Tijuana.- Como en el resto del país, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Tijuana se encuentran en paro laboral para exigir a legisladores federales que se replantee la reforma judicial próxima a votarse en el Congreso de la Unión.
“Esta reforma que, bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial, busca centralizar el poder, pone en riesgo no sólo la independencia de los jueces, sino también el bienestar en su conjunto”, expusieron en un posicionamiento.
La mañana de hoy, miércoles 21 de agosto, decenas de empleados del PJF, incluidos magistrados, con banderas de México, cartulinas y lonas se colocaron sobre el camellón de Paseo de los Héroes, donde se ubican las oficinas del Poder Judicial de la Federación, a un costado de la glorieta General Ignacio Zaragoza, en Zona Río.
La reforma al Poder Judicial es impulsada tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por la próxima presidenta Claudia Shinebaum Pardo, así como por Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los cuales cuentan con mayoría para aprobar esta modificación legislativa.
Portando camisetas en contra de la reforma que, entre otros aspectos contempla la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular, los trabajadores judiciales solicitaron el apoyo de los automovilistas y peatones que circularon por la vialidad.
“El paro nacional va a persistir hasta que se nos escuche, hasta que se nos tome en cuenta para la elaboración de la reforma judicial, nuestra intención no es dejar de laborar, los órganos siguen abiertos para atender asuntos urgentes”, apuntó Matilde del Carmen González Barbosa, magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California.
La magistrada tomó un micrófono y desde un podio de madera colocado sobre las escaleras de acceso al edificio gubernamental, leyó un posicionamiento, acompañada de funcionarios y servidores públicos del PJF.
La también representante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras expresó que “como custodios de la ley, es responsabilidad levantarnos con cualquier intento de subyugar la justicia de los intereses políticos”.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Edna María Navarro García, destacó que la reforma no tomaría en cuenta los años de experiencia de quienes actualmente ocupan los cargos de jueces, magistrados y ministros.
Pues, a pesar de que la mayoría de estos funcionarios cuentan con una carrera judicial de al menos 20 años, la reforma permitiría ser electas a aspirantes con el único requisito de contar con una licenciatura en Derecho.
“Para poder llegar a ser juez y magistrado, empieza uno desde ser secretario, actuario para poder llegar a ser juez. Si se corta eso y que sea por voto popular, entonces, como dice la mayoría de los trabajadores que son oficiales, que son actuarios ¿de qué sirve entonces estar en el Poder Judicial?”, manifestó la magistrada Navarro García.
En el caso de Tijuana, con más del 90 por ciento del personal en paro, sólo un plantilla de 35 empleados se encuentra trabajando para atender casos urgentes.
El secretario del Juzgado Decimosexto Distrito, Daniel Sánchez Reyes, otro de los manifestantes presentes, indicó en entrevista con PUNTO NORTE que entre Tijuana y Ensenada, son más de 830 los servidores públicos que no están laborando.
Esto representa casi el 95 por ciento del personal en ambos municipios de la Zona Costa de Baja California.
El 5 por ciento restante está atendiendo asuntos urgentes como quejas de tortura o actos que incidan en el interés superior de la niñez, apuntó Sánchez Reyes.
“Si un ciudadano tiene ahorita un juicio civil, un amparo civil, incluso algún amparo penal en un acto de vinculación, no le estamos dando el trámite, para nosotros eso no entra en la urgencia”, detalló el secretario.
Asimismo, Sánchez Reyes señaló que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación “se encuentra muy aliado a la propuesta de la Reforma Judicial”.
“El día de ayer, si tú buscas o encuentras en la página oficial de Twitter de la ministra Lenia (Batres), ella nos desacredita con un comunicado de nuestro propio sindicato, esto ya te da a entender hacia dónde se encuentra inclinado nuestro sindicato”, añadió.
La reforma, planteada como se ha elaborado hasta este momento, cuenta con el impulso del más de 50% de legisladores tanto de la Cámara Baja como la Cámara Alta, quienes resultaron electos como parte de la alianza de la “Cuarta Transformación”, encabezada por Morena, en las elecciones del 2 de junio.
La preocupación del personal del Poder Judicial de la Federación radica en que esta mayoría absoluta no tome en consideración sus inquietudes y apruebe una reforma que no sólo los afecte de manera laboral, sino que vulnere el Estado de Derecho en el país.
“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía para todos los ciudadanos”, expresó la magistrada Matilde del Carmen González Barbosa, al leer el posicionamiento.
De igual forma, la magistrada manifestó que “sin esta independencia, el Poder Judicial se convierte en el brazo derecho del Poder Ejecutivo y la justicia en una farsa”.
Respecto al paro de labores al que se sumaron hoy magistrados y jueces, la magistrada aseguró que “esta acción no es tomada a la ligera, es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras desmantelan los principios que juramos proteger”.
