Tijuana.- Los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Adán Augusto López Hernández y Roca Icela Rodríguez Velázquez se llevaron tarea a sus oficinas en Ciudad de México, tras su visita de este miércoles a la frontera.
Seguridad, migración y el abasto de agua en la región fueron los grandes temas expuestos por el empresariado, en la reunión convocada por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tijuana y de la que se desprendieron algunos compromisos.
Por parte de la iniciativa privada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Francisco Rubio Rangel, expresó que en la región Cali-Baja se registran alrededor de 150 millones de cruces fronterizos al año, con una aduana que procesa más de un millón de camiones de exportación también anualmente y que desde 2016, ha recibido a 50 mil personas de distintas caravanas migrantes.
“Otro problema del fenómeno migratorio es que se suben los migrantes a los camiones, son detectados por autoridades norteamericanas y le quitan visas, certificaciones aunque no sea culpa de ellos y se han perdido aproximadamente 8 mil empleos y 2 millones de dólares por esta problemática”, refirió.
En ese sentido, aseguró que el empresariado se ha sumado en generar programas para integrar a la población migrante en la vida económicamente activa, pero urge apoyo para despresurizar las casas de migrantes y facilitar documentos a esta población.
“Requerimos una mesa con SAT, Gobierno de Baja California, municipales, de migración e iniciativa privada para generar un protocolo y se permitan citas rápidas a migrantes y connacionales”, propuso.
En respuesta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que
“No es un asunto fácil” y agregó que en una reunión próxima con autoridades de Estados Unidos, se anunciará la entrega temporal de 300 mil visas temporales de trabajo.
“150 mil van a ser para mexicanos o para quienes están en México esperando la posibilidad de migrar y las otras se van a repartir entre países centroamericanos, eso creo que va a ayudarnos a bajar la tensión”, mencionó López Hernández.
Otra problemática planteada, fue el abastecimiento de agua potable en Baja California, expresada por Orlando Fabiel López Acosta, presidente del CCE en Ensenada.
Ahí, el secretario de Gobernación reconoció que “yo no sé nada del tema”, pero se comprometió a establecer una mesa técnica con la Comisión Nacional del Agua, técnicos especializados y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
“Empecemos entre todos a buscar una solución…,decir que el próximo año vamos a construir una desalinizadora sería mentir, no hay riesgo de que la captación del Río (Colorado) se cierre porque hay un tratado internacional perfectamente definido, pero sí hay un problema de sequía, entonces busquemos soluciones técnicas”, dijo.
Otro gran tema fue el de la inseguridad que apremia en Baja California y en ese rubro, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Roberto Quijano, hizo una serie de peticiones, toda vez que la entidad lidera delitos como robo de vehículo, a comercio, homicidios, narcomenudeo, violencia familiar o robo a casa habitación.
Primero, pidieron detalles sobre la estrategia federal en materia de seguridad en la entidad, mayor coordinación, enfocarse en la prevención de adicciones y la creación de cinco centros de atención a la violencia intrafamiliar.
Al respecto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez destacó acciones como las mesas de seguridad, la creación de la Guardia Nacional, con más de 100 mil elementos en todo el país y 241 cuarteles.
Dio además algunos datos estadísticos: un 26.6% menos en delitos del fuero federal y un 7.8% menos en homicidios dolosos a nivel nacional, en comparación con el máximo histórico del 2018.
En el caso de Baja California, añadió que hay 2 mil 214 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la entidad, además de dos cuarteles instalados y se incrementó el financiamiento federal en un 4% por parte del FASP y del 12% en el FORTAMUN.
Además, se comprometió con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en firmar un convenio para que “haya más recursos para equipamiento e infraestructura”.
“Sabemos que falta mucho por hacer, seguimos trabajando por un paìs en paz, para que las familias de Baja California tengan la tranquilidad que merecen, aquí en Tijuana o Ensenada, han bajado los índices delictivos por las fuerzas de seguridad estatales, de municipios y el Ejército, Marina y Guardia Nacional”, sentenció.
La propuesta en la materia, vino por iniciativa del secretario de Gobernación: sostener una reunión de gabinete de seguridad en máximo tres semanas aquí en Tijuana.
Al final del encuentro entre empresariado y funcionarios federales, el presidente de la CANACO en Tijuana, Julián Palombo Saucedo, dijo que el balance de la reunión fue positiva, en tanto que se plantearon mesas de trabajo para empujar los temas de alarma.
“Era un encuentro que desde hace meses estábamos buscando, ya se dio y con esto, nos da la pauta para considerar que en corto plazo tendremos soluciones a toda esta situación que pasamos en seguridad, lo del agua y el tema migratorio”.
Anticipó que a partir de estos compromisos, “vamos a arrastrar el lápiz y buscar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno”.
A la reunión acudieron los integrantes del gabinete del Gobierno del Estado, regidores, diputados locales, así como presidentes de cámaras empresariales, rectores de instituciones como UABC y CETYS, académicos, empresarias y empresarios de la región.
