Tijuana.- Un agente del ministerio público fue detenido por la propia Fiscalía General del Estado (FGE) por el homicidio de un abogado que laboraba en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), cometido en julio de este año.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente durante la audiencia inicial, celebrada el viernes 23 de septiembre, luego de que la orden de aprehensión en contra del imputado fue cumplimentada el jueves 22 de septiembre.
La investigación realizada por la Fiscalía apunta a que el funcionario, de nombre Abraham Miguel, no solo planeó el asesinato, sino que estuvo presente en el momento en que el abogado Jaime Antonio González Reyes recibió un disparo en el cuello, el 22 de julio del presente año en el exterior de su domicilio en la calle Noviembre de la colonia Tres de Octubre.
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A pesar de que el abogado de 30 años fue trasladado hasta un hospital por su amigo, con quien se encontraba en el momento del ataque, perdió la vida al día siguiente debido a las heridas que sufrió, entre ellas, la perforación de la vena yugular.
Aunque los homicidas lograron huir en el momento, incluido Abraham Miguel, la Fiscalía General del Estado siguió integrando la investigación hasta lograr demostrar cómo este planeó el crimen, llevó a los sicarios hasta dos domicilios en Tijuana donde la víctima pasaba los fines de semana -pues su trabajo le había requerido a mudarse a Mexicali-, e hizo acuerdos con los criminales a cambio de que cometieran el homicidio.
PUNTO NORTE cuestionó al finalizar un evento público en Mexicali al fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien reconoció que un agente del ministerio público de la institución había sido detenido.
El fiscal respondió a la periodista “efectivamente, esa detención sí sucedió, y es que quien cometa delitos en Baja California, quien atente contra la vida y la integridad de cualquier persona, no podrá ni deberá quedar impune, aun así se trate de los propios colaboradores de esta institución, no hay ni habrá espacio para quien decida vivir fuera de la ley”.
Al preguntarle cómo era posible que el agente del ministerio público hoy acusado de homicidio haya podido ingresar a la Fiscalía, Carpio Sánchez respondió “es lamentable que exista aún quien pueda traicionar a la sociedad, ese elemento fue nombrado en 2019 como agente del ministerio público y su detención demuestra que estamos comprometidos con combatir a quienes no merecen formar parte de la Fiscalía General del Estado”.
Aseguró que la Fiscalía se encuentra “vigilando a todo aquel que no se conduzca dentro del marco de la ley, inclusive si es dentro de nuestra institución”.
Sobre este caso en específico, puntualizó “nos estamos asegurando que esta persona no vuelva pisar una audiencia como representante de la sociedad”.
“Que sirva también de mensaje para todos aquellos elementos que deshonran el cargo que les fue confiado, de que iremos detrás de ellos, no hay lugar donde se escondan, mucho menos en esta Fiscalía General del Estado que trabaja arduamente todos los días para llevar a los criminales ante la justicia, no importa de quién se trate”, sentenció.
Durante la audiencia encabezada por el juez José Guadalupe Sigala Andrade, Abraham Miguel estuvo representando por tres abogados particulares, Luis Arturo Alvarado Romero, Martín Octavio Nava Rivera y Cristian Javier Parra Ceballos.
Como parte de los antecedentes de investigación expuestos por el fiscal a cargo del caso, están varias entrevistas, entre ellas, de personas relacionadas con los asesinos, quienes dieron cuenta de como estos recibieron llamadas de Abraham Miguel, a quien identificaban como licenciado y ministerio público, para planear el crimen.
También que el asesino material compró una camioneta Honda Odyssey especialmente para cometer el crimen, en la cual se trasladó con un hombre y una mujer hasta el domicilio de la víctima para dispararle.
Luego avanzaron en ella unas calles hasta encontrarse con Abraham Miguel, quien los trasladó entonces en un automóvil Nissan Versa gris, el cual era de su propiedad, para que continuaran la huida.
La camioneta fue identificada gracias a videograbaciones y asegurada a los días del homicidio, pues fue dejada abandonada en la vía pública.
Mientras que el automóvil de Abraham Miguel fue asegurado durante un cateo llevado a cabo por la FGE, ayer 22 de septiembre en su domicilio ubicado en la colonia Zermeño.
La madre de Abraham Miguel refirió a la Fiscalía que el vehículo efectivamente era gris y su hijo lo pintó de negro en agosto.
Además de que contaba con las mismas características del vehículo captado por cámaras de seguridad en el momento del crimen, como una avería en el cofre y otra en la carrocería.
En la casa de Abraham Miguel fue localizada más evidencia que lo incrimina, dio a conocer el fiscal asignado al caso durante la audiencia.
De igual manera, existen testigos oculares que ubican a Abraham Miguel y a sus cómplices un día antes y al momento del crimen en los alrededores del domicilio de la víctima.
Abraham Miguel había presentado una incapacidad médica desde mediados de septiembre, por lo cual no estaba acudiendo a trabajar a la Agencia del Ministerio Público en la colonia Mariano Matamoros, donde estaba adscrito en la Unidad de Robos.
Al momento de que el fiscal a cargo del caso solicitó la vinculación a proceso al juez Sigala Andrade, Abraham Miguel se acogió al término de 144 horas, por lo que la Fiscalía pidió se fijara la medida cautelar de prisión preventiva.
Al tratarse de un caso de homicidio calificado, la prisión preventiva se establece como medida cautelar oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto no impidió que Abraham Miguel tomara la palabra, luego de que sus abogados manifestaran que no tenían nada que agregar, para pedirle al juez “a mí me gustaría solicitarle que me conceda una diversa medida cautelar”.
Aseguró que de otorgarle la libertad, este se presentaría en su próxima audiencia y no huiría, pues tenía 30 años viviendo en el mismo domicilio, pero que requería estar libre para preparar su defensa.
Sin embargo, el juez le recordó que la prisión preventiva es oficiosa en el caso de homicidio calificado y aunque compartió su opinión personal, de que no debería existir la prisión preventiva oficiosa, explicó que debía cumplir con lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ordenó que permanezca recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa hasta su próxima audiencia.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
