Nota aclaratoria: el texto cuenta con modificaciones a su versión original, se elaboraron algunas precisiones respecto a la vestimenta de los detenidos, los vehículos y otros detalles del Informe Policial Homologado
Tijuana.- Cinco elementos de la Guardia Nacional y ocho hombres, tres de ellos vestidos con ropa similar a uniformes policiales con chalecos tácticos e insignias de la Fiscalía, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Agencia Estatal de Investigación, dos de ellos ex pasantes de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron detenidos con una patrulla de la Guardia Nacional y dos pick-ups que simulaban ser patrullas mientras fingían un cateo con el fin de robarle al narco droga, dinero y armas en Tijuana.
PUNTO NORTE estuvo presente en la audiencia de vinculación a proceso, en la cual el juez ordenó mantener a los 13 sujetos en una prisión federal fuera de Baja California, en la que se concentran delincuentes procesados por delitos graves, como delincuencia organizada, posesión de armas o terrorismo.
Al grupo se le detuvo en posesión de fentanilo, opio, dinero, armas largas, cortas y cartuchos, por lo que los hombres fueron llevados ante un juez, quedando una vez más al descubierto cómo la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República se encuentran y siguen infiltradas por los miembros del narcotráfico en el Estado.
De acuerdo a información obtenida por PUNTO NORTE de las áreas de inteligencia y seguridad, este grupo de delincuentes y policías corruptos, colaboran con personas vinculadas a un cártel, quienes les proporcionan la información de dónde otros grupos del narcotráfico resguardan droga, dinero o armas para ellos robarla y obtener ganancias por vender la mercancía. Se les conoce como “bajadores”, en el bajo mundo del crimen organizado.
En su modo de operación, para introducirse a los domicilios de manera ilegal, los delincuentes y los policías corruptos fingen tener una orden de cateo, llegando a los domicilios con unidades de la Guardia Nacional y otras similares a patrullas, con armas y uniformes para hacerse pasar por un operativo real.
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Una vez dentro de los domicilios, roban la droga, el dinero o artículos de valor, o en algunos casos piden rescate por las personas o bien, las víctimas son entregados al grupo rival.
Estos cinco agentes activos de la Guardia Nacional y los ocho civiles fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano con armas y droga, el 27 de septiembre en un taller de motocicletas a una cuadra de las instalaciones de la Cruz Roja en la colonia Los Santos o Pedregal Oeste, a metros del bulevar Federico Benítez.
Algunos de los detenidos ya habían sido arrestados en actos similares relacionados con el robo o posesión de droga, pero se encontraban libres.
La detención de estos 13 delincuentes se registró alrededor de las 11:30 de la noche del 27 de septiembre.
De acuerdo al Informe Policial Homologado, incluido en la carpeta de investigación, a esa hora tanto los elementos federales como los civiles armados se encontraban dentro y frente a una bodega con fachada de taller de motos, sobre la avenida Enrique Silvestre y Del Pedregal, al lado de la veterinaria City Pet Shop, a una cuadra y media de Costco.
Los detenidos habían llegado ahí en varias camionetas, entre ellas una unidad de la Guardia Nacional y dos unidades tipo pick-up blancas con vidrios polarizados, una de las camionetas tenía placas de circulación registradas como pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero hasta el momento de la audiencia, no se pudo comprobar si las láminas habían sido robadas o clonadas.
Cuando se encontraban en el lugar, arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e intervinieron al grupo para cuestionarles de qué se trataba su presencia y a cuál corporación pertenecían.
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En el Informe Policial Homologado (IPH) que se presentó durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal señaló que ese grupo de la Sedeña tiene a su cargo corroborar que las unidades oficiales de la propia Sedena y de la Guardia Nacional circulen en las áreas a las que fueran adscritas.
De esta manera, cotejan con un listado que indica el número de unidad y el sector de la ciudad donde deben encontrarse. Los militares argumentaron que al cotejar el número de la unidad oficial de la Guardia Nacional en el sitio, la lista les indicaba que debía estar patrullando en la delegación Otay.
Por lo que se acercaron a cuestionar a los agentes de la corporación para saber por qué no estaban en esa área, ubicada a unos minutos de distancia en vehículo, sino en la delegación municipal La Mesa.
Sin embargo, también existen otras dos posibilidades de la intervención: o los soldados fortuitamente llegaron al lugar y, aún viendo uniformados de la FGR y Guardia Nacional, decidieron intervenirlos e interrogarlos, o bien, las personas afectadas o propietarios del inmueble y la droga se comunicaron con algún contacto en Sedena para que fueran a su auxilio.
Según lo plasmado en el Informe Policial Homologado, los militares observaron afuera del local una patrulla con los logos de la Guardia Nacional y varios hombres a bordo, algunos con uniformes de dicha corporación y a otros tres hombres.
Uno de ellos llevaba las siglas AEI, las cuales son de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado y dos más tenían las siglas AIC, las cuales son de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
Además, portaban chalecos tácticos, uno con la leyenda “Fiscalía” y un parche de la AEI, otro tenía un chaleco con parches tanto de la AEI como de la AIC.
Los tres estaban vestidos con pantalón caqui y playeras negras, un conjunto similar a los uniformes de los policías ministeriales, tanto de la FGE como de la FGR.
Al acercarse los militares, desde el interior del local, en un intento de evasión de responsabilidad, lanzaron hacia afuera un bote, que a la postre se determinó que contenía más de mil pastillas de fentanilo, según la versión presentada ante el juez.
Al ser abordados, los sujetos, algunos de ellos armados, se identificaron como elementos de la Guardia Nacional, de la FGR y de la FGE y aseguraron estar ejecutando una orden de cateo en el taller de motocicletas.
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Sin embargo, no presentaron ante los militares el documento que ampara dicha acción.
Por ello, los elementos de la Sedena pidieron a todos identificarse.
Cinco mostraron credenciales de la Guardia Nacional, seis más presentaron identificaciones falsas y otros dos se identificaron con placas apócrifas de la FGR, las cuales tenían los nombres de agentes reales en activo.
Al cotejar, los elementos de la Sedena pudieron confirmar que cinco de ellos efectivamente eran miembros efectivos de la Guardia Nacional, pero el resto no.
Durante su intervención, la cortina metálica del local se abrió y los soldados pudieron observar desde afuera que adentro había más hombres y frente a ellos una mesa con un arma larga y dinero.
Ante eso, aseguraron a los 13 hombres, dieron parte a la Fiscalía General de la República y aseguraron el lugar, que fue vigilado hasta su entrega a dicha corporación por un elemento de Infantería.
Horas después del arresto, la Fiscalía General de la República realizó un cateo en el lugar de los hechos, donde se aseguraron mil 462.7 gramos de opio, mil 145 pastillas de fentanilo, un arma larga, dos calibre nueve milímetros de uso exclusivo, cartuchos, otras armas cortas y varios vehículos, incluida una patrulla de la Guardia Nacional.
La audiencia
Durante la audiencia inicial, celebrada el viernes 3 de octubre, los 13 detenidos estuvieron representados por tres bloques de abogados particulares y una defensora pública, pero ninguno de ellos pudo evitar que el Ministerio Público acreditara ante el juez lo necesario para que fueran vinculados a proceso.
Todos fueron vinculados a proceso de manera diferenciada por cinco delitos, tales como asociación delictuosa, delitos contra la salud en modalidad de comercialización y venta, uso de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, uso indebido de uniformes, y uso de documentos falsos, así como usurpación de funciones.
En la audiencia, que se extendió por seis horas, se confirmó que cinco de los 13 imputados son elementos activos de la Guardia Nacional asignados en Tijuana, mientras que el resto de los detenidos son civiles que vestían uniformes similares a los de los agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y otros dos con uniformes auténticos.
“No van a convertir esta audiencia en un carnaval”
Desde el inicio de la audiencia de vinculación de proceso, el juez se dirigió a los imputados para decirles que aunque fuera un caso mediático, por la presencia de la prensa, no tenía ninguna “intención de perjudicarlos”.
A partir de ese momento y por las siguientes seis horas, el juzgador interrumpió y dio receso en varias ocasiones debido a lo que llamó “tácticas dilatorias” de los abogados de los detenidos.
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Y es que previa a la presentación de datos de pruebas en favor de los imputados, los tres bloques de defensa pidieron posponer la audiencia, con el argumento de que se encontraban dentro del término constitucional para el desahogo de la petición de vinculación a proceso.
Sin embargo, el juez no concedió más que un receso de veinte minutos, luego de una reunión privada entre la defensa y la Fiscalía, debido a que no podían avanzar en la audiencia.
Además, los abogados privados pretendían debatir datos de prueba discutidos y admitidos en la audiencia anterior, en la que se declaró la legal detención, y en la que algunos de ellos aún no llevaban la defensa.
Por ello, en reiteradas ocasiones, el juez señaló que la defensa estaba usando esa estrategia y la repetición continua de argumentos “para ver si se desquicia (el propio juez)”.
“No van a convertir esta audiencia en un carnaval”, dijo al insistir que los abogados pretendían apelar a una distracción u olvido de su parte.
“¡Queda relevado!”, juez corre y multa en audiencia a abogado
Para desestimar la hipótesis del agente del Ministerio Público, los abogados defensores señalaron que el representante de la FGR no presentó elementos suficientes para establecer la intención de sus representados de comercializar el opio y las pastillas de fentanilo encontradas en el lugar de los hechos.
Así como que al imputar la posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, no dio detalles criminalísticos sobre el tipo de armas específicas, por lo que cabía el riesgo de que las armas aseguradas fueran cambiadas por otras.
En este momento, el juez interrumpió para cuestionar al abogado si estuvo en la audiencia anterior y si había pedido esa precisión en su momento.
Ante la negativa, le dijo: “¡Queda relevado!”, y le pidió a otro abogado del mismo equipo que continuara, pero ante la insistencia del primero le dijo: “Usted está en desacato”, y le ordenó veinte días de multa mientras azotaba el martillo de madera en la mesa, y amenazó con expulsarlo de la sala si continuaba hablando.
“Estuvo en la imputación y no pidió la precisión de la que ahora busca sacar ventaja”, manifestó a manera de explicación, y ante ello, ordenó otro receso para que la defensa se pusiera de acuerdo.
De regreso, recordó que un despacho podría tener la cantidad que quisiera de abogados, pero deben conocer la estrategia defensiva de cada uno de ellos, además de que se presentaron en varios bloques, por lo que no podía permitir que se estuvieran siguiendo argumentos entre bloques distintos.
Los argumentos de la defensa
Los abogados de los detenidos intentaron desestimar la imputación del delito de usurpación de funciones públicas, pues dijeron que a pesar de que los imputados aseguraron estar llevando a cabo un cateo, nunca lo ejercieron y sólo lo aparentaron.
También señalaron que no había delito de asociación delictuosa, puesto que no hay dato que señale que se hayan reunido previamente para delinquir o acordar delinquir.
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Asimismo, la defensa de Luis Dagoberto consideró que la fiscal no probó que su defendido haya lanzado del lugar el bote con pastillas de fentanilo y que haya tenido conocimiento de la droga.
En su intento por desestimar el cateo realizado por la FGR en el lugar de los hechos posterior a la detención, la defensa señaló que el IPH está firmado por el MP, pero no incluye un formato que establezca quién del personal militar resguardó el inmueble e hizo la entrega correspondiente al agente del Ministerio Público, asegurándose de que su interior fue preservado y no manipulado.
Por su parte, la Fiscalía señaló que el opio y las pastillas de fentanilo no eran para consumo, ante la presencia del dinero; además de las armas encontradas dentro, algunos portaban pistolas de calibre 9 milímetros y otras de uso bajo licencia, pero sin mostrar el permiso.
Asimismo, el agente del MP precisó que la carpeta de investigación muestra fotografías de las armas aseguradas, por lo que no podrían cambiarse en una etapa procesal posterior.
Y que si bien, quienes estaban afuera no estaban en contacto con las armas largas, sí estaban dando seguridad a los que estaban dentro del lugar con esos artefactos bélicos.
El fiscal del caso agregó que no es la única ocasión en la que la mayoría de los detenidos realizaban esta actividad, puesto que han sido detenidos previamente por delitos similares.
La decisión del juez
En la etapa de consideraciones, el juez determinó que coexistió un delito en flagrancia con indicios del descubrimiento de diversos delitos, por lo que vinculó a los 13 detenidos con el delito de asociación delictuosa.
En primera instancia, tras la confirmación de la existencia de un hecho con apariencia de delito, todos los presentes tenían un rol.
Y el hecho de que los de la Guardia Nacional y otros estuvieran afuera no implica que no sean parte de la organización, sino por el contrario, que se encontraban en el exterior aparentando un cateo para poder ingresar a la bodega.
También concedió la vinculación de todos los imputados en delitos contra la salud por posesión de opio y fentanilo con fines de venta.
Ello por la presencia de la droga y del dinero del que, según la Fiscalía, no se demostró su legal procedencia y porque hasta esta etapa no es determinante señalar quién arrojó el bote con pastillas.
Según su nivel de participación de acuerdo con los indicios, a los civiles, con excepción de David, también se les vinculó por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso indebido de uniformes.
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El juez consideró que los civiles detenidos portaban ropa similar a los uniformes policiales, en claro signo de coordinación, y cualquiera, aunque los viera juntos, asumiría que pertenecen a corporaciones de seguridad.
A los dos hermanos con placas policiales falsas de la FGR también se les vinculó por uso de documentos falsos y usurpación de funciones.
Y a los elementos de la Guardia Nacional, el juez los eximió de estos tres últimos delitos.
En el primer caso, debido a la reciente reforma que les integra totalmente a las Fuerzas Armadas del país, y en los otros dos, porque son elementos en activo.
Todos los delitos que se les imputan, dijo el juzgador, fueron cometidos de manera dolosa y directa, así como en calidad de copartícipes.
Trasladados a Sonora, junto a narcos y terroristas
El juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los 13 detenidos, y ordenó que fueran enviados al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) en Hermosillo, Sonora, para que cumplan con la medida cautelar de prisión.
Este penal de máxima seguridad está diseñado para delincuentes de alta peligrosidad, vinculados a delincuencia organizada, principalmente.
El juez de control del Poder Judicial de la Federación argumentó que el envío a un Cefereso es debido a razones de seguridad para los imputados, pues sus conocimientos entre la población penitenciaria sobre la operatividad de la Guardia Nacional en Baja California podía perjudicar no sólo a sus compañeros que de la corporación, sino a sí mismos.
Los tres bloques de defensa privada pidieron reconsiderar la medida cautelar de prisión preventiva desde la audiencia inicial de imputación, considerando la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano para que la elimine de su normatividad.
Incluso, evocaron la Ley de Amparo y una tesis de un tribunal regional, pero el juez, dirigiéndose a los imputados, argumentó que aún la Constitución federal no ha sido modificada en ese sentido.
Por lo que, por jerarquía, tiene que apegarse a ella. De lo contrario, violaría la ley y podría tener sanciones.
Finalmente, ante la petición de la Fiscalía de tres meses para realizar la investigación complementaria y la de la defensa que pidió quince días, el juzgador otorgó dos meses para que el Ministerio Público revise antecedentes penales, extraiga datos de dispositivos telefónicos, determine el vínculo del propietario del lugar y de los vehículos asegurados.
El anuncio del traslado de los 13 imputados al Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, Sonora, tomó por sorpresa a los presentes en la audiencia, incluyendo a familiares.
A pesar de que algunos de los imputados hicieron uso de la voz para pedir que los mantuvieran en los penales de Baja California, el juez consideró que, como servidores públicos, conocen los operativos de la Guardia Nacional, dos tuvieron acceso a identificaciones de la Fiscalía General de la República, y el resto se hizo pasar por agentes federales, por lo que incluso dentro de los penales locales podrían correr riesgo ellos mismos.
Los detenidos
Los cinco agentes de la Guardia Nacional detenidos iban con sus armas de cargo y en una patrulla oficial. Fueron identificados como Julio M., Ignacio T., William Esaú, Gustavo S. y Edgar S.
El Registro Nacional de Detenciones, consultado por PUNTO NORTE, da detalles de la descripción de los detenidos esa noche: “uniforme de la institución de la Guardia Nacional, guerrera pixelada color blanco, pantalón blanco, botas negras, casco negro táctico, chaleco color negro con insignia de la GN”.
Entre los detenidos iban dos hermanos de nombres Gustavo y Abraham, quienes al momento de la detención vestían uniformes de pantalón caqui y camisas polo negras con insignias de la FGR.
Ellos mostraron credenciales apócrifas a nombre de agentes activos.
De manera extraoficial, PUNTO NORTE pudo corroborar que los hermanos detenidos, hasta hace unos meses, eran “pasantes”inscritos en la FGR, quienes como parte de su servicio social como estudiantes de Derecho en la universidad, auxiliaban en labores propias de la Agencia de Investigación Criminal.
El resto de los detenidos, quienes también llevaban uniformes de color de la FGR, son Alan Guadalupe E., Jesús Alberto M., Luis Dagoberto M., David, Kevin o Esteban Gerardo C. y Luis Enrique.
En la detención, a Jesús Alberto y Gustavo se les aseguró, a cada uno, un arma calibre 9 milímetros, con cartuchos.
Mientras que en el cateo, se encontró un arma calibre 7.62 tipo fusil, con cargador y 8 cartuchos, así como una pistola 9 milímetros y un arma corta .380, sin licencia.