Mexicali.- Dos de los detenidos la semana pasada durante la jornada de violencia y quema de vehículos fueron acusados por la Fiscalía General del Estado de los delitos de terrorismo y daños a propiedad ajena intencional, logrando que el juez los vinculara a proceso y determinara dejarlos en prisión preventiva.
Fueron los dos únicos arrestados de los 15 detenidos en Baja California que no fueron trasladados a la Ciudad de México y de quienes la Fiscalía local se hizo cargo, al llevar así la audiencia de control de detención, de formulación de imputación y de solicitud de vinculación a proceso.
Se trata de Jesús Roberto y Edgar Eduardo, quienes fueron detenidos la madrugada del lunes 15 de agosto, por elementos de la Policía Municipal en Mexicali.
Los hoy vinculados se trasladaban en un automóvil Dodge Charger modelo 2008 y esa madrugada, rociaron con fuego dos vehículos.
Primero, alrededor de las 2:39 horas, llegaron hasta un domicilio ubicado en la avenida Durango de la colonia Baja California, donde le prendieron fuego a un autobús de personal marca Mercedes Benz.
Gracias a la rápida intervención de vecinos, la unidad de transporte no sufrió daños.
De ahí, los delincuentes se dirigieron a la avenida Bahía de los Ángeles, de la misma colonia, donde incendiaron un taxi Nissan Tsuru modelo 2017 blanco con líneas café.
Sin embargo, cuando continuaban su camino, fueron intervenidos por agentes municipales, quienes los detuvieron y turnaron a la Fiscalía General del Estado.
En audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y atendió la petición del ministerio público para solicitar la vinculación a proceso.
Tras escuchar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el juez resolvió otorgar la vinculación a proceso, así como mantener a los imputados por terrorismo y daños a propiedad ajena intencional en prisión preventivo.
De igual manera, fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses, tiempo que los detenidos continuarán en prisión.
El artículo 279 del Código Penal de Baja California establece una pena de dos a treinta años de prisión por terrorismo, el cual se configura como “los delitos que resulten, al que usando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o Municipios, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
