Tijuana.- El gobierno del Estado presentó ocho denuncias penales en contra de quien fue secretario de Salud del Estado durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, Alonso Óscar Pérez Rico, así como a siete de ex funcionarios de la dependencia estatal.
Lo anterior por pagar sobreprecios en medicamentos e irregularidad en procedimientos de adjudicación directa durante el año 2021 en delitos que se castigan hasta con 17 años de prisión.
Los funcionarios denunciados aprovecharon un decreto federal por la contingencia del Covid 19 para comprar medicinas más caras para padecimientos ajenos a los utilizados para combatir la pandemia, haciendo mal uso de éste.
Así lo informó hoy, durante la conferencia “Miércoles de Mañanera” encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez.
En Mexicali, el funcionario estatal sostuvo que las denuncias penales contra funcionarios de Isesalud, están relacionadas con procedimientos de adjudicación directa de manera irregular y el pago de sobreprecios en medicamentos.
Los delitos que se acusan son ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
El ilícito de atribuciones y facultades se sanciona hasta con 12 años de prisión; ejercicio ilícito del servicio público hasta con 7 años, peculado hasta con 17 años de prisión y abuso de autoridad hasta 7 años de prisión, precisó en su exposición sobre el tema Pon Méndez.
“Las personas denunciadas son las relacionadas a la titularidad de Isesalud por el periodo de 2021 abarca subdirecciones y diverso personal de las distintas áreas administrativas”, indicó el titular de la Consejería Jurídica.
El consejero jurídico del Gobierno del Estado acompañó su exposición con una diapositiva encabezada con la fotografía del gobernador Jaime Bonilla Valdez, con los ojos cubiertos con franja borrosa en el diagrama de flujo, aunque sin nombre, al lado de un recuadro con el texto: Nuevos casos de presunta corrupción en administración 2019-2021.
Abajo, se ubicó a Alonso Óscar “N”, también junto a su imagen con los ojos borrosos y el cargo “ex secretario de Salud”, a quien se le acusa de los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado por 8 casos de adjudicaciones indebidas con acuerdo Covid.
Debajo dos acciones por “adquirir medicamento con sobre precio a” y los nombres de los proveedores cubiertos con una franja negra.
En la misma presentación se colocó debajo del ex secretario de Salud a Carlos “N”, ex subdirector general de Administración al lado de Miguel Ángel “N”, ex jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
A quienes se les vincula con seis adquisiciones de medicamentos con sobreprecio a distintos proveedores.
De una de estas acusaciones se desprende la acusación a Gerardo Abdiel “N”, ex encargado de la Dirección de Administración y por cinco más a Mikel Roberto “N”, ex director de Administración.
“Los pagos que se hicieron por los medicamentos fueron excesivamente altos con relación a los que estaban vigentes en ese momento”, subrayó Pon Méndez.
Cuestionado por la prensa por la razón por la que aparecía la fotografía del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez en el diagrama de flujo, el funcionario estatal respondió “es por el periodo en el que se llevaron a cabo estos (…) vamos a dejar que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para no adelantar”.
El funcionario estatal comentó que “es muy importante señalar que estas son las personas que se están denunciando con independencia de que conforme a la narrativa que se vaya dando o se vaya presentando en el proceso puedan existir imputados adicionales”.
De igual manera, el consejero jurídico insistió en que “es un tema que se relaciona a las órdenes que se dieron para llevar a cabo este tipo de procedimientos de adjudicación directa de manera ilegal y por el pago de los sobreprecios”.
Pon Méndez admitió que la posibilidad del acuerdo reparatorio legalmente existe y sí se podría dar, una vez que el proceso penal llegue a la vinculación a proceso.
De acuerdo con lo expuesto por el funcionario estatal, las adjudicaciones directas se dieron dentro del contexto de un decreto federal, con fecha de marzo de 2020, para poder llevar a cabo este tipo de adquisiciones, el cual señalaba acciones extraordinarias para combatir el Covid.
No obstante, la existencia de este decreto federal no exime a los ex servidores públicos de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, planteó.
Asimismo, el funcionario detalló que diversas adquisiciones directas son irregulares porque los ex servidores públicos que las realizaron no contaban con facultades para ello, no se llevaron a cabo los estudios de mercado correspondientes que garantizaran las mejores condiciones de compra y porque el subcomité de adquisiciones, que es el órgano encargado de autorizar los procedimientos de adquisición nunca sesionó.
“No obstante que estos servidores públicos se respaldaron en un decreto federal que contenía las acciones extraordinarias para combatir la enfermedad del Covid, adquirieron medicamentos que no guardan relación o no son necesarios para la atención de este padecimiento”, denunció el consejero jurídico.
“El combate a la corrupción es un tema emblemático para la administración estatal, pero también un compromiso con los bajacalifornianos. Seguiremos con este ejercicio de combate a la corrupción de transparencia y en coordinación con las distintas dependencias y entidad para elaborar, presentar y dar seguimiento a las denuncias civiles, administrativas o penales”, destacó finalmente.
