Mexicali.- Luego de que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez concluyó su periodo como senador de la República y con ello, terminó su fuero constitucional, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda explicó que el proceso penal en su contra por la contratación de una planta fotovoltaica seguirá su curso y podrá ser llamado a audiencia ante un juez.
“Continuará la investigación, estaba en pausa en el caso del ex gobernador Jaime Bonilla por su fuero constitucional, pero terminó el día domingo, entonces seguramente seguirá, ahora sí, podrá acudir a las audiencias”, refirió la mandataria estatal, hoy miércoles 4 de septiembre, durante su conferencia de prensa Miércoles de Mañanera.
Esto en relación con la denuncia penal que su gobierno interpuso a principios de marzo de 2022 contra el ex gobernador y seis de quienes fueron sus funcionarios por un contrato entregado a la empresa Next Energy para el desarrollo de una planta fotovoltaica en Mexicali.
Sin embargo, la actual administración consideró que el contrato fue en desventaja, además de que se otorgó sin que la compañía contara con los permisos federales para hacerlo.
Por estos motivos, el contrato fue cancelado y a más de dos años de la denuncia interpuesta, el gobierno estatal continúa litigando en tribunales la devolución de un fideicomiso que se creó en Banco Afirme con millones de pesos en participaciones federales.
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El ex gobernador morenista y ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) no ha podido ser imputado de ningún delito debido al fuero constitucional que gozaba como senador y aunque intentó reelegirse en junio de este año, no lo logró.
Por lo que, al terminar su periodo como senador, el 31 de agosto, ya puede ser llamado nuevamente a audiencia para continuar el proceso penal en su contra por el delito de peculado, entre otros.
Al respecto, la gobernadora aclaró “es un tema que está llevando la Fiscalía, no es cacería de brujas que otros hubieran pensado que íbamos a estar ahí al primer minuto del 1 de septiembre y no es así, la realidad es que es un proceso en el cual se está buscando garantizar los recursos públicos de las y las bajacalifornianas”.
Marina del Pilar reiteró que lo que su gobierno busca es simplemente recuperar el dinero que se entregó en la pasada administración para construcción y operación de la planta de energía.
“Lo que nosotros queremos es que estos recursos, estas participaciones federales que le corresponden a Baja California no estén en peligro. Vamos a continuar con este asunto hasta las últimas consecuencias, sin cacerías de brujas, sin inventarnos asuntos como lo hacían en el pasado, aquí es todo bajo el marco de la ley”, reafirmó la gobernadora.
De igual manera, aseguró que será cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado (PJE) lo determinen, que el ex gobernador será llamado a continuar con el proceso penal en su contra.
Respecto a los millones de pesos que se destinaron a dicho fideicomiso y que no han sido devueltos al gobierno estatal, la gobernadora manifestó “ni un solo centavo hemos recuperado”.
No obstante, reconoció que gracias a un amparo tramitado por la Consejería Jurídica del Estado, a cargo de Juan José Pon, “hemos recuperado son todas esas mensualidades que desde entonces no se nos han descontado (…) porque de no haberlo hecho, nos habrían estado reteniendo alrededor de 125 millones de pesos por una gran cantidad de años”.
Por su parte, María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California, confirmó que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó unos escritos para señalar su domicilio procesal, en el caso de alguna notificación.
“Es un trámite regular que puede ocurrir en los procesos cuando así lo determina la defensa o alguna persona que tenga conocimiento que está siendo investigada”, refirió la fiscal.
