Mexicali.- La diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó una iniciativa para establecer el procedimiento para la designación y nombramiento del magistrado titular de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, así como del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Actualmente la Constitución Estatal, en sus artículos 55, 70, 71, prevé que tanto el magistrado como el fiscal son nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado.
“Esto no fue siempre así; y lo que llama la atención es que en su momento no se justificó ese cambio en la iniciativa de reforma, atentando a los principios de transparencia” comentó la legisladora.
García Ruvalcaba argumentó que en Baja California, casi el 90 por ciento de la población mayor de edad tiene una percepción de que la corrupción es frecuente en el estado, según el Inegi.
En ese sentido, el organismo señala que en la encuesta de 2019 arrojó que, en promedio de 11 mil 333 de cada 100 mil bajacalifornianos experimentaron al menos un acto de corrupción al tener contacto con algún servidor público.
La diputada Daylín García señaló que estas cifras reafirman que la corrupción persiste en la entidad, por lo que son necesarias políticas públicas dirigidas a combatir este problema que impide fomentar el crecimiento económico, abatir la pobreza, desigualdad, y hacer frente a otras dificultades que aquejan y que tienen su origen en la corrupción.
Por ello, García Ruvalcaba considera que la designación del magistrado y fiscal debe requuere un proceso que vincule a la ciudadanía y se tome en cuenta la competencia por mérito a través de una convocatoria pública abierta, para garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios designados.
De esta manera, la propuesta de la diputada inicialista incluye la creación de una Comisión Especial, compuesta por al menos 5 diputados de diferentes partidos políticos, quienes elaborarán el proyecto de convocatoria, con la opinión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para que sea aprobada por mayoría del Pleno del Congreso, para la difusión respectiva.
Dicha Comisión, con el auxilio de instituciones de investigación y educación, realizará a los aspirantes evaluaciones curriculares y de aptitudes, un examen teórico y práctico de conocimientos jurídicos, cuyos resultados deberán ser compartidos al Comité de Participación Ciudadana para emitir su opinión.
Para concluir el procedimiento, la Comisión Especial emitirá un dictamen con el listado de los candidatos que cubrieron todos los requisitos, para que las y los diputados en Sesión de Pleno, designen por mayoría calificada a los funcionarios en cuestión.
