Tijuana.- Cuatro años y medio han transcurrido desde el deslizamiento de tierra que dejó a más de un centenar de tijuanenses sin su hogar en la colonia Lomas del Rubí y 39 familias siguen exigiendo justicia, luchando por reconstruir su patrimonio.
Ellos se autodenominan las víctimas indirectas del derrumbe en Lomas del Rubí, porque no eran los propietarios del terreno que por años compartieron con otras familias. Este martes 8 de agosto, hicieron un llamado de auxilio al Gobierno del Estado.
Kathy Verdugo, presidenta del Comité de Víctimas Indirectas de Lomas del Rubí, explicó que aunque al menos 130 familias afectadas sí recibieron un hogar en la colonia Lomas de la Esperanza, quedaron fuera aquellos que compartían terreno o rentaban.
En total, son 39 familias que vivían en un terreno compartido y cuentan con los documentos que lo acreditan, mientras que 90 familias no han podido conseguir esta documentación.
Tanto a Verdugo como otros afectados, les alarma que pasa el tiempo, se acumulen más víctimas de otros deslizamientos, y ellos se queden en lo último de la lista de prioridades.
“Nos estamos quedando en el olvido y no nos hacen caso, nos vamos quedando y les dan prioridad a otras personas; nosotros ya tenemos mucho con esto, se han muerto personas, nuestras familias se han enfermado por esto y es una injusticia”, aseguró Kathy Verdugo, presidenta del Comité de Víctimas Indirectas de Lomas del Rubí.
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Los manifestantes acudieron esta mañana a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del Estado, sobre la Tercera Etapa del Río Tijuana, para entregar un oficio al titular de la dependencia, Catalino Zavala Márquez.
Y es que, aseguran, desde la administración pasada les apoyaban con 4 mil pesos mensuales para el pago de una renta y este recurso se detuvo a partir del presente año.
Ricardo Montiel, secretario del Comité de Víctimas, relató que él tenía su casa en un terreno compartido con la madre de sus hijos, por eso no recibió una vivienda como los dueños de los predios.
Lo que él pide, junto a las casi 40 familias con su mismo estatus, es que la autoridad analice opciones para esta población, además de justicia contra la constructora Melo, responsable del deslizamiento de tierra, y la reactivación del apoyo.
“Tengo cuatro años viviendo de arrimado, primero por mi situación económica, no puedo pagar una renta de 6 mil pesos, tendría que trabajar tres jornadas para liquidar”, lamentó.
Los ahí reunidos coincidieron en que si bien las rentas son cada vez más caras en Tijuana, con la aportación del Estado era una cantidad menor la que tenían que desembolsar.
Y es que, manifestaron, es difícil no tener dónde vivir cuando por 30 años durmieron en una casa digna, con todos los servicios y aparte, cumpliendo con todos sus impuestos.
“Nosotros vamos a seguir en la lucha hasta que nos hagan caso y nos den una vivienda digna, si es necesario, iremos a la garita de transporte de carga, a ver si nos ponen atención”, exclamó Armando, uno de los manifestantes.
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Apenas en julio de este año, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció la entrega de 130 títulos de propiedad a igual número de familias afectadas por los deslizamientos de tierra en Lomas del Rubí en febrero de 2018.
Con esto, dijo, se atendía una demanda ciudadana que quedó en el rezago en administraciones pasadas y adelantó que continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de la República para dar cumplimiento a los convenios entre ambos.
Esto, con el objeto de dar certeza jurídica a las familias afectadas por medio de la titulación de sus predios en Lomas de la Esperanza.
