Congreso de BC inicia trabajos con ONG internacionales para crear Ley de Personas Desaparecidas

Foto: Dannae Villa

Tijuana.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la organización Elementa Derechos Humanos iniciaron la capacitación de personal técnico del Congreso de Baja California que llevará a cabo las mesas de trabajo del Parlamento Abierto para diseñar la Ley Estatal sobre Personas Desaparecidas.

Previo al encuentro encabezado por la diputada María del Rocío Adame Muñoz, presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, declaró ante medios que en conjunto con las dos organizaciones internacionales, estarán trabajando en la creación de los protocolos para el trabajo con los colectivos de buscadores de personas desaparecidas en el Parlamento.

La legisladora explicó que una vez que se establezcan la parte formal, se lanzará la convocatoria para que los grupos de familiares de personas desaparecidas sean representados durante el proceso, en el que buscan recoger sus impresiones, y sus aportaciones con las que buscan complementar la Ley.

La diputada presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional del Congreso de Baja California, María del Rocío Adame Muñoz. Foto: Dannae Villa

Adame Muñoz detalló que trabajarán un proyecto de Ley estatal que tomará como base la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y las Leyes Estatales de otras entidades, a lo cual se integrarán las adecuaciones y aportaciones emanadas de los colectivos de búsqueda.

“Vamos a abrir una convocatoria para que participen todos los colectivos de búsqueda principalmente para poder recoger todas sus impresiones y poder complementar esta Ley que debe ser un instrumento que sirva”, manifestó.

Reconoció que carecer de un marco normativo, complica el trabajo en el tema de las desapariciones de personas, por lo que se pretende crear una Ley integral y sensible a la problemática y las víctimas, y sobre todo útil.

Por ello, dijo, buscan incluir temas como las responsabilidades de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial y todos los entes implicados, además de dotar de normatividad a herramientas como un laboratorio de detección e identificación de huellas dactilares, entre otros, por lo que calcula que el proceso llevará alrededor de tres meses.

“Se tiene que ir afinando esta ley y que sea lo más perfectible posible y que sea, de verdad, un instrumento que les sirve a las personas”, expuso.

Adriana Pozos Barcelata, responsable del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Foto: Dannae Villa

Durante la sesión, Adriana Pozos Barcelata, responsable del programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), declaró que la desaparición de personas en México es una emergencia humanitaria y una de las consecuencias de situaciones de violencia que más laceran a las sociedad y a las personas que lo padecen, cuya situación es equiparada con la tortura.

Pozos Barcelata recordó que la Ley General en la materia del país, en la que el CICR participó, fue trabajada de la mano con las familias de personas desaparecidas de todos los estados de colectivos acompañados por organizaciones.

Aseguró que en las ocho entidades de las 16 que ya armonizaron su normatividad, se han presentado buenas prácticas y se han perfeccionado con adecuaciones a las necesidades específicas incluso de algunos municipios, como en la búsqueda con perspectiva de género, que consideró como un tema importante para Baja California.

Renata Demichelis Ávila, directora en México de Elementa Derechos Humanos. Foto: Dannae Villa

Por su parte, Renata Demichelis Ávila, de Elementa Derechos Humanos, una organización binacional de Colombia y México que ha trabajado con personas desaparecidas en Baja California desde 2019, reconoció la disposición del Poder Legislativo para trabajar con ellos, y la apertura para integrar a las familias de personas desaparecidas mediante el parlamento abierto.

Demichelis Ávila aseveró que en Baja California existe una crisis en materia de desaparición, en donde han documentado más de 14 mil personas desaparecidas, más de 270 fosas clandestinas y más de 11 mil cuerpos sin identificar.

“Las dimensiones que alcanzan estos números hablan de una urgencia de ya contar con un marco legislativo que nos permita atender pero también prevenir”, afirmó.

Acudieron los legisladores Sergio Moctezuma Martínez López y Araceli Geraldo Núñez. Foto: Dannae Villa

Finalmente, María Elizondo, asesora jurídica de CICR, expuso al personal técnico del Congreso el tema de “Experiencias y buenas prácticas para legislar a favor de las personas desaparecidas y sus familias a nivel estatal”, que buscan replicar en el proceso en esta entidad.

A la sesión también acudieron el diputado Sergio Moctezuma Martínez López y Araceli Geraldo Núñez, integrantes de la comisión legislativa.

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