Tijuana.- Las instalaciones del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y la Vivienda de Baja California (Indivi) en la colonia Garita de Otay en Tijuana, así como su personal, continúan operando con normalidad, dio a conocer el director general del organismo, Saúl Osnaya López.
Aunque se diera a conocer, el 2 de febrero, que las instalaciones del Indivi habían sido embargadas por una orden judicial, su titular aclaró que este hecho nunca ocurrió y la operación del Instituto que encabeza no fue suspendida en ningún momento, ni las propiedades de edificios retiradas.
“El Indivi seguimos laborando de manera ordinaria. No se llevó a cabo la diligencia, pero sí estamos atendiendo de manera responsable la parte legal que nos corresponde”, manifestó Osnaya López en entrevista con PUNTO NORTE.
Al aclarar el hecho, el funcionario estatal detalló que efectivamente se trató de una ejecutoria de una sentencia en un juicio de gastos y costas que se emitió en 2018, pero no contra Indivi, sino contra la Productora de Desarrollo Urbano de Tijuana, Produtsa.
El director del Instituto recordó que Produtsa, una paraestatal que se encargaba de hacer obra pública, regularizar y entregar títulos de propiedad, entre otras atribuciones, se encuentra en proceso de liquidación desde el año 2007 por orden del Congreso de Baja California.
Por ello, desde hace algunas administraciones se encuentra sin personal ni patrimonio, aunque bajo la gestión del titular de Indivi.
Si bien, actualmente, con personal del Instituto, brinda servicios como instrucción de escrituraciones y las titulaciones, y cesiones de derechos entre particulares en torno a propiedades que tiene la Produtsa, lo hace como otra persona moral de gobierno.
Y además, en seguimiento a las instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de atender todos los asuntos de la paraestatal para llegar a la conclusión de su liquidación.
De acuerdo con el director general del Indivi, se trató de una sentencia judicial de un proceso judicial, en el cual se exige el pago de los gastos realizados en otro juicio por parte de un particular, en el que el juez concedió la solicitud y en 2018 ordenó el pago de 11 millones de pesos.
Ahora, el particular promovió la reactivación del proceso y consiguió la ejecutoria del embargo, detalló el director general del Indivi.
Por ello, cuando se presentaron los actuarios al edificio del Indivi en Otay, se pusieron en contacto de inmediato con los abogados del particular para llegar a un acuerdo.
Osnaya López reconoció que hay al menos otros cinco asuntos similares, pero en un momento procesal distinto que se están atendiendo.
Detalló que cuando él tomó protesta como director general de Indivi, en 2021, durante el proceso de entrega-recepción, la administración anterior omitió informar de éste y otros pendientes en el proceso de liquidación de Protusa.
En el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, el hoy diputado local con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez Salinas fungió como titular del Indivi.
Onsaya López aseguró que no fue hasta que los actuarios del Poder Judicial se presentaron el 2 de febrero en sus instalaciones, que el personal del Indivi tuvo conocimiento de este asunto.
“Es un asunto de varios que han llegado y que nosotros desconocíamos. Nos enteramos en la diligencia.Ya es nuestra responsabilidad resolver el problema, y la instrucción de la gobernadora es resolver sin pretexto, independientemente de cómo nosotros nos arreglemos con quien era responsable de hacer ese trabajo”, sostuvo.
El director general de Indivi adelantó que desde aquel día, mantiene comunicación con los abogados del particular y se encuentran negociando un acuerdo.
“Ya estamos en buen diálogo con los abogados, estamos en todo el ánimo de conciliar lo que haya que conciliar, llegar a los acuerdos que haya que llegar”, manifestó.
Por último, Osnaya López agregó que el particular no tiene interés de mantener la propiedad del edificio, que es propiedad de Indivi, sino que busca una indemnización acorde a la sentencia, por lo que el organismo busca proceder mediante el pago de una cantidad de dinero o a través de terrenos.
