de miles de pesos gastados sin poder comprobar con evidencia en qué se gastaron.
Además de un sin número de deficiencias en controles fiscales, patrimoniales, de gastos y de ingresos, violando en reiteradas ocasiones diversas leyes y reglamentos de la administración pública.
Lo anterior está contenido en el informe anual realizado por la auditoría y cuyos resultados fueron plasmados en el Dictamen número 98 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la Cámara de Diputados de Baja California.
La larga lista de irregularidades detectadas durante el año 2020, provocó que los diputados locales negaran la cuenta pública de la paramunicipal que dirigió durante ese año Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, actual regidora por Morena, apodada por ella misma como “Teffy” Esquivel.
La Auditoría encontró que, durante el año fiscalizado, el DIF de Rosarito gastó 15 millones 718 mil 919 pesos para su operación, recursos que no pudieron ser comprobados por completo.
De hecho, la fiscalización del Poder Legislativo advierte que el DIF solamente tuvo un ingreso documentado de 13 millones 805 mil pesos, contrario a los más de 15 millones que egresó, por lo que no mantuvo un equilibrio presupuestal.
De sus 15 millones de pesos gastados, el DIF erogó más de 10 millones 400 mil pesos en “servicios personales”.
Los malos manejos en el DIF Brown
La entidad fiscalizada durante el primer año de la alcaldesa Araceli Brown reportó que tuvo ingresos por 1 millón 162 mil 513 pesos, mismos que reportó (de manera irregular) como “ayudas sociales”, los cuales recibió en efectivo y en especie, así como en eventos de recaudación por parte del patronato.
La Auditoría detalla que esos recursos debieron registrarse de manera diferente.
Además, el DIF reportó que recibió de “una persona moral” 750 mil pesos en efectivo “para la compra de despensas”. Y presentó póliza y factura de ese ingreso. Sin embargo, la auditoría en el sistema bancario del supuesto donativo concluye que en realidad “no cuenta con documentación justificativa que compruebe la operación”, toda vez que tampoco existió “convenio ni soporte del destino del monto recibido”.
Asimismo, el DIF reportó que obtuvo un donativo en especie de otra “persona moral” por 249 mil 217 pesos de pintura, pero nuevamente “no proporcionó evidencia documental por un monto de 131 mil 703”, los cuales fueron reconocidos como “ingresos propios”.
Incluso, en un evento denominado “Velada entre Amigos” organizado por el patronato DIF para recaudar dinero, se encontró que únicamente reportaron 64 mil pesos, pero los recibos de ingresos y la documentación no se encontraba con folios consecutivos. “…no cuenta con controles adecuados que validen sus operaciones”, explica la auditoría.
Ingresos y egresos sin comprobar
El dictamen de la Cámara de Diputados en donde se niega la cuenta pública a la entonces directora Stephanie Celeste Esquivel, detalla una larga lista de anomalías cometidas durante el periodo de la regidora Stephanie Celeste Esquivel.
Incluso hasta en los recaudado por el programa de “Estancia DIF”, guarderías infantiles que opera el ayuntamiento, pues de los 706 mil pesos que el DIF reportó como ingresos, “se observa que no hay evidencia de 48 recibos de ingresos, a un cobro de 575 pesos (cada uno)… estimándose un importe no recaudado de 27 mil 600 pesos”.
Existen varias observaciones de gastos que no se pudo comprobar. Por ejemplo, pagó casi medio millón de pesos (438 mil 251) a personas contratadas como “Honorarios Asimilables a Salarios”.
De lo anterior, la Auditoría tomó una muestra de 163 mil 916 pesos para revisar el gasto, encontrando que, de esa cantidad, 106 mil 912 pesos no existían contratos que justificaran la salida del recurso. Y de 96 mil pesos en el mismo concepto, “no hay evidencia del reporte de actividades que demuestre la ejecución de los trabajos realizados”. Pagos fantasmas.
En cuanto al gasto del DIF en la partida de “servicios generales” por un monto de 934 mil pesos, la auditoría detectó que tomó una muestra de una tercera parte para su revisión, encontrando que “no proporcionaron contratos de prestación de servicios” además de que “no hay evidencia documental por la recepción de los suministros” por la cantidad 298 mil 486 compras fantasma.
Descontrol en presupuesto
El DIF de Araceli Brown Figueredo también modificó su presupuesto de manera ilegal, pues de hacerlo, la ley estipula que debe seguirse un procedimiento, en donde interviene el cabildo y su junta de gobierno.
Sin embargo, el DIF realizó transferencias por medio millón de pesos sin los oficios correspondientes y antes de que fuera sometido en el cabildo.
En realidad, la paramunicipal hizo este tipo de modificaciones en al menos cuatro ocasiones. En otro momento del 2020, transfirió 335 mil pesos, aprobándose esas transferencias hasta marzo del 2021, intentando subsanar las irregularidades.
También modificó sus presupuestos de egreses de manera irregular, redujo partidas sin autorización y aumento lo destinado en “Honorarios Asimilables a Salarios” en donde no cuenta con evidencia de lo contratado y registró como egresos propios de más de 117 mil pesos en “construcción y mantenimiento menor de edificios” donativos que obtuvo.
No cumplió con sus programas
El resumen del informe de fiscalización igualmente documentó que el DIF en manos de la morenista Celeste Esquivel no cumplió de manera correcta siquiera con sus programas que ella misma proyectó a inicios del año.
Del “análisis a la matriz de indicadores para resultados”, detalla la auditoría que de los diez programas de la Entidad, se observa lo siguiente “nueve de diez programas no cumplen con la totalidad de elementos”.
Por ejemplo, de la verificación documental realizada al programa número 25 “Programa de salud y bienestar comunitario” con un presupuesto modificado de 122 mil 758, el DIF “omitió presentar” lo realizado al fin del año.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público presidida por la diputada Alejandra María Ang Hernández concluyó no aprobar la cuenta pública.
Y explicó que “en el marco del Sistema Nacional y Estatal en materia Anticorrupción se encuentra facultada para formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa, denuncias penales y de juicio político”.
