Tijuana.- Hasta 16 años en prisión e inhabilitación por 20 años podrían enfrentar los seis ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, quienes fueron vinculados a proceso por peculado y uso ilícito de atribuciones, al aprobar de manera ilegal la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali con la empresa Next Energy.
Así lo dio a conocer hoy el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, durante la conferencia ‘Miércoles de Mañanera’ de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Apenas la madrugada de este martes, se llevó a cabo la audiencia en la que un juez vinculó a proceso al ex secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera; al ex secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua, Luis Salomón Faz; a la ex secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postlethwaite Montijo; al ex coordinador de gabinete y también exsecretario de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez; y los ex oficiales mayores Israel Clemente González y Marco Octavio Hilton.
Este último, hasta hoy se desempeñaba como director de Previsión Social en la Secretaría de Trabajo del Estado (STPS), explicó en breve participación la gobernadora Marina del Pilar, pero dijo que el funcionario ya había manifestado su intención de dejar el cargo.
Esto fue confirmado por el titular de la STPS, Alejandro Arregui, quien detalló que el hoy imputado renunciaría para hacer frente al proceso del que es sujeto.
Ávila Olmeda aseguró que las acciones por parte del gobierno del Estado en este caso, han sido conforme a derecho y van en el sentido de proteger las participaciones federales de Baja California que se estaban comprometidas con el contrato con Next Energy.
La secundó el consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, quien aseguró que no se trate de “revanchismo político” o “un tema personal”.
El funcionario estatal añadió “en el Poder Ejecutivo del Estado, en esta administración pública, no hay pactos, no hay acuerdos de impunidad. La administración pública estatal siempre va a buscar que se aplique la Ley a quien se tenga que aplicar, que se sancione a quien se tenga que sancionar”.
Pon Méndez aseguró que reconocer esto no implicaba un demérito del compromiso del gobierno del Estado por “evitar un descalabro financiero, y sancionar a aquellas personas que nos pusieron en esa situación en un acto ilegal y lesivo para los bajacalifornianos”.
Por su parte, Ricardo Iván Carpio Sánchez detalló que los exfuncionarios fueron vinculados por los delitos de peculado y uso ilícito de atributos y facultades de funcionarios públicos, cuyas penas son de 12 a 16 años, y la inhabilitación desde uno y hasta 20 años.
“La Fiscalía es muy entusiasta del cumplimiento de la justicia, y vamos a pedir la máxima”, expresó Carpio Sánchez.
En ese sentido, el consejero jurídico admitió que el proceso sigue abierto y si los exfuncionarios inculpados se acercan al gobierno del Estado para solicitar algún beneficio vía legal, están abiertos a esa posibilidad.
Ayer martes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el juez a cargo del caso fijó dos meses de plazo para realizar la investigación complementaria.
Para cuatro de los ex funcionarios, el juez estableció la medida cautelar de firmas mensuales y a dos de ellos presentarse a los juzgados cada vez que se les requiera.
