Tijuana.- César Adame Muñoz, hermano de la diputada Rocío Adame Muñoz y actual presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, es uno de los ocho abogados particulares contratados por el grupo armado detenido en Playas de Rosarito para su defensa.
Durante la primera audiencia desarrollada el viernes 27 de enero, en la que un juez federal declaró legal la detención de los diez hombres, quienes se encontraban -de acuerdo a la Policía Municipal de Rosarito- en posesión de once armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Adame Muñoz acusó en múltiples ocasiones a PUNTO NORTE de haber publicado una nota periodística “amarillista” respecto a la detención de sus clientes.
Incluso, el también ex funcionario de la extinta PGJE presentó una copia de la publicación de PUNTO NORTE para aportarla como dato de prueba en la carpeta en la investigación que hizo como defensa.
En numerosas ocasiones, el hermano de la también coordinadora de la bancada de Morena en la Legislatura de Baja California, atacó al medio de comunicación al asegurar que éste se había prestado para un montaje de la detención e incluso hizo una comparación con el caso del periodista Carlos Loret de Mola y Florence Cassez.
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El litigante, quien en la audiencia se presentó como defensor del detenido de nombre Luis Alfredo, pero que en sus argumentos, abogó por todos los detenidos, incluso cuestionó cómo PUNTO NORTE había tomado una fotografía de los detenidos junto a las armas y los teléfonos celulares que les fueron asegurados.
Lo anterior a pesar de que la imagen fue tomada por las autoridades y distribuida por medio de los canales oficiales de Comunicación Social del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, proceso con el que al abogado se encuentra familiarizado al haber sido tanto ex agente del ministerio federal en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como coordinador de Narcomenudeo en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En el equipo de abogados también se encontraban Fernando Benítez, ex abogado de Jorge Hank Rhon y Martín Javier Cuamea López, ex agente del ministerio público de la FGR.
Cuamea López también hizo referencia a la nota periodística de PUNTO NORTE, al asegurar que ésta había sido la justificación por la que se habían tomado las huellas dactilares de los acusados.
Sin embargo, el juez le respondió que él fue quien aprobó dicha petición de la Fiscalía y manifestó “le aseguro que no fue por la nota de Punto Norte”.
Por su parte, el hermano de la diputada de Morena incluso pidió al juez, al inicio de la audiencia, que removiera al fiscal a cargo del caso, con el argumento de que participó también en el proceso de detención y retención de sus defendidos, pero el juzgador negó la petición al no encontrar argumentos suficientes para ello.
En varias ocasiones, Adame Muñoz aseguró que su representado y los otros detenidos habían sido víctimas de robo de sus pertenencias como celulares, al igual que se violaron sus derechos humanos y del derecho a la seguridad jurídica y procesal de sus detenidos.
Antes de litigar, Adame Muñoz trabajó como agente del ministerio público federal en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), labor por la que incluso fue denunciado penalmente por familiares de un grupo de hombres capturados en Tecate en el año 2009.
La denuncia en contra de Adame Muñoz junto a un grupo de policías federales y otro agente del ministerio público federal quedó asentada en la averiguación previa 79/2012, por los delitos de abuso de autoridad, declaración falsa rendida ante autoridad judicial, secuestro, daño en propiedad ajena y otros.
Posteriormente, en 2016, el abogado fue coordinador de Narcomenudeo en la PGJE, durante el periodo de la entonces procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva.
Al final de la audiencia del viernes, la cual tuvo una duración de 12 horas con solo tres recesos de apenas minutos, el juez desestimó los argumentos de la defensa que aseguraban que los diez hombres fueron detenidos dentro de una vivienda y sin armas de fuego.
El juzgador federal refirió que no había elementos que probaran la teoría de la defensa, pero sí suficientes datos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República para calificar la detención como legal.
Tras la formulación de imputación realizada por el ministerio público, los abogados coincidieron en solicitar el plazo de 144 horas para la vinculación a proceso, por lo que la próxima audiencia será el martes 31 de enero.
Al resolver la detención, el juez abordó los argumentos de los abogados acerca de la publicación hecha por PUNTO NORTE y manifestó que ésta solo “prueba que publicaron algo”, pero no lo referido por la defensa respecto a un montaje ni a un perjuicio a los detenidos.
En el año 2021, Rocío Adame Muñoz fue electa diputada por el Distrito Local 15, con cabecera en Playas de Rosarito y algunas partes de Ensenada.
De igual manera, Adame Muñoz resultó electa como consejera estatal de Morena, tras la elección de julio de 2022, en la cual obtuvo el segundo lugar en votos entre las mujeres del distrito 07, lo cual la convierte en una de las posibles contendientes a la presidencia municipal de Playas de Rosarito.
También es presidenta de la Junta de Coordinación Política en la XXIV Legislatura de Baja California.
Referente a la detención de los diez hombres armados, ocurrida la noche del martes 24 de enero en el fraccionamiento Punta Azul de Playas de Rosarito, autoridades locales han hablado de la relevancia de la captura.
Por ejemplo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, aseguró en la conferencia de prensa ‘Miércoles de Mañanera’, el 25 de enero, que se trataba de “un grupo que se junta para delinquir”, por lo cual su detención “suma para seguir contribuyendo para bajar los índices delictivos, para seguir garantizando la seguridad de los bajacalifornianos”.
El funcionario estatal detalló que la detención se dio tras una serie de denuncias de los ciudadanos y como parte de “una muy buena respuesta de la Policía Municipal de Playas de Rosarito con apoyo de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Sedena”.
El secretario dijo también que uno de los diez detenidos cuenta con una orden de aprehensión por homicidio, por lo que una vez que se desahogue la etapa inicial del proceso penal federal que enfrenta por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, también será procesado por la Fiscalía General del Estado.
“Compete a las fiscalías investigar y a nosotros aportar los elementos para que conjuntamente todos podamos aportar y que esta gente no salga y que no se convierta esto en una puerta giratoria, en la cual metemos a la gente y mañana o pasado están saliendo”, concluyó Aguilar Durán.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
