Mexicali.- Hasta seis años de prisión darán a médicos de Baja California que practiquen cirugías de especialidad, sin contar con las certificaciones correspondientes.
Durante el Miércoles de Mañanera, que tuvo lugar en Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó en la el decreto que permite que la medida que endurece las penas a falsos cirujanos entre en vigor a partir de este jueves 23 de febrero, luego de su aprobación por el Congreso del Estado.
La mandataria estatal puntualizó la importancia de que haya plena certeza de que los procedimientos sean llevados a cabo por especialistas certificados, ya que el turismo médico genera derrama económica que en el año 2022 alcanzó 29 mil 500 millones de pesos
Por ello, explicó Marina, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) inspeccionan permanentemente los establecimientos de salud.
En los últimos 10 días, las autoridades estatales han visitado 89 establecimientos de salud, de los cuales 17 de ellos se han clausurado, lo que se suma a las investigaciones que realiza la FGE con el apoyo permanente de personal de la Secretaría de Salud.
En ese sentido, el titular de dicha dependencia, José Adrián Medina Amarillas, resaltó la importancia de la vigilancia a las clínicas para exigir que tanto los espacios como el personal en general cuenten con las certificaciones que los acrediten para realizar distintos procedimientos o atender a sus pacientes.
El funcionario estatal explicó que la Secretaría de Salud opera como brazo regulador de Coepris y tiene la facultad de suspender o clausurar algún establecimiento donde se lleven a cabo este tipo de procedimientos de manera irregular.
Mientras que la Fiscalía, tras la demanda presentada por Coepris y Salud inherente a estos procedimientos, investigará y podrá sentar las responsabilidades legales en las que incurran los médicos que lleven a cabo una cirugía sin estar certificados, manifestó Medina Amarillas.
En su participación, el fiscal central de Baja California, Rafael Orozco Vargas, precisó que esta estrategia de vigilancia da seguridad a los pacientes de que el personal que los atiende está preparado para esa tarea.
Finalmente, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, enfatizó que estas acciones concretas no sólo están dirigidas a salvaguardar la salud de los pacientes sino también a dar seguridad a las y los médicos que desempeñan su labor con calidad y en apego a la ley.
