Tijuana.- Orvendilo Navarro Hernández, juez de control de Baja California, ordenó la libertad del líder de una banda de secuestradores y asesinos, quienes enjaulaban a sus víctimas, algunas asesinadas posteriormente, entre ellas, comerciantes y empresarios del Estado, así como extranjeros.
La determinación del juez, a quien el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, le tomó protesta como tal apenas en 2022, ha levantado más sospechas de corrupción y sobornos que se sabe existen entre jueces, magistrados, personal de la Fiscalía y delincuentes.
Se trata de la liberación de un sujeto identificado como Daniel, alias “El Tigre”, a quien la autoridad señaló de ser la cabecilla de una célula criminal altamente peligrosa, que operaba en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito con un poderoso acopio de armas de fuego, casas de seguridad y más de 20 vehículos, de acuerdo a la información proporcionada en el momento de su detención.
“El Tigre” fue arrestado junto a ocho personas en un fuerte operativo el 29 de marzo de 2020, en donde se catearon seis casas de seguridad de manera simultánea, con la participación de decenas de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la extinta Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), que le costó la vida a un policía.
En aquel operativo, se aseguraron 11 armas de fuego, entre ellas, cinco “cuernos de chivo”, dos rifles de asalto AR-15 y varias armas cortas, además de chalecos antibalas, 24 celulares y equipo táctico, pero también altares de la Santa Muerte.
En una de las casas que fueron cateadas por la Unidad Estatal del Combate al Secuestro para detener a “El Tigre”, los delincuentes que se encontraban armados abrieron fuego contra los agentes de la Fiscalía, resultando en la muerte del policía Alfonso Bustamante Lagunas, agente de la GESI, además dos de sus compañeros fueron heridos de bala.
Tras el arresto y desmantelamiento de la banda, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el grupo criminal estaba involucrado en múltiples homicidios, secuestros, desaparición de personas, asaltos y tráfico de drogas, entre otras actividades delictivas.
En ese entonces, los titulares de la Fiscalía confirmaron la participación del grupo en ataques armados de alto impacto, uno de ellos, una balacera registrada horas antes de su detención, en el velorio de un hombre en la colonia El Pípila, en donde los sicarios dispararon en más de 100 ocasiones encapuchados y con chalecos antibalas, dejando un muerto y tres heridos.
El grupo criminal de Daniel “El Tigre” o “El Tigrito” protagonizó múltiples secuestros, homicidios y desapariciones, según dio a conocer en conferencia de prensa la Fiscalía.
Además, en aquella presentación por parte de las autoridades, se detalló que entre sus víctimas de secuestro se encontraban ciudadanos extranjeros, quienes tenían actividades empresariales y comerciales en el Estado, así como otras personas, quienes eran introducidas a un jaula de metal durante los días o semanas de su cautiverio, mientras los secuestradores cobraban rescates millonarios. Otras víctimas jamás fueron encontradas con vida y unas más fueron asesinadas por el grupo.
Una de las víctimas, un ciudadano canadiense que había establecido su empresa en Tecate, fue secuestrado junto a su empleado y amigo por esta banda delictiva el 12 de febrero de 2020.
La víctima, a pesar de ser extranjera, se atrevió a denunciar ante la Fiscalía los hechos porque, según expresó, tenía conocimiento de que el delito de secuestro no quedaba en la impunidad, como actualmente y lamentablemente ocurre.
En los últimos meses, sospechosamente, la Fiscalía General del Estado ha “perdido” múltiples casos relevantes ante los abogados defensores y jueces, por lo cual criminales de alto perfil son dejados libres en tribunales, frente a la pasividad de la institución.
Los asuntos relevantes son asignados por parte de la Fiscalía a agentes del Ministerio Público inexpertos o ineficientes.
Liberó al tigre
El 15 de diciembre de 2024, el Poder Judicial de Baja California programó una audiencia “de revisión o modificación de medidas cautelares”, en la sala virtual 2 en la Unidad Tijuana, La Mesa a las 10:00 de la mañana, en donde el juez Orvendilo Navarro Hernández decidió otorgarle libertad inmediata a “El Tigre”.
Las medidas cautelares son aquellas que determina un juez dentro de un proceso penal para garantizar que el detenido o imputado no se evada de la justicia y su presencia se mantenga en el proceso, o bien para proteger la seguridad de la víctima o evitar la destrucción de la evidencia, entre otras razones. Por ello, la prisión preventiva es una de las medidas más efectivas para estos fines.
Las medidas cautelares, como la prisión preventiva o la firma periódica en libertad (ésta última donde los detenidos acuden a los juzgados con cierta periodicidad, como de manera semanal o mensual) las imponen los jueces desde que el detenido o imputado acude a la audiencia inicial.
En el caso de Daniel “El Tigre” y los ochos detenidos, todos fueron presentados ante el juez en 2020, a momento de su detención y se les impuso la prisión preventiva justificada. La Fiscalía de ese entonces imputó el delito de secuestro agravado y argumentó ante el juez la necesidad de que los detenidos permanecieran en prisión durante su proceso penal.
Sin embargo, en la audiencia de a mediados de diciembre de 2024, el abogado de “El Tigre” solicitó que se le modificara la medida cautelar, y se le quitara la de prisión preventiva, es decir, que se le dejara en libertad a cambio de regresar a sus próximas audiencias y el juez se lo concedió, pues el abogado aseguró que “El Tigre” iba a permanecer en su domicilio y regresaría cada catorce días a firmar ante el juzgado, además de aceptar el no salir del país.
El juez Orvendilo Navarro además le dijo a “El Tigre” que no podía acercarse a las víctimas de secuestro. Y así, sin más, ordenó que abandonara la prisión.
Familiares de víctimas se organizan para hacer llegar cartas a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila para denunciar el caso de corrupción.
Mientras que abogados penales aseguran que son muchos los casos en donde los criminales obtienen estos sorpresivos beneficios por los jueces y magistrados, aparentemente en acuerdo con el gabinete de la Fiscalía a cambio de fuertes cantidades de dinero sucio.
El juez Orvendilo: yerno de magistrado y hermano de funcionario ex panista, ahora en MORENA
Alejandro Isaac Fragoso López, el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha encabezado uno de los periodos más oscuros en la historia del Poder Judicial del Estado. Fue él, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, quien le tomó protesta a Orvendilo Navarro para convertirlo en juez el 1 de marzo de 2022.
De acuerdo al currículo validado por el Poder Judicial, Orvendilo Navarro no tiene maestría ni doctorado, tampoco había ostentado ningún cargo en el Poder Judicial anteriormente.
Entre su poca preparación académica, únicamente se plasmó en el documento una “Especialidad en Derecho Fiscal” pero en 1996, mismo año en que obtuvo su título en la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.
En 2018, Orvendilo intentó sin éxito ser consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California y recientemente participó para ser magistrado en el Estado, con sus dos años de experiencia como juez.
Según registros web, Orvendilo fue miembro del Colegio de Abogados, Sección Baja California, A.C, pero su rama no era la penal, sino de derecho administrativo y fue invitado como ponente a la novena sesión de la cátedra de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) en CETYS Universidad de Mexicali. De ahí en fuera, un abogado sin mayor relevancia pública.
Orvendilo está casado con la hija del ex magistrado Pedro Fernando Reyes Colín, quien fue integrante del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito de Mexicali, encargado de resolver, principalmente, las apelaciones de los detenidos quienes atravesaban proceso penales, y en donde muchos casos igualmente fueron beneficiados asesinos, secuestradores y delincuentes sexuales.
El juez Navarro es hijo de Orlando Navarro Zayas, ex gerente de estaciones de radio en San Luis Río Colorado, Sonora de donde son originarios. De hecho, el hermano del juez, de nombre Paolo, es actualmente el titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, gobernado por MORENA.
Anteriormente, el hermano del juez pertenecía al Partido Acción Nacional (PAN), del cual renunció en 2020 para integrarse al gobierno morenista de Célida López, cuando se desempeñó como alcaldesa de Hermosillo, Sonora.
