Ensenada.- El proceso penal que enfrentan dos directivos de la Banca Afirme y en el cual se ha vinculado a proceso a ocho ex servidores públicos y tres representantes legales de otras empresas relacionadas con el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Baja California, continuará este viernes luego de que un juez federal les negó un amparo.
Así lo explicó Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Estado ante la pregunta hecha por PUNTO NORTE durante la conferencia de prensa ‘Martes de Mañanera’, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en la Segunda Región Naval, en Ensenada.
Sobre las expectativas que la mandataria estatal tiene sobre el proceso penal, Ávila Olmeda respondió “esperamos que se regresen los 123 millones de pesos que tiene retenida la Banca Afirme y que le corresponden al pueblo de Baja California”.
Hace casi un año, el gobierno de Baja California informó de la detección de un fideicomiso de 123 millones de pesos conformado para la construcción del proyecto de energía, aprobado en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
Sin embargo, la empresa contratada para desarrollar la obra, Next Energy, no contaba con los permisos federales para llevar a cabo la planta, por lo que la administración estatal actual canceló el contrato.
Desde entonces, Banca Afirme ha retenido los 123 millones de pesos y ante la negativa de devolverlos al gobierno de Baja California, éste emprendió una serie de acciones legales que culminaron en varias denuncias penales, las cuales siguen en curso.
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El consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, dijo hoy que el 10 de enero, una juez de control vinculó a proceso a la anterior titular de la Comisión Estatal de Energía, Miriam.
“Con ella, ya son ocho ex servidores públicos de la anterior administración estatal que se encuentran vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades”, apuntó el funcionario estatal.
Recordó que respecto a los tres representantes legales de empresas, también vinculados a proceso, se trata de compañías “relacionadas con la construcción de la planta fotovoltaica y con el supuesto contrato autorizado para el suministro de energía eléctrica”.
Respecto a los avances del caso penal en contra de Banca Afirme, el titular de la Consejería Jurídica del Estado recordó que el monto de los 123 millones de pesos corresponden a participaciones federales del Estado.
Pon Méndez añadió que el 19 de enero, los dos representantes de Banca Afirme desatendieron el mandato de una autoridad judicial que los requería en audiencia inicial para que la Fiscalía General del Estado (FGE) llevara a cabo la formulación de imputación.
“Desde el inicio de esta administración pública estatal, la gobernadora del Estado ha estado al pendiente de que nosotros llevemos a cabo todas las acciones que sean necesarias legales para poder proteger el patrimonio de los bajacalifornianos y una de ellas fue que se obtuviera en principio una suspensión que obligaba a Banca Afirme a la restitución de los 123 millones de pesos más los rendimientos que se hayan generado”, acotó.
El integrante del gabinete estatal recapituló que no es la primera vez que los directivos de la empresa desatienden a la autoridad, pues se han emitido distintos requerimientos entre marzo y noviembre de 2022 para que la compañía restituya al gobierno de Baja California el monto del fideicomiso, sin que así ocurra.
Finalmente, tras la no comparecencia de Nabor y Alejandro, representantes legales de Banca Afirme, ese mismo 19 de enero, la juez que celebró la audiencia giró órdenes de aprehensión en su contra al ser considerados sustraídos de la acción de la justicia.
“Estas órdenes de aprehensión fueron contra los señores Nabor y David Alejandro, estas personas promovieron un juicio de amparo en contra de esas dos órdenes de aprehensión. Sin embargo, el juez federal determinó que están obligados a presentarse ante la juez cuando se les indicara”, señaló Pons Méndez.
El consejero jurídico recordó que en la audiencia anterior, los abogados de Banca Afirme solicitaron a la juez que no ingresaran medios de comunicación, pero la petición les fue negada al ir en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla la cobertura por parte de la prensa de las audiencias penales.
“Estamos en estrecha comunicación con la Fiscalía General del Estado, creo que hemos trabajado muy bien, continuaremos, tenga la certeza, gobernadora, que continuaremos aportando todos los elementos que sean necesarios para acreditar la responsabilidad de quien daba acreditarse”, finalizó el funcionario.
Este viernes 10 de febrero, a las 10:00 horas, Nabor y David Alejandro deberán presentarse en audiencia de formulación de imputación.
