Mexicali.- La rapiña a tráileres accidentados en zonas como La Rumorosa es el principal problema en materia de seguridad que enfrenta la industria del autotransporte de carga en la entidad y lo cometen grupos de delincuentes organizados.
“Cada vez vemos que son grupos más orquestados. Llegan antes que incluso la ambulancia, antes que la Guardia Nacional”, indicó Luciano Jiménez, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).
El líder empresarial indicó que en lo que va de este 2024, “van 15 casos de rapiña donde se desaparece por completo la carga”.
En entrevista con medios de comunicación, tras una reunión con la Fiscalía General del Estado (FGE), el representante de la Canacar en Baja California observó “vemos que hay una tendencia delictiva que va en aumento sobre todo de mercancías que son de fácil colocación en el mercado como abarrotes, electrónica, refacciones y material de construcción”.
Por lo que indicó que “se necesita un poco más de atención en carreteras, aunque no corresponde propiamente a la Fiscalía, pero es un tema que nos pueden ayudar a coordinar”.
El delegado de la Canacar reconoció que aunque el robo al autotransporte a nivel nacional es mayor que en Baja California, las autoridades están en condiciones de frenar el ilícito antes de que alcance índices más altos.
“En Baja California no es un problema grave, pero sí vemos una tendencia que va en aumento con el tema de los accidentes de los camiones en, por ejemplo La Rumorosa”. señaló.
Por otro lado, Jiménez, que con la alcaldesa Norma Bustamante Gutiérrez, se planteó la agenda de la sobrerregulación que sufre el autotransporte por parte del SAT BC, para que intervenga en la gestión acerca de que dicho organismo estatal transparente su función.
Desde hace tres semanas, observó, una vez que una carga fue documentada y revisada por la autoridad competente, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), SAT BC hace inspecciones en la zona conurbada de la aduana comercial.
Ahí salen mil 500 camiones al día y éstos son detenidos y obligados a abrir las cajas selladas, cuyos sellos obligan a romper, lo que ocasiona conflictos con los clientes, porque los sellos son para garantizar que las mercancías no sean alteradas.
“No encontramos una razón por la cual una autoridad local nos vuelva a revisar, generando un entorpecimiento en el flujo de las mercancías. En todos los casos operan sin oficio de comisión, obligan a romper los sellos y ese es el riesgo”, concluyó Luciano Jiménez.
Con información de Dannae Villa
