Tijuana.- El policía municipal acusado de intentar asesinar a su ex esposa y madre de sus tres hijos, Nayeli González Rodríguez, el 18 de diciembre de 2022, fue nuevamente dejado en libertad tras la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo imputó por allanamiento de morada con violencia, violencia familiar, privación ilegal de la libertad personal y feminicidio en grado de tentativa con ventaja.
El agente, de nombre Jonathan Ounel, solicitó la ampliación del término constitucional para la vinculación a proceso, por lo que dicha audiencia se llevará a cabo la próxima semana.
La semana pasada, la FGE cumplimentó la orden de aprehensión contra Jonathan, quien fue capturado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), cuando intentó cruzar la frontera de Tijuana a San Ysidro.
Y el viernes 6 de enero, en audiencia inicial para la formulación de imputación, la cual fue celebrada de manera virtual y con la presencia de la víctima, el juez José Guadalupe Sigala Andrade justificó que un amparo federal le impedía llevar a cabo la diligencia y ordenó la inmediata liberación del hombre.
Sin embargo, la FGE volvió a judicializar el caso y nuevamente hizo la petición al Poder Judicial del Estado para que se llevara a cabo una audiencia inicial de formulación de imputación y de vinculación a proceso.
También puedes leer Juez deja libre a policía que intentó asesinar a su ex pareja
Fue así como ayer miércoles 11 de enero, la jueza de control Leticia Larrañaga Vizcarra encabezó la audiencia, durante la cual dio una larga explicación de su decisión de no dejar en prisión preventiva al policía.
La juzgadora señaló que que ninguno de los cuatro delitos que se le imputan al agente municipal ameritan como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, la agente del Ministerio Público solicitó entonces la prisión preventiva justificada, argumentando disposiciones de leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales.
La fiscal habló en particular de la peligrosidad que representa que el agresor es policía, tiene acceso a armas de fuego, ha manifestado conductas de odio y de dominio sobre la víctima, al igual que ha utilizado a los tres hijos menores de edad para influir en su decisión de que no continúe con el proceso en su contra.
También puedes leer “Me dijo que me iba a llevar al cerro a matarme”: ex pareja de policía cuenta cómo logró huir de él
Incluso, en su intervención durante la audiencia -que se desarrolló de manera presencial-, la víctima le expuso a la jueza el miedo con el que ha vivido después del ataque que sufrió en el que casi perdió la vida, el cambio en su dinámica familiar, y el temor constante de que vuelvan a hacerlo.
“No sé cuándo pueda volver a intentar matarme y esta vez sí hacerlo y sin dejar testigos”, dijo en llanto.
A pesar de todo ello, la defensa privada del agresor, sostuvo que todo ello eran subjetividades y pidió a la jueza no dejarse “iluminar”, por eso, porque no hay ningún dato sobre que su defendido represente un riesgo para la víctima.
También puedes leer Fue detenido policía que golpeó brutalmente a su ex pareja, intentaba cruzar a EU
En su deliberación con respecto a la solicitud, la juzgadora respondió que no podía otorgar la prisión preventiva oficiosa ni justificada, debido a que existe un amparo que fue obsequiado por el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales, con el que le concedió al imputado la suspensión provisional de la orden de aprehensión.
“De hacerlo yo, de ordenar la prisión preventiva, estaría yo cometiendo un delito”, afirmó la juzgadora.
Agregó que actualmente, las leyes federales ordenan que solo ante un feminicidio completado los jueces pueden ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, pero que en el caso de tentativa de feminicidio, no se amerita.
“Hasta que no se legisle en ese sentido y se establezca en el Código Nacional de Procedimientos Penales…”, excusó.
Larrañaga Vizcarra expresó también que aunque ella está a cargo del proceso de Jonathan en cuanto a la vinculación a proceso por los delitos que se imputan, él sigue a disposición del juez federal en cuanto a su libertad.
“El tiene una suspensión que otorgó un juez federal, que yo tengo que acatar sí o sí”, aseveró la jueza.
Por otro lado, la jueza del Poder Judicial del Estado dijo no desestimar los riesgos que mencionaba la Fiscalía y reconoció que es su deber garantizar su seguridad de la víctima.
Por ello, solicitó a la institución continuar con las dos medidas de protección otorgadas a la víctima, como son la orden contra el agresor de no realizar actos de molestia por ningún medio, así como rondines de vigilancia.
Además, con respecto a la posibilidad de que el denunciado pueda huir, la juzgadora señaló que se presentó a la audiencia y ello era una señal de que se seguirá presentando a las diversas fases del proceso.
Larrañaga Vizcarra aseguró que toma en cuenta la perspectiva de género, las relaciones asimétrica de la víctima con el victimario, así como las disposiciones de la Ley de Víctimas, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, así de la Convención Interamericana Belém Do Pará, y otras que fueron citadas por la Fiscalía, pero “sin afectar la libertad personal del imputado, que esta disposición del juez federal, con motivo del amparo”, reiteró.
En entrevista al final de la audiencia, Nayeli, todavía con derrame de sangre en los ojos a causa de los golpes recibidos por su ex pareja, dijo que se sentía insegura de saber que sigue libre.
Compartió que se siente ofendida porque de ser víctima pasó a ser considerada victimaria, pues su solicitud de dejar al policía en prisión preventiva atenta su derecho a la libertad.
“Es absurdo, es indignante. Y más cuando se dice que porque él vino y se presentó, eso dice que no se quiere ir de la ciudad. Esa misma credibilidad que le dio (la jueza) a él por presentarse, es la misma que me debería dar a mí porque estoy dando la cara, viendo a esa persona que con una sonrisa me golpeaba y me quería matar. Y eso no lo miran, solo miran que él es muy valiente. ¿Eso es un acto de valentía, venir y presentarse?”, cuestionó.
No obstante, Nayeli no renunció a su confianza en las instituciones y dijo que sigue teniendo fe en que tanto la Fiscalía y el Poder Judicial lleven el proceso a su favor.
“No hay mentira que no pueda ser descubierta, que la Fiscalía como mi defensa van a encontrar y fundamentar con buenos argumentos, y el juez va a tomar en cuenta todos esos puntos a mi favor”, confió.
Finalmente, pidió a las autoridades correspondientes reformular el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que también en el feminicidio en grado de tentativa amerite prisión preventiva oficiosa.
“Hoy yo estoy aquí viva, y estoy solicitando que se reformule eso del feminicidio en tentativa, y que se nos dé protección y seguridad a las mujeres que estamos vivas después de que intentaron quitarnos la vida”, expresó.
En el inicio de la audiencia, para justificar que no había revisado de manera completa la carpeta de investigación, la defensa encabezada por el abogado Hernán Baruch Rodríguez López, criticó la celeridad con la que la Fiscalía ha atendido el caso contra la víctima.
“La Fiscalía ha hecho una investigación expedita e inaudita que no se ha hecho en ningún otro caso. Me asusta personalmente”, dijo y solicitó diferir la audiencia para otro día, pues no había tenido tiempo de revisar datos de prueba recientemente agregados a la carpeta de investigación.
Se trata del mismo abogado que defendió al ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en la acusación penal por el delito de coalición de servidores públicos por un monto de medio millón de pesos.
También puedes leer El Patas regresa casi medio millón de pesos para evitar ser imputado por un tercer delito
En respuesta, la agente del ministerio público le informó a la defensa que se trata de una prerrogativa que ordenan diversas normas y protocolos para atender a las mujeres víctimas de violencia, además de que es obligación del ministerio público investigar y esclarecer los hechos.
La fiscal enfatizó que el agresor es policía, por lo que tiene acceso a un arma de cargo, consume drogas como cocaína, de modo que no hay lugar para el asombro del defensor en el caso en la atención que se le da.
Por su parte, la jueza rechazó diferir la audiencia, como lo pidió la defensa, debido a que aún no se había hecho la imputación, por lo que en su lugar otorgó un receso de dos horas para que el abogado se actualizara en los nuevos datos de prueba de la carpeta de investigación.
Una vez reanudada la sesión, la agente del ministerio público llevó a cabo la narración de hechos, y el desahogo de los datos de pruebas.
En ese sentido, la Fiscalía dijo que el domingo 18 de diciembre de 2022, alrededor de las 5:50 de la mañana, luego de varias llamadas telefónicas al celular de su ex esposa, Jonathan Ounel llegó a la casa de ésta, en la que él ya no vivía desde hacía 11 meses cuando se separaron, ubicada en la colonia Cañadas del Florido.
Él entró al patio, trepó y se colgó de la ventana de la habitación de la víctima en el segundo piso, desde la que le gritaba que tenían que hablar y le cuestionaba si estaba con otro hombre.
Al no obtener respuesta, con violencia, rompió el cancel de metal de la entrada de la casa y subió al cuarto, para lanzar a la víctima a la cama e inmobilizarla con una técnica de sometimiento.
Se sentó sobre su torso, presionó los brazos de ella con sus piernas, y la apretó del cuello.
La fiscal interrumpió la narración para destacar el amplio conocimiento de Jonathan Ounel en técnicas de sometimiento, aprendidas durante su capacitación como policía municipal.
Luego continuó describiendo cómo el agresor tomó el celular de la víctima y revisó su galería de imágenes, en donde vio algunas en las que ella aparece con su nueva pareja, un antiguo conocido de él, tras lo que inicia una brutal golpiza, a puño cerrado en cara y cabeza y otras partes del cuerpo.
El agente municipal arrastró de la larga melena en pequeñas trenzas de la mujer, y la llevó a la habitación de sus tres hijos, de 12, 10 y 8 años de edad, quienes ese día se encontraban en la casa de la mamá de él.
Con la misma técnica de sometimiento, la tomó de la cabeza y la azotó contra el piso, mientras le expresaba diversas frases como “Aún no he terminado”, “Las mujeres como tú tienen que morirse”, “Me vale lo que le digas a tu familia; no les tengo miedo porque tú sabes que tengo con qué”.
Posteriormente, nuevamente de los cabellos, la lanzó por las escaleras, y ya en el primer piso mientras seguía golpeándola, le dijo “Te voy a matar. Te voy a llevar a subir al carro y de ahí te voy a llevar al cerro, y te voy a matar como a las putas”, “Me sirves más muerta que viva”, “Me das vergüenza”, “Al final vas a ser una más del montón y nadie te va a buscar”.
Tomó a la mujer otra vez de los cabellos y, a la fuerza, la sacó de la casa y tras darle puñetazos en las costillas, la metió en el asiento del copiloto de un vehículo Hyundai Creta, modelo 2001, color guinda, y salió de la privada.
El agente, vestido con el uniforme deportivo de la policía municipal, pantalón y sudadera azul con capucha, y sus botas tácticas, se dirigió a toda velocidad por la calle 3 de la colonia, en donde se estaban instalando los puestos del mercado sobre ruedas de ese domingo.
Aunque Nayeli forcejeaba con él para bajarse de la unidad y gritaba pidiendo auxilio porque la quería matar, fue hasta que ella jaló el volante y un vehículo les obstruía el paso, cuando el agresor frenó de golpe.
Personas se acercaron al vehículo, al observar la agresión, y sacaron a la mujer ensangrentada y vestida con ropa de dormir.
Entre estos testigos, se encontraban dos hombres a los que el agente municipal les justificaba que era su esposa y la había encontrado con otro, y les repetía que le fue infiel. Finalmente, con forcejeos los comerciantes la bajaron del vehículo, y Jonathan Ounel huyó del lugar.
Tras la imputación por parte del agente de la ministerio público de los cuatro delitos, la jueza explicó al agente su derecho a rendir su declaración sobre los hechos referenciados por la Fiscalía, o dejar de hacerlo, y le preguntó si le había quedado claro, pero el policía respondió “Perdon, no la escuché”, tras lo que se reservó su derecho a declarar.
Para sustentar las acusaciones, la FGE ofreció entre otros datos de prueba, las testimoniales y entrevistas de seis personas, tres de ellas los testigos del mercado sobre ruedas.
Durante la narración una de éstas, el testigo explicaba cómo cuando forcejeó con el agresor para ayudar a la víctima a bajar del vehículo, este le decía “es una puta infeliz”.
En ese momento, la víctima, quien se encontraba presente y acompañada de su asesora jurídica, comenzó a llorar, por lo que la fiscal paró la narración y la jueza ofreció un receso.
Durante la pausa, la asesora jurídica escuchaba a la víctima diciendo lo doloroso que era volver a escuchar lo que vivió y la fiscal salió a buscar papel higiénico para que la víctima se limpiara las lágrimas. La encargada de la sala fue a buscar un vaso con agua.
Mientras tanto, la defensa completa formada por tres abogados y dos auxiliares, todos hombres, y el agresor salieron al baño.
Al reanudar, el resto de los datos de prueba presentados por la ministerio público fueron tres testimoniales incluyendo el de una menor de edad, sobre eventos de violencia previa del policía hacia su esposa, así como consumo de alcohol y comportamientos sugerentes de uso de estupefacientes.
También, un certificado médico que aunque señalaba que las lesiones ocasionadas por el agente de la Policía Municipal no ponían en riesgo la vida de la madre de sus hijos, ni requerían hospitalización, sí tardaban en sanar más de 15 días.
Además, un informe de psicología de una perito que en entrevista y evaluación de la víctima consideró que aunque no podía emitir un dictamen de violencia familiar, en la Escala de Predicción de Riesgos de Violencia Grave contra la Pareja, señala que la víctima se encuentra dentro del círculo de la violencia y con poca capacidad de respuesta, y el imputado se encuentra en un nivel alto de riesgo de agredir.
Finalmente, la Fiscalía señaló la existencia de algunos videos e imágenes entre ellas algunas de la víctima con su nueva pareja, entre otros datos de prueba.
Con dichos antecedentes la fiscal, pidió a la jueza considerar la vinculación a proceso del agente municipal, Jonathan Ounel, por los cuatro delitos, enfatizando el factor de odio que considera se ha vertido sobre la víctima, y considerando la asimetría de poder y las vejaciones que el agresor ha expresado en contra de ella.
La agente pidió a la jueza también atender la perspectiva de género, y citó nuevamente a las diferentes normas y convenciones en materia legal que la amparan.
Al consultar la jueza con la víctima si ella tenía alguna petición para ella, la mujer expresó que solo le pedía que haga justicia, porque si ella se encontraba en ese momento ahí, era por el agresor.
La juzgadora se disponía a deliberar, pero el imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para resolver su situación jurídica, lo cual le fue otorgado.
Al terminar, la defensa solicitó auxilio judicial para llamar a entrevistas a cada una de las personas involucradas en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, bajo el argumento de que considera que la información podría haber sido manipulada; así como incluir a los tres hijos menores de edad de la víctima, con acompañamiento del DIF, lo cual también le fue concedido.
Jonathan Onuel deberá presentarse el lunes 16 de enero para que la jueza resuelva si es o no vinculado a proceso por los delitos que la Fiscalía le imputa.
