Tijuana.- Después de un acalorado debate que se postergó por alrededor de una hora, la mayoría de los diputados locales aprobaron una serie de reformas para, por fin, echar a andar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Baja California.
Sin embargo, en la discusión se dejó entrever un claroscuro: la poca participación ciudadana en el comité coordinador de este sistema que, en su espíritu inicial, busca sancionar las malas prácticas de los gobernantes.
Fue la diputada Daylín García, de Movimiento Ciudadano, quien cuestionó que este comité vaya a estar integrado por 13 funcionarios de gobierno y solo una persona emanada de la sociedad civil y aseguró que con esto, el SEA “va a nacer muerto”.
El dictamen reforma varios artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y de la propia Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
Entre las reformas que se hacen, están la designación del fiscal especializado para delitos electorales, con una elección por mayoría calificada del pleno; la duración de los fiscales tanto de delitos electorales, como anticorrupción por cuatro años, más oportunidad de reelección en una sola ocasión.
También estipula la integración del Comité de Participación por cinco personas especializadas en temas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, privilegiando la equidad de género.
Además, se reformaron sus tiempos en el cargo, después de una reserva presentada por la diputada Alejandra Ang.
El punto de quiebre llegó con algunos artículos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Aquí se reformó la integración del Comité Coordinador, quienes emitirán recomendaciones públicas a quienes incurran en faltas administrativas.
Será integrado por el titular de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en la materia, Secretaría de Honestidad, así como un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá dicho comité coordinador.
La primera en intervenir fue la legisladora Daylín García, quién recriminó que durante la sesión de la Junta de Coordinación Política, planeó bajar el dictamen de la orden del día para hacer un parlamento abierto, propuesta que fue secundada por tres compañeros más.
Sin embargo, llamaron a un receso y al volver al día siguiente, ya no tuvo eco.
“Están a punto de votar un Sistema Anticorrupción que va a nacer muerto, completamente muerto, el Comité Coordinador está privilegiando la participación y derecho a voto en el máximo órgano control del sistema a las autoridades”, dijo.
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E insistió “todos son autoridades y solo un ciudadano y hay que decirlo, las autoridades hasta el día de hoy no han sancionado a nadie, ¿por qué la ciudadanía habría de confiar que ahora sí lo harán desde el Sistema, solamente por un ciudadano”.
Criticó además que desde que inició la Legislatura, presentó una iniciativa sobre este tema sin que se retomara e hizo un llamado, porque pese a los cambios de administración, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha presentado la terna para el fiscal Anticorrupción.
También el diputado Román Cota, del PRI, se posicionó en contra, enfatizando que diversos colectivos y redes ciudadanas se han acercado para un parlamento abierto que aborde el análisis de estas reformas.
“Entre algunos puntos que nos hacen llegar, es la cantidad e idoneidad del comité de participación ciudadana, también dialogar sobre sus perfiles, y la forma y formato de integración de las Sindicaturas al comité coordinador”, dijo.
Y es que este máximo órgano contará la integración de los síndicos procuradores de los siete municipios, incrementando el número de funcionarios en el órgano.
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Juan Manuel Molina, legislador presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, defendió el dictamen, asegurando que se apegaba a lo instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Sistema Nacional Anticorrupción.
“No es verdad que todas las personas que trabajan fuera del gobierno, todos estén haciendo las cosas bien, y aquí dentro todo está malo; es cierto, que a cada quién lo juzguen por sus actos y si esto implica un delito, a la cárcel, pero no podemos juzgar a priori”, defendió el morenista.
También recalcó que no se estaban quitando las sanciones a ninguna conducta porque “es la consigna de Morena, que quien la haga, la pague”.
El intercambio de posicionamientos entre la diputada Daylín García y Juan Manuel Molina se prolongó, sin que cambiara el sentido de la votación general: 21 votos a favor, una abstención por parte del diputado Marco Antonio Blásquez y dos votos en contra, por parte de Daylín García y Román Cota.
Marco Antonio Blásquez, del Partido del Trabajo, sustentó la abstención, recalcando la necesidad de abrir una mayor discusión a los grupos civiles.
“Si no se toma en cuenta esto, lo otro, no se abrió el Parlamento, no se dio la máxima transparencia, claro que siempre nos va a asomar la duda y ese es mi caso, creo que sí debemos retomarlo y desahogar todas las ponencias”, dijo el diputado.
Y aunque su voto fue a favor, la diputada del PES, Rosa Margarita García Zamarripa, hizo un llamado para que una vez aprobada la reforma, se convoque al comité de selección para el Comité de Participación Ciudadana, así como emprender acciones para el magistrado de la sala anticorrupción y “poner a funcionar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción”.
