Juez ordena frenar viaducto elevado Aeropuerto-Playas de Tijuana

Foto: Alejandro Gutiérrez

Tijuana.- Un juez federal concedió la suspensión provisional a vecinos de la colonia Libertad afectados por la construcción del proyecto del gobierno federal del Viaducto Elevado Aeropuerto-Playas de Tijuana, en contra de la ejecución de la obra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En agosto, el grupo de afectados, quienes serían reubicados del Cañón Zapata, donde se proyecta levantar el también llamado “segundo piso”, interpuso un recurso de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California.

Esto para que se detuviera la obra que calculan afectará a 200 familias a lo largo de toda la franja, la cual colinda con el muro entre México y Estados Unidos.

Foto: Alejandro Gutiérrez

De acuerdo al documento presentado hoy lunes 18 de septiembre en una rueda de prensa por el grupo de vecinos, el juez les otorgó la suspensión provisional el 11 de septiembre, con el argumento de que las autoridades federales no cuentan con los permisos necesarios para llevar a cabo la construcción.

De acuerdo con Mayra Hilda Montoya Flores, vecina de la colonia Libertad, el juez recibió sus argumentos en el sentido de que que la obra no cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) actualizado, tampoco tiene estudio de impacto urbano, ni estudio de riesgo, ni una evaluación de impacto social, entre otros.

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“La manifestación de impacto ambiental que ellos están mostrando no es la que corresponde a la operación de la obra que ellos están realizando y la que nos están mostrando en un video”, aseguró Montoya Flores.

La residente de la zona detalló que el MIA que presentan actualmente las autoridades para sustentar el proyecto del Viaducto Elevado corresponde a los planos de la obra que se pretendía hacer en la misma zona desde la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid.

En aquel entonces, el anteproyecto se basaba en una Asociación Público-Privada que concesionaría durante varias décadas a una empresa privada la operación de la vialidad.

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Sin embargo, en el año 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una visita a Tijuana, anunció que el gobierno federal llevaría a cabo la obra con recursos obtenidos por la captación de impuestos en las Aduanas.

La obra eventualmente fue entregada a la Sedena, la cual también realiza en esta ciudad la construcción del crucero fronterizo Otay II.

Montoya Flores precisó que en el Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual fue obtenido vía Transparencia, Sedena señala que se publicó una convocatoria para conocer si era necesaria una consulta para llevar a cabo la obra.

Sin embargo, en el documento se asegura que nadie respondió a dicha convocatoria, pero los vecinos afectados aseguran que no ha sucedido de esa manera.

Foto: Alejandro Gutiérrez

“En la MIA hay una fecha que dice que se hizo una convocatoria, se publicó en el periódico local la convocatoria y que nadie pidió una consulta pública, pero esa manifestación de impacto ambiental no corresponde al proyecto que ellos están haciendo”, sostuvo.

Montoya Flores agregó que el Manifiesto corresponde a un proyecto de obra que es a nivel de suelo, que no incluye puentes ni túneles, que inicia en el Aeropuerto de Tijuana y termina en avenida Ferrocarril de la Parte Baja de la colonia, lo cual no corresponde con los planes de la obra que la autoridad ha socializado.

Se trata, dice la vecina, del proyecto de obra que presentó en su momento el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, el cual fue modificado primero en la administración de Jaime Bonilla y más recientemente, por la Sedena.

“Esos cambios le hicieron y no está en la manifestación de impacto ambiental”, afirmó la activista.

Foto: Alejandro Gutiérrez

Por otro lado, Mayra Hilda Montoya Flores señaló que el proyecto tampoco cuenta con el estudio de riesgo que sustente la seguridad de la obra.

“No hay un estudio de impacto urbano, no hay un estudio de riesgo, se les ha dicho que esta zona no compacta, o sea, no soporta tanto peso”, advirtió.

Tampoco, subrayó, hay estudio de impacto social sobre las posibles violaciones a derechos humanos que puede generar la ejecución de la obra.

Foto: Alejandro Gutiérrez

“Vamos a quedar bajo de un puente, eso es indignante”, expuso.

Incluso, manifestó que el Cañón del Matadero, en donde inició la obra, fue declarado área protegida desde el año 2008, por el Cabildo de Tijuana, debido a que posee especies endémicas de flora y fauna en vías de extinción, así como mantos acuíferos, lechos de arroyo que se consideró deben ser dedicados a la conservación.

En la audiencia incidental programada para el miércoles 20, se determinará si el juez les concede la suspensión definitiva, a la que 17 autoridades están citadas.

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“Van a tener que mostrar los documentos actualizados para ver si es verdad que tienen el plan y todos los requisitos”, señaló la afectada.

Entre dichas autoridades están la Sedena, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tijuana, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), el Congreso de Baja California, Catastro Municipal de Tijuana, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiental de Tijuana y el Instituto Metropolitano de Planificación de Tijuana.

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