Escolta de síndico y su grupo quedan libres: víctima dijo que fue amenazada y les otorgó el perdón

El síndico Rafael Leyva y su escolta Roni Alexander. Foto: Punto Norte

Tijuana.- Roni Alexander, escolta del síndico procurador, Rafael Leyva Pérez, y los cinco hombres con los que fue detenido intentando despojar a una mujer de su casa, fueron liberados por una jueza de control la madrugada de este martes 28 de junio.

Esto durante la audiencia de control de detención que se realizó de manera virtual, en la cual estuvo presente PUNTO NORTE.

La determinación de la juez se dio a pesar de que la Fiscalía General del Estado informó que la víctima les había dicho que estaba siendo amenazada por parte de los abogados de los detenidos.

La mujer estuvo presente durante la audiencia, junto a un asesor jurídico, para pedirle a la juez que dejara en libertad a los acusados.

Si bien, nunca negó los hechos ocurridos la noche del viernes 24 de junio en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Jardines del Rubí, manifestó a la jueza “lo que quiero es que me haga favor de darles el perdón, quiero paz y que Dios bendiga a los muchachos”.

De igual manera, la defensa tampoco negó que los detenidos cometieron el hecho.

El pick-up propiedad del Ayuntamiento

Incluso uno los abogados retomó el relato de la víctima que se incluyó en la carpeta de investigación, en el cual explicó que discutió con el hombre armado (Roni Alexander) porque cuando ella llamó al 911 para reportar los hechos, este intentó irse.

“Usted no me manda”, dijo la mujer que Roxi Alexander le respondió y caminó hasta su pick-up estacionado sobre la calle, donde posteriormente fue detenido por los oficiales.

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Sin embargo, fue el argumento de uno de los abogados, quien refirió que el Código Penal de Baja California establece que “no se ejercitará acción penal si en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituya a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado”.

Con esto, la jueza Karla Violeta Fierro Domínguez, declaró de legal la detención de los seis hombres, pues los oficiales los aprehendieron en la flagrancia del delito que la mujer denunció.

No obstante, determinó que su retención fue ilegal, pues la mujer había manifestado por medio de un escrito a la Fiscalía que ya gozaba de la posesión del inmueble.

La audiencia de la causa penal 4213/2022 inició cerca de las 10:00 de la noche del lunes 27 de junio, con un retraso de cuatro horas, encabezada por la juez de control Karla Violeta Fierro Domínguez.

La juez determinó la inmediata liberación de los seis detenidos. Foto: Punto Norte

Por parte de los seis imputados, se presentaron tres abogados.

Clara Laura Vázquez Enríquez como representante del escolta del síndico, Romi Alexander; Amador Fernández Lobato como defensor de Ricardo y Cristian Alexis, así como Sergio Beas Becerra representando a David Esteban, Alberto y Ernesto.

Mientras que la víctima, una mujer de nombre Ana María, estuvo acompañada del abogado Eric Alberto Salinas Loza como su asesor jurídico.

Y en representación de la Fiscalía General del Estado, estuvieron los agentes del ministerio público, Daniel Fuentes Campa y Claudia Verónica Fonseca Mora, de la Unidad de Investigación con Detenido.

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De manera adelantada, incluso antes de que la Fiscalía narrara los hechos del Informe Policial Homolgado (IPH) para justificar la detención de los hombres, Ana María dijo a la juez que ella les daba el perdón a los seis detenidos.

Esto a pesar de que el despojo es un delito que se persigue por oficio y no se requiere una denuncia o querella.

Sin embargo, la juez Fierro Domínguez le explicó que podría exponer eso en otra etapa de la audiencia y le dio la voz a la ministerio público.

La agente explicó que a las 23:14 horas del viernes 24 de junio, cuatro agentes de la Policía Municipal respondieron a un reporte de radio de una mujer que estaba siendo despojada por ocho hombres armados de un domicilio ubicado en la Calle Manuel Hernández número 8 del fraccionamiento Jardines del Rubí.

El Camaro y el pick-up blanco frente al domicilio el despojo. Foto: Punto Norte

La mujer refirió en su entrevista a los oficiales que el inmueble de dos pisos es un conjunto de departamentos, uno en el que ella vive y siete que renta a inquilinos.

Dijo también que al llegar esa noche, muebles, colchones, ropa y artículos personales habían sido extraídos de departamentos y arrojados al patio.

Ana María dijo a los oficiales que los hombres le habían dicho ser policías ministeriales y que estaban ahí para despojarla de la propiedad, por lo que al ver que algunos estaban armados, llamó al 911.

En su relato, Ana María explicó que cuando llegó esa noche a su casa, sus inquilinos le refirieron que el grupo de hombres los habían sacado a la fuerza y también habían sacado sus pertenencias.

“Ella se dirigió a estas personas y una persona le dijo que no era ella la dueña, se dio cuenta que tenía un arma de fuego, se asustó y llamó al 911 para reportar el hecho que estas personas se metieron con intención de sacarlas”, expuso la agente del ministerio público.

“La mujer manifiesta en repetidas acciones que Roni Alexander y las diversas personas se habían metido a su domicilio y estaban sacando sus pertenencias apiladas en el patio”, agregó.

“Decían ser ministeriales, específicamente Roni Alexander y Cristian Alexis”, refirió la Fiscalía.

Incluso que cuando la mujer les advirtió que llamaría al 911, el escolta del síndico le respondió “hazlo, te voy a estar escuchando”.

Por su parte, los policías dejaron plasmado en el informe que al llegar, vieron ropa, muebles y otros objetos en el patio y la presencia de cinco hombres en el patio, mientras que Roni Alexander estaba detrás de un pick-up Dodge Ram blanco estacionado frente al inmueble y quien se identificó como policía municipal.

Refirieron que Roni Alexander tenía una pistola calibre 9 milímetros con cinco cartuchos útiles fajada en el lado derecho de su cintura y en la bolsa de su chamarra estaba un radio Matra.

Mientas que en la cabina posterior de la camioneta, estaba un fusil negro con cinco cartuchos útiles calibre .223.

Tras entrevistar a la víctima, los oficiales procedieron a arrestar a los seis hombres a las 23:20 horas y a las 1:00 horas del 25 de junio, arribó la grúa para remolcar el pick-up (propiedad del Ayuntamiento), la motocicleta y un automóvil Chevrolet Camaro blanco.

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Para las 3:25 horas del sábado 25 de junio, los seis detenidos ya habían sido puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, concluyó la fiscal.

Tras esta exposición, iniciaron los alegatos de los tres defensores, casi todos desestimados.

Por ejemplo, la abogada Clara Laura Vazquez Enríquez alegó inconsistencias en el Informe Policial Homologado, pues si la mujer relató que había llamado al 911 a las 20:30 horas, pero que los oficiales refirieron haber recibido el reporte hasta las 23:14 horas y haber llegado al lugar a las 23:16 horas.

Sin embargo, el fiscal Fuentes Campa explicó que al tratarse de una entrevista en el lugar de los hechos, así como por el estado de ánimo alterado de la mujer, pudo haber un error en la hora y para comprobarlo, se podía incluir -más adelante- el informe del C4 para constatar la hora precisa de la llamada del 911.

La abogada, quien solo representaba al escolta del síndico, luego intentó alegar que habían sido internados en celdas hasta las 11:00 horas, tiempo que consideró excesivo, pero el fiscal le explicó que la turnación había sido a las 3:25 horas y desde ese momento, se encontraban bajo custodia de la Fiscalía.

También detalló que el ministerio público puede decidir que los detenidos permanezcan en módulos, oficinas y celdas, por lo que la hora del internamiento en celdas no podía ser un punto a debatir para inferir la ilegalidad del proceso.

Además, dijo que los exámenes médicos para sus certificados de integridad de los seis detenidos habían requerido de varias horas para concluirse.

Los tres abogados hablaron además de un escrito que la ofendida, Ana María, había presentado a la Fiscalía, la noche del domingo 26 de junio, para otorgar el perdón a los detenidos y pedir que quedaran en libertad.

Sin embargo, el fiscal explicó que el delito de despojo se persigue de oficio, por lo que no aplica el perdón.

También refirió que al haberse cometido el delito con el uso de arma de fuego, se había ejercido una violencia moral que impedía que el asunto transitara al Sistema de Justicia Alternativa, como lo había sugerido otro de los abogados.

Los tres abogados hicieron uso de la voz en dos momentos, primero para sus alegatos iniciales y luego para contraargumentar la respuesta de la Fiscalía, por lo que la audiencia se prolongó y hubo dos recesos.

En uno de los recesos, la ofendida Ana María salió del módulo de los Juzgados habilitado para ella con su asesor jurídico y no se observaba en la videograbación. En dos ocasiones, primero la encargada de sala y luego la jueza, tuvieron que pedir a su asesor jurídico, Eric Alberto Salinas Lazo que fuera por ella, pues no se sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo, además que no podía proseguir la audiencia.

Sin embargo, el abogado regresó sin ella asegurando que no la había encontrado y no podía contactarla porque había dejado su teléfono celular en el lugar.

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Al poco tiempo, la mujer apareció, pero en por lo menos dos ocasiones más salió de cuadro, primero al levantarse de la silla y luego al recostarse frente a la computadora, pues justificó más adelante que tenía sueño.

Finalmente, fue uno de los alegatos del abogado Sergio Beas Becerra, quien representaba a David Esteban, Alberto y Ernesto, el que determinó el rumbo de la audiencia.

Después de pedir el sobreseimiento de la causa penal, una petición que no corresponde a la etapa del proceso que se desahogaba, hizo mención al artículo 226 fracción II segundo párrafo del Código Penal de Baja California, en el que se habla de que si la víctima goza, en un plazo de 72 horas de los actos de investigación, de la posesión del inmueble despojado, ya no se ejercitará acción penal.

Antes de esto, el fiscal Fuentes Campa había manifestado a la juez que durante la entrevista que se le realizó a Ana María en el ministerio público, ella había referido ante él y sus compañeros de la Fiscalía que “tenía mucho miedo” porque estaba siendo contactada por los abogados de los detenidos.

La jueza Fierro Domínguez, después de que los tres abogados insistieron que le diera la voz, le preguntó a Ana María si ella deseaba manifestar algo.

Ayer, el síndico refirió que el escolta aún no había sido suspendido. Foto: Aimee Melo

La mujer manifestó a la juez “le pido que me haga favor de otorgarles el perdón a todos los muchachos, que así quede todo y que Dios los bendiga, estaría mejor así. Yo soy cristiana. Ya estoy en mi casa. Quiero paz”.

La juez entonces le preguntó “¿está usted diciendo que ya está en posesión del inmueble?”, a lo que Ana María respondió que sí.

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Si bien, al momento de la audiencia, la mujer ya gozaba de la posesión del inmueble, esto fue debido a la intervención de los policías, quienes detuvieron a los hombres en flagrancia.

Por último, la jueza le preguntó si estaba siendo presionada o amenazada para decir esto, a lo que la mujer refirió que no.

Fue así como la juez declaró de legal la detención de los seis hombres, pues se reunieron las características de flagrancia delictiva, pero finalmente declaró de ilegal la retención, pues dijo que la ofendida había manifestado ya a la Fiscalía que gozaba de la posesión del inmueble.

También dijo a la Fiscalía que estaba dentro de sus obligaciones realizar las diligencias para comprobar que esto fuera cierto y que la mujer no hubiera sido amenazada, por lo que, pasadas la 1:00 horas del martes 28 de junio, declaró la inmediata liberación de los seis detenidos.

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La motocicleta que también fue asegurada como parte de la investigación. Foto: Punto Norte

Añadió que la Fiscalía General del Estado todavía está en condiciones de continuar las investigaciones que considere pertinentes respecto al mismo hecho.

La decisión fue celebrada por los seis detenidos, quienes permanecieron juntos, sin esposas en las manos, durante el tiempo que duró la audiencia.

Frente a la computadora, estaba Roni Alexander, sentado junto a Ricardo, con los cuatro hombres detrás de ellos, sentados en hileras de dos sillas.

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Con la resolución de la juez, casi todos se llevaron las manos a la boca y mostraron alivio, solo usaron la voz para agradecer a la juez por la decisión.

“No, todo está bien. Muchísimas gracias”, dijo uno de ellos cuando la juez le concedió la palabra antes de que la audiencia finalizara.

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Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.