Mexicali.- Las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Baja California aprobaron un exhorto dirigido al Poder Judicial del Estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que aceleren los procesos correspondientes para dar resolución a los maestros jubilados y pensionados que fueron víctimas de fraude de caja de ahorros magisterial.
Durante la sesión del jueves 25 de mayo, el diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Manuel Molina García, presentó ante el Pleno una proposición en la que se pide a las autoridades fijar las audiencias en fechas cercanas, para hacer justicia a quienes así lo demandan.
La solicitud aprobada por los legisladores va dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alejandro Isaac Fragozo López y al fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
En los antecedentes al presentar su propuesta, Molina García refirió que desde el año 2018, mil 600 familias de maestros jubilados y pensionados se vieron afectadas cuando su patrimonio desapareció de la caja de ahorros pertenecientes al magisterio de Baja California.
Por ello, interpusieron una denuncia ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional por el delito de administración fraudulenta por parte de las personas líderes de la administración, desde la presidenta, miembros y asociados, así como accionistas e integrantes de los diferentes consejos de administración.
El legislador citó documentos periciales que señalan que el monto de afectación a estas familias asciende a más de mil 500 millones de pesos, que representan años de ahorros, pago de finiquitos, pensiones y jubilaciones, de las y los maestros de la entidad.
“Ahora lo que buscan es recuperar su capital, recibir justicia y que se castigue a los responsables”, afirmó el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Molina García agregó que los familiares de algunos maestros que invirtieron en las cajas de ahorro y que ya han fallecido, con todo el derecho que los legitima, continúan en la búsqueda de recuperar la cantidad que les corresponde.
“Los constantes diferimientos de las audiencias y la separación de tiempo entre las mismas, han dilatado la resolución del asunto sin que se dicte una sentencia”, señaló el legislador morenista.
Al ser los afectados personas adultas mayores, se les limita el derecho al acceso a la justicia, por lo que es obligación de las autoridades tratar el asunto con celeridad, pues muchas personas afectadas han fallecido, concluyó el diputado.
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