Tijuana.- Al insistir que lo primero es la salud de los habitantes y en Baja California no hay intocables, sino que todos tienen que cumplir con la ley, la gobernadora Marina Pilar Ávila Olmeda aseguró que se prepara una estrategia legal contundente para tomar medidas serias y definitivas en torno a la empresa EcoWaste, que se dedica al manejo de residuos sólidos urbanos industriales y comerciales.
Por su parte, Mónica Vega Aguirre, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Baja California, afirmó que la dependencia a su cargo se encuentra lista para realizar la clausura de dicha compañía, que obtuvo su última licencia de operación de manera irregular durante la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Lo anterior, en respuesta a PUNTO NORTE, durante la conferencia “Miércoles de Mañanera” encabezada por la gobernadora Marina del Pilar, donde este medio de comunicación volvió a cuestionar sobre los constantes incendios en esa compañía de manejo especial de residuos sólidos urbanos, en cuyas instalaciones, además la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un doble homicidio.
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La empresa se encuentra ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos y opera en lo que era el antiguo relleno sanitario de Tijuana y para el cual, no tiene permiso para utilizar, pero que de acuerdo con diversos testimonios, recibe toneladas de basura y escombros, los cuales son incendiados de manera clandestina.
Así quedó asentado en la carpeta penal por la desaparición del ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y su ayudante Rubén Ramírez Rojas, quienes fueron víctimas de un grupo de pepenadores que trabajaban en EcoWaste y que utilizaron uno de los contenedores de la empresa para quitarles la vida y calcinar sus cuerpos.
“Es un tema que sin duda, lo vamos a resolver con contundencia, pero lo vamos a hacer de manera responsable”, afirmó Vega Aguirre respecto al tema de la contaminación al medioambiente ocasionada por la empresa.
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Como denunció PUNTO NORTE, desde el 1 de junio inició un incendio que se prolongó por una semana en las instalaciones de EcoWaste y del que de acuerdo a declaraciones de la Dirección de Bomberos de Tijuana y de la Procuraduría Ambiental de Baja California, se hizo cargo una brigada de la propia compañía, no la dependencia municipal, la cual no tuvo acceso al predio.
De entonces a la fecha, los incendios en la empresa de manejo de residuos que se extiende más de 50 hectáreas, propiedad de Rodolfo Rodríguez Miranda, han sido constantes y, al parecer, provocados, como han denunciado tanto vecinos del área como familiares del ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y su asistente, Rubén Ramírez Rojas.
“Obviamente, primero está la salud de los habitantes y de los ciudadanos y estamos ya en el trámite jurídico para tomar medidas serias y que al rato no lleguen con un amparo como suele pasar”, estableció la gobernadora cuestionada sobre el problema ambiental que genera la operación de EcoWaste y sus incendios.
“Ahorita se está en el proceso de revisar lo que compete a la normatividad que le toca al Estado, ambiental, únicamente, pero hay otros temas que también se están revisando”, agregó.
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La semana pasada, recordó la mandataria estatal, hubo una reunión entre la secretaria Mónica Vega Aguirre, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez y el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.
“Revisamos la situación actual de este relleno y todo el contexto que se vive alrededor del mismo. La contaminación que ha generado, si cumple o no cumple y ya la Secretaría de Medio Ambiente está haciendo la revisión”, observó.
Ávila Olmeda explicó que tras esa revisión, se corroboró que los permisos con los que la empresa opera fueron renovados en 2021 por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, actual senador del Partido del Trabajo.
Previamente, fue en la administración de Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid que se le permitió operar a la empresa que acumula no sólo quejas, sino denuncias penales.
Por su parte, Mónica Vega Aguirre, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Baja California, aseguró que una vez que concluyan los cateos que se realizan por parte de la Fiscalía General del Estado, la dependencia estatal procederá a actuar de manera administrativa.
Sin embargo, afirmó “no podemos actuar de manera irresponsable, vulnerar un tema penal, que tiene qué ver con otras cosas, por ir a clausurar. Nosotros estamos listos, administrativamente estamos listos para una vez que se desahoguen”.
La funcionaria estatal sostuvo que la Procuraduría de Protección al Ambiente se apersonó en el lugar el 18 de julio “para hacer una clausura temporal total del relleno”, pero la Fiscalía tenía asegurado y resguardado el predio.
“Existe una orden de cateo emitida por un juez de Control donde autoriza a personas y nosotros no podemos vulnerar, porque pondríamos en riesgo en estos momentos los trabajos que está haciendo la Fiscalía, al entrar personal administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente”, declaró Vega Aguirre.
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Sin embargo, más tarde la gobernadora aclaró que aunque exista una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en el sitio, eso no impide que se proceda con el otro trámite ambiental.
“Eso también decirlo, porque las puertas se pueden abrir para los agentes de la Fiscalía para seguir con la investigación. No impide una cosa a la otra y en ese sentido es que se está revisando por parte de la Secretaría, lo que le compete al municipio, porque es bien importante esto también, que va a pasar con toda esta basura, a dónde se va a ir”, detalló la mandataria estatal.
La gobernadora reiteró que aunque no se puede tomar una decisión de un día a otro, “para nosotros lo más importante es la salud de todas las familias que viven alrededor de este relleno”.
Ávila Olmeda indicó que la estrategia busca evitar que el Poder Judicial de la Federación, “que protege los intereses de estas empresas en vez de los intereses y las necesidades del pueblo de Baja California, de la ciudadanía”, le otorgue un amparo a la empresa para operar.
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“Estamos viendo también el tema de este relleno de EcoWaste, priorizando la salud de todos los habitantes que viven alrededor del mismo y que no vayan a llegar con un amparo y que al rato nos obligue el Poder Judicial Federal a que tenemos que dejarlos operar, porque es más importante la licencia que tienen ellos que la vida y la salud de las familias que viven alrededor”, amplió la gobernadora.
Por lo que insistió “para mí, lo más importante es la salud de todas esas familias. La indicación es que revisen todo lo conducente, todo lo jurídico de qué manera recibió los permisos para que pudiesen seguir operando, pero también, primero está la salud de todos los que viven alrededor”.
Sobre quién es el dueño de EcoWaste, la secretaría del Medio Ambiente Mónica Vega dudó en compartir su nombre.
En la conferencia de prensa declaró no saber si era correcto darlo a conocer.
“Estamos en medio de un proceso administrativo, no quisiera yo vulnerar”, justificó.
Luego, ante la insistencia de los medios de comunicación, reconoció que se trata de Rodolfo Rodríguez Miranda.
“La autorización que se dio en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez fue así, la autoridad lo hizo como una simulación, que primero se les negó la licencia y después, curiosamente se retractaron”, agregó la secretaria.
Mónica Vega aseguró que “es un relleno que nunca debió haber existido, porque es un relleno que fue de residuos sólidos urbanos durante 40 años y repito, en las administraciones pasadas lo revivieron, para recibir residuos de manejo especial.
Es un tema que sin duda, lo vamos a resolver con contundencia, pero lo vamos a hacer de manera responsable”.
Sin embargo, la funcionaria estatal, quien en junio regresó a su cargo tras perder las elecciones como candidata a senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no pudo dar una fecha para clausurar la empresa, pese a las quejas de vecinos de la zona, quienes se ven afectados en su salud tanto por los incendios de basura y escombros como por la contaminación del suelo.
“El tema de los rellenos sanitarios no es nada más llegar y cerrar. Las empresas están obligadas a presentar un plan de cierre, hacer monitoreos constantes porque ahí hay químicos, cosas que se tiene que hacer un monitoreo constante”, agregó Vega.
Por lo que planteó “la irregularidad de ese terreno es que ahí durante 40 años tiraron residuos sólidos urbanos y que en lugar de hacer el cierre y el monitoreo y la restauración de la zona, les dieron otro tipo de autorización para manejar otro tipo de residuos”.
Además, compartió que en una visita de campo que realizó hace un mes y medio, el 17 de junio, “nos pudimos percatar que es todo un ecosistema de cosas que están sucediendo ahí. Desde el relleno, basureros clandestinos, tránsito por vehículos autorizados por el Ayuntamiento donde van y tiran residuos a un basurero clandestino que está dentro de un arroyo”.
A partir de ahí, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la cual forma parte de la Secretaría del Medio Ambiente, ha hecho lo pertinente, afirmó Vega Aguirre, se presentaron denuncias ante la Fiscalía, se presentaron oficios a la autoridad municipal.
Sobre este último punto, señaló “no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la delegación municipal, por parte de la Dirección de Protección al Ambiente, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo”.
