Intérpretes de lengua indígena no reciben pagos dignos en Baja California

Por
Montserrat Peraza Robles
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Edith Matías, coordinadora de CEPIADET. Foto: Enrique Cortez

Tijuana.- Los intérpretes y traductores de lenguas indígenas se enfrentan a barreras laborales, pues su trabajo no es debidamente remunerado, ya que muchas veces trabajan de manera gratuita en instituciones gubernamentales para ayudar a las personas que acuden a ellas sin hablar ni entender español.

Para visibilizar su labor, asociaciones civiles en beneficio de los derechos humanos de los pueblos indígenas realizarán el Encuentro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lengua Indígena, este viernes 15 y sábado 16 de noviembre en el Hotel Sunio City, en Tijuana.

“Que se vea nuestra labor, precisamente como un trabajo que se dignifique y se remunere también como corresponde”, resaltó Edith Matías, coordinadora del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, (CEPIADET) durante una rueda de prensa hoy, 13 de noviembre.

Se espera la asistencia de hablantes de lenguas indígenas de diferentes regiones tanto de México como de Estados Unidos para participar en los paneles y talleres que ofrece la red de intérpretes de lenguas originarias.

El Encuentro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lengua Indígena se desarrollará el 15 y 16 de noviembre. Foto: Enrique Cortez

El evento, que iniciará a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 5:00 de la tarde, los dos días, estará abierto al público, por lo que cualquier persona interesada puede acudir.

Edith Matías señaló en entrevista con PUNTO NORTE que las dependencias de gobierno suelen solicitar ayuda de intérpretes de asociaciones civiles para atender a la comunidad indígena debido a que entre su personal no hay personas bilingües.

Esto obstaculiza el derecho a la salud, a la educación y, sobre todo, a la justicia, indicó la activista.

La coordinadora de CEPIADET señaló que en los casos en que las instancias gubernamentales contratan a intérpretes o traductores de alguna lengua indígena, suelen darles puestos de trabajo distintos, en los que no es su obligación traducir, por lo que entonces deben desarrollar una doble carga de trabajo.

“Por ejemplo, acabamos de tener un curso en Quintana Roo en donde dicen que tienen un secretario de juzgado que es el intérprete y muchas veces la agenda para las audiencias, depende de él, para ver en qué momento se está libre para poder llevar a cabo la audiencia y realizar la interpretación. Entonces todavía no logramos esas condiciones dignas”, comentó la también académica.

Otra de las situaciones es el adeudo de pago que las instituciones de gobierno, como Fiscalía, Juzgados y hospitales, tienen con los intérpretes que ya realizaron su trabajo, pues el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo “le da vueltas” a la solicitud y aprobación de presupuesto.

Jorge Álvaro Ochoa, presidenta de la CEDHBC. Foto: Enrique Cortez

“La única que tiene el recurso etiquetado para traductores es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero también tiene sus limitantes porque está sujeta a los periodos fiscales. Por ejemplo, de diciembre a enero no hay recursos disponibles porque cierra el ejercicio fiscal y en lo que se apertura el nuevo, hay un vacío”, agregó Matías.

En Baja California, hay 300 mil personas indígenas que pertenecen a 52 de los 68 pueblos originarios que existen en todo el país.

De ahí la necesidad de que en todas las dependencias gubernamentales existan intérpretes vocales y traductores que apoyen a difundir escritos de los servicios públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Álvaro Ochoa, recordó que la Fiscalía Regional de San Quintín, recientemente contrató a tres mujeres de habla triqui y zapoteco para trabajar en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

A finales de octubre, San Quintín se convirtió en el segundo municipio del estado en contar con un CEJUM, el cual va encaminado a atender a una importante población indígenas que radica en este municipio.

Matías habló de la falta de recursos en dependencias de gobierno para pagar a intérpretes. Foto: Enrique Cortez

El ombudsperson recordó que existen dos recomendaciones por parte de la CEDH en relación con la violación de derechos humanos de las personas de pueblos originarios.

Una fue emitida en el año de 2015, dirigida al Sistema DIF Municipal de Mexicali y la Policía Municipal de Mexicali. La segunda se remonta al año 2007 y fue hecha al Sistema DIF de Baja California.

Mientras que la recomendación del año 2007 fue canalizada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la correspondiente al año 2015 sigue sin ser cumplida.

“No son muchas las quejas, pero sí son muchas las acciones que realizamos para promover el respeto y el conocimiento de las comunidades indígenas”, puntualizó Ochoa.

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