Hace unos días, magistrados del Poder Judicial de la Federación ordenaron a los hermanos Ricardo y Gerardo Álvarez Jiménez, la entrega del inmueble y de la empresa en la que operó por años el bar Adelitas, uno de los centros de prostitución más grandes y redituables de Tijuana y que actualmente se encuentra asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de trata de personas y explotación sexual a menores de edad.
REPORTAJE ESPECIAL
El centro nudista Adelitas, ubicado en la emblemática calle Coahuila en la Zona Centro de la ciudad, no opera desde que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) realizó un operativo en el inmueble, siendo la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores y Personas, la instancia de la FGR que cerrara sus puertas en febrero de 2023.
El Adelitas fue clausurado meses después de que Isis, una adolescente de 19 años fue degollada por uno de los clientes del lugar, quien ingresó armado, dejando ver la falta de protocolos de seguridad en el establecimiento. La joven era víctima de trata por un hombre que conoció desde los 15 años en Hidalgo y quien obtenía ganancias por su explotación sexual.
La historia del Adelitas, que presumía en su publicidad se encontraba abierto desde 1962, al parecer llegó a su fin. Al menos para Ricardo y sus hermanos, Gerardo, María Isabel y Juanita, quienes se apoderaron del negocio que su padre junto con otros familiares fundaron y administraron por años.
Un tribunal federal emitió una sentencia que obliga a los hermanos Álvarez Jiménez a entregar el negocio a unos nuevos dueños, quienes compraron los bienes de la empresa hace cuatro años con el fin de administrar un nuevo negocio.
Los nuevos inversionistas se han enfrentado en los tribunales a Ricardo y Gerardo Álvarez Jiménez.
Este último fue denunciado en 2017 por el secuestro de su propia madre en Tijuana para obtener un poder notarial, al haber obtenido la firma de su señora madre en varios documentos con lo que se apoderó de los negocios de la familia en complicidad con algunas de sus hermanas y con el Notario Público Número 4 de Tijuana, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí.
El caso fue documentado por diversos medios de comunicación y fue expuesto a la luz pública, incluso a nivel nacional, pues con las firmas de poderes notariales lograron despojar a otros hermanos de negocios propiedad de su padre, quien había fallecido semanas antes. Todo esto quedó plasmado en la denuncia penal.
“No me dejaban salir ni al baño sola, toda la noche me la pasé vigilada… me tenían bien cuidada en una casa de seguridad, lo que me desconcertaba, no podía creer de lo que estaba siendo objeto por mis propios hijos, amigas y enfermera, tenerme privada de mi libertad personal”, se plasmó en la denuncia que la madre de los hermanos Álvarez Jiménez interpuso en 2017.
Sentencia
Hace una semana, el 26 de noviembre, magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) dejaron sin efecto los argumentos que Ricardo y Gerardo Álvarez Jiménez intentaron hacer valer para no entregar el bar Adelitas a sus nuevos dueños, el cual fue vendido por medio de una transacción ya culminada, pero que intentaban quedarse por medio de esquemas ilegales.
Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con base en Mexicali, Baja California, en el incidente de revisión 70/2024 respecto a una sentencia ya emitida por un juez federal, quien había resuelto que los alegatos de los Álvarez Jiménez eran improcedentes para no entregar el negocio, que ya fue vendido a los nuevos propietarios.
Se trata de un litigio de hace casi dos años, emprendido por medio de diversas razones sociales y abogados, para evitar que los nuevos dueños legítimos de la empresa dedicada al giro de entretenimiento puedan hacer uso de ella.
De hecho, el Quinto Tribunal Colegiado del PJF publicó como concluido el asunto que desecha los intentos de Álvarez Jiménez por frenar la entrega de la empresa.
Bajo el número de amparo 70/2024, los magistrados respaldaron la resolución de un juez de distrito, en funciones de juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo.
De acuerdo a documentos oficiales emitidos por los tribunales, en 2023, precisamente por la falta de fundamentación legal para que la empresa permanezca asegurada, diversos jueces federales ordenaron que el aseguramiento se levantara y el inmueble fuera entregado.
Sin embargo, por medio de una serie de amparos, Álvarez Jiménez intentó dar reversa a las resoluciones judiciales que le permitirían a los nuevos dueños del conocido bar operarlo de nueva cuenta, ya sin él como el principal administrador del negocio.
Guerra de tráfico de influencias y litigios judiciales
Desde el 12 de mayo de 2023, un juez federal había ordenado “levantar el aseguramiento y entrega del inmueble”, el cual se ubica en la calle Coahuila de la Zona Norte y que, desde febrero de 2023, tras un cateo de la Fiscalía General de la República (FGR), quedó asegurado.
Fuentes relacionadas al caso explicaron que, por medio del uso de influencias, enormes sobornos y extorsión de altos funcionarios federales, los hermanos Ricardo y Gerardo Álvarez Jiménez lograron que la FGR asegurara el inmueble, tras la venta de la empresa a sus nuevos propietarios, para así impedirles la operación del negocio.
Según los abogados cercanos al caso, se presume la intervención directa de Alfredo Higuera Bernal, actual titular de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) de la FGR, a cargo del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
De Higuera Bernal, la revista Proceso documentó que fue uno de los asistentes a la boda de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel Aispuro en 2007, hechos que fueron negados por él mismo en una conferencia de prensa en su calidad de ex procurador de Justicia del Estado de Sinaloa.
Su hermano, Gilberto Higuera Bernal es fiscal General del Estado de Puebla y fue subprocurador General de la República en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006).
Recientemente, anunció que se inscribió, tras la entrada en vigor de la Reforma Judicial, para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En esta red de complicidad e intervención de la FGR, en la cual se han señalado altos sobornos para el uso de las instituciones públicas en los asuntos privados, sobresale el nombre de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex procurador de Justicia de Aguascalientes y ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuyos alcances y tráfico de influencias ha alcanzado para influir en los litigios y llevarlos en ocasiones al terreno penal.
El historial de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez está marcado además por los actos de tortura que cometió contra 19 ex policías de Aguascalientes, hechos que quedaron asentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
De igual manera, se consignó en su momento la intromisión del Juan Ramos López, quien fue no sólo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sino mano derecha del fiscal general de la República, Gertz Manero.
Ramos López falleció en septiembre de 2023, siete meses después del cateo al Adelitas.
También se menciona a personajes locales, algunos vinculados al primer nivel en el organigrama del ex fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández y el ex fiscal central, Hiram Sánchez Zamora.
Un conflicto de herencia y poder
Las disputas por el bar Adelitas iniciaron en 2017, cuando Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, padre de Gerardo Álvarez Jiménez, falleció.
Su herencia, entre empresas, cuentas bancarias, propiedades y demás, provocó no sólo conflictos dentro de la familia, sino incluso la comisión de delitos.
En específico, Gerardo Álvarez Jiménez fue denunciado penalmente por su propia madre de haberla secuestrado en Aguascalientes, donde se encontraba delicada de salud, para trasladarla hasta Tijuana, Baja California con la complicidad de sus hermanas.
Una vez en esta ciudad, la obligó a firmar un poder para cederle las acciones con las que la mujer contaba en las empresas de su familia.
De esta manera, Gerardo Álvarez Jiménez se apropió de la mayor parte de los negocios que su padre, Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, había construido con su cuñado, Juvenal Jiménez Loza, hermano de la señora María Guadalupe Jiménez Loza y tío de Gerardo Álvarez Jiménez.
El primero de estos negocios fue Rigeisa de Tijuana, la cual inició en 1983 y que hasta hace poco operaba los negocios Adelita Bar, Hotel Coahuila y La Valentina Bar, todos ubicados en la Zona Norte de Tijuana, siendo uno de los principales sitios de entretenimiento nocturno para adultos en la frontera.
A pesar de que Juan Daniel Álvarez Gutiérrez y su cuñado Juvenal Jiménez Loza lograron administrar juntos sus negocios, una vez que el primero falleció, el esquema de las empresas se vino abajo con las diversas discordias dentro de la familia Álvarez Jiménez.
De ahí que el 15 de diciembre de 2017, tres meses después de la muerte del patriarca de la familia, Gerardo Álvarez Jiménez fue denunciado en la Fiscalía General de Aguascalientes, por el secuestro de su madre.
Sin embargo, desde hace casi cuatro años, los negocios del corporativo ya fueron vendidos a nuevos propietarios, quienes realizaron la compra confiados en que podrían hacer uso de las diversas empresas sin mayor inconveniente.
Lo que en realidad ha transcurrido son varios años de litigios en tribunales, pues desde la intromisión de la FGR hasta una serie de amparos les han impedido hacer uso de las empresas.
Sin embargo, con esta nueva resolución, Ricardo y sus hermanos Gerardo, Maróa Isabel y Juanita Álvarez Jiménez pierden una batalla legal que tenía trabada, hasta hace unos días, la operación del bar Adelitas.
