Mexicali.- La diputada Julia Andrea González Quiroz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, para establecer derechos de las y los adolescentes, actualización de denominaciones con lenguaje incluyente y perspectiva de género.
Como antecedente de dicha propuesta, la legisladora señaló que de según la Ley, la Comisión debe realizar sus acciones sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de las mujeres y hombres sentenciados, a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
González Quiroz argumentó también, que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario tiene a su cargo también la operación y administración de los Centros de Internamiento para Adolescentes en el Estado.
De acuerdo a la Ley Nacional, aquellos infractores de la ley de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, deben permanecer en internamiento, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Mexicana y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Por todo ello, la inicialista precisó que la reforma que se busca en lo que refiere al artículo 5 de la Ley, propone incluir a las adolescentes en la garantía de abastecimiento, manejo, administración, control vigilancia y seguimiento de las unidades de abastecimientos de productos, servicios alimentarios y de higiene, incluyendo los de gestión menstrual en los Centros de Internamiento para Adolescentes.
Pero también plantea modificar también el artículo 21, para quedar como sigue:
“La Comisión para lograr el acceso a servicios y acceso a productos básicos de las mujeres y los hombres privados de la libertad, así como personas adolescentes en internamiento, contará con unidades de abastecimiento que en todo momento procurará cumplir con las necesidades acordes a cada género, mismas que para su debida administración, control y vigilancia, podrá operar mediante fideicomiso o el instrumento jurídico que determine la Junta de Gobierno”.
La iniciativa será revisada, analizada y discutida en comisiones y si es aprobada, posteriormente llevada hasta el Pleno del Congreso.
