Un grupo de abogados, quienes representan a parte de los ofendidos, aseguran que Ricardo y Gerardo Álvarez Jiménez mantienen una red de tráfico de influencias con la Fiscalía General de la República, que titula Alejandro Gertz Manero, por medio de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex procurador de Justicia de Aguascalientes y ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)
REPORTAJE ESPECIAL
Los hermanos Ricardo Álvarez Jiménez y Gerardo Álvarez Jiménez, quienes se ostentaban como dueños del bar Adelitas, un centro de prostitución en Tijuana asegurado por la FGR por trata de menores de edad, prostitución y feminicidios, enfrentan diversas denuncias en México y Estados Unidos por secuestro, amenazas y extorsión.
El abogado Fernando Martínez Obeso, junto a dos de sus colaboradores, buscó a PUNTO NORTE luego de que este medio de comunicación publicara un reportaje sobre el litigio del bar Adelitas, el cual aborda la decisión de magistrados del Poder Judicial de la Federación de ordenar la entregar del negocio a sus nuevos propietarios, quienes lo habían adquirido antes de que la FGR lo asegurara, aparentemente a petición irregular los hermanos Álvarez.
“Nos hemos enfrentado a procesos de mucha adversidad, pues advertimos que los señores Álvarez Jiménez no sólo han presionado a los jueces para que resuelvan a su favor, sino que han llegado a amenazar al igual que a los ofendidos, muchas veces, en campañas mediáticas, falseando hechos, descalificando sin fundamento en diferentes notas de medios, en redes sociales, aun así los jueces han actuado con imparcialidad”, señala el abogado Martínez, quien asegura, “estamos peleando jurídicamente contra empresarios de cuello blanco con un gran poder corruptor”.
Los abogados mostraron a PUNTO NORTE las denuncias interpuestas en contra de los hermanos Ricardo Álvarez Jiménez, Gerardo Álvarez Jiménez, Juana María del Carmen Álvarez y María Isabel Álvarez Jiménez por parte de sus propios familiares.
Además, los litigantes presentaron documentos que dan cuenta cómo Ricardo Álvarez ha intentado burdamente recuperar el bar Adelitas mediante gestiones en la Fiscalía General de la República, exhibiendo documentos al agente del Ministerio Público sin un solo valor probatorio.
Los afectados denunciaron que el conflicto inició por la disputa de una herencia, y que los hermanos Álvarez Jiménez han buscado apoderarse de ese y otros negocios a través de amenazas y de fabricarles delitos a sus propios familiares haciendo uso del tráfico de influencias y de la corrupción en la FGR.
La conexión con FGR
El licenciado Martínez Obeso, se identifica como parte del equipo que representa a las víctimas, junto a los abogados Fernando Benítez Álvarez y Christian Molina.
Los afectados son familiares de los hermanos Álvarez Jiménez, quienes compartían parte de los negocios y propiedades, antes de que falleciera el padre de estos.
Por medio de sus abogados, los afectados contactaron a este medio de comunicación, bajo la petición de anonimato por temor a sufrir represalias, para denunciar públicamente el conflicto que se originó alrededor del bar Adelitas y de otras empresas, que ha llevado al señalamiento, incluso del ex gobernador y ex senador de Aguascalientes Carlos Lozano de la Torre, quien –a decir del abogado de los ofendidos– es socio de Ricardo Álvarez Jiménez en una vinícola en aquel estado.
“La conexión es muy clara para nosotros, el socio del señor Ricardo en la producción de vino es el ex gobernador (Lozano de la Torre), quien a su vez, tuvo como procurador de justicia a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, muy cercano al Fiscal Gertz Manero”, explica Martínez para sostener que su representado “ha sufrido las amenazas cumplidas, al ser imputado de delitos falsos y acusaciones mediáticas malintencionadas”.
La herencia de la discordia
Trata de personas, secuestro, amenazas, robo, falsedad ante las autoridades y administración fraudulenta son algunos de los delitos por los que han sido denunciados los hermanos Ricardo Álvarez Jiménez, Gerardo Álvarez Jiménez, Juana María del Carmen Álvarez y María Isabel Álvarez Jiménez, tanto en México como en Estados Unidos.
La serie de eventos denunciados en este reportaje inicia en 2017, con la muerte de Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, padre de los hermanos Álvarez Jiménez y socio de la empresa Rigeisa de Tijuana, que operaba el bar Adelitas, el cual es uno de los principales centros de entretenimiento para adultos en esta ciudad fronteriza, con ganancias millonarias.
A decir del abogado Martínez Obeso, ése fue el inicio de la discordia dentro de la familia, pues junto al señor Juan Daniel Álvarez, su esposa y cuñados eran los socios fundadores del negocio. Es por ello que, tras el fallecimiento del padre, Gerardo Álvarez Jiménez, con ayuda de sus hermanas Juana María del Carmen Álvarez y María Isabel Álvarez Jiménez, secuestraron a su propia madre, la señora María Guadalupe Jiménez Loza, de entonces 71 años de edad, explica el abogado.
La señora María Guadalupe Jiménez Loza denunció los hechos de manera formal ante la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, estado en el que el 8 de octubre de 2017 fue privada de la libertad bajo engaños, cuando sus hijas la obligaron a tomar un vuelo a Tijuana, haciéndolo creer que era una emergencia, pues le dijeron que su esposo Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, había sufrido una recaída en su salud, así quedó plasmado en la denuncia interpuesta por la señora.
De la declaraciones en la denuncia se advierte que el señor Juan Daniel Álvarez Gutiérrez había fallecido un mes antes y lo que siguió fue el secuestro de la mujer.
Un secuestro impune
En la declaración de la señora María Guadalupe Jiménez Loza, explica que sus propios hijos y con la complicidad del notario público Número 4 de Tijuana, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí, le hicieron firmar documentos en donde ella cedía sus acciones como parte de la empresa a su hijo Gerardo Álvarez Jiménez.
Todo eso quedó establecido en la denuncia penal y en su ratificación, con el número de expediente CI/AGS/26790/12-17, así como los detalles de cómo la mujer fue medicada para firmar, nuevamente bajo engaños, el poder con el que cedió todas sus acciones de la empresa que operaba el bar Adelitas a su hijo Gerardo Álvarez Jiménez, quien administrando las acciones que le correspondían a él y a sus dos hermanas, logró apoderarse de la empresa.
A los días de haber obtenido el poder del negocio, Gerardo cedió el 25 por ciento de las acciones a su propio hijo, de nombre Daniel Álvarez Ramírez. Según el abogado Martínez Obeso, Daniel Álvarez Ramírez es parte clave en estos litigios y conflictos entre familia, pues se encarga de la administración de negocios como gasolineras que se han visto en problemas con la justicia, así como encargarse del manejo de dinero en México y Estados Unidos”.
De igual manera, el grupo de abogados explicó que sobre el papel de Daniel Álvarez Ramírez dentro del grupo encabezado por su padre, Gerardo Álvarez Jiménez y su tío, Ricardo Álvarez Jiménez, se encuentran reuniendo otros datos de prueba para demostrar que los denunciados tienen otras actividades ilícitas, para presentarlos ante las autoridades competentes, como la venta de hidrocarburos robados en las estaciones de servicio de gasolina de su propiedad, incluso algunas gasolineras que han sido clausuradas por esta razón.
Aguascalientes y Felipe Muñoz
De acuerdo con el abogado, durante años han intentado que el caso de secuestro se judicialice, pero Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex titular de la SEIDO jugó un papel muy importante en este caso, pues aunque ejerció el cargo de procurador de Justicia de Aguascalientes de 2010 a 2015, logró con sus influencias frenar el avance de la investigación.
Al ver que el asunto penal no prosperaba en Aguascalientes, otra denuncia penal, también por secuestro en contra de los hermanos Gerardo Álvarez Jiménez, Juana María del Carmen Álvarez y María Isabel Álvarez Jiménez fue interpuesta en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, puesto que la víctima fue retenida por sus hijos en Tijuana.
Sin embargo, el caso tampoco llegó a tribunales.
Al enterarse de la situación, familiares de la señora María Guadalupe Jiménez Loza, preocupados por su frágil condición de salud y por el abuso que había sufrido en manos de sus propios hijos, comenzaron a apoyarla tanto en el seguimiento de las denuncias como para que recuperara su libertad financiera y no dependiera de los hijos, quienes en poco tiempo, ya habían logrado apoderarse del negocio.
Esto quedó consignado en la denuncia penal con el número único de caso 0204-2018-04139 de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California.
Por ello, los abogados de los ofendidos identifican a Ricardo Álvarez Jiménez como “el autor intelectual de crear carpetas de investigación con el fin de despojar propiedades de alto valor y el operador directo y personal de Alejandro Gertz Manero en este tipo de negocios”.
El fin del Adelitas
De acuerdo a lo denunciado, el 13 de diciembre de 2017, Gerardo Álvarez Jiménez llegó a varios negocios familiares, como el bar Adelitas, para ostentarse como el nuevo dueño, realizar despidos, retirar el dinero de las cajas registradoras y asumir la administración de las empresas.
El resto de los socios y representantes legales de las empresas se defendieron legalmente, por lo que lograron mantener la administración.
De acuerdo a la denuncia con número único de caso 0204-2018-15992, el 18 de abril de 2018, Gerardo Álvarez Jiménez regresó al bar Adelitas, escoltado por policías municipales, bajo el pretexto de que los agentes habían sido requeridos por el Juzgado Segundo Civil de Tijuana para brindar seguridad a personal judicial durante una diligencia.
Sin embargo, Gerardo Álvarez Jiménez tomó posesión nuevamente de la administración del bar y amenazó con utilizar las mismas influencias que le permitieron infiltrarse en la diligencia judicial para continuar amedrentando al resto de socios, entre ellos, el cuñado del señor Daniel Álvarez Ramírez.
A partir de ahí, el conflicto escaló hasta caer en amenazas de muerte utilizando incluso armas de fuego por parte de los hermanos Gerardo Álvarez Jiménez, Ricardo Álvarez Jiménez, Juana María del Carmen Álvarez y María Isabel Álvarez Jiménez.
La persecución
Tan sólo en México, son más 12 denuncias penales interpuestas en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California en contra de los hermanos Álvarez Jiménez, pero ni una sola se ha judicializado.
Ante esta situación, uno de los abogados del cuñado del señor Daniel Álvarez Ramírez, quien era socio de las empresas, explicó a este medio de comunicación que no han tenido otra opción que solicitar medidas de protección para él y sus representados.
A pesar de la impunidad de la que gozan los ex propietarios del bar Adelitas, los denunciantes esperan que al hacerse pública la persecución de la que han sido víctimas desde hace más de siete años, el caso atraiga la atención de las autoridades federales para que los responsables sean llamados a rendir cuentas ante la justicia.
Entre las primeras denuncias interpuestas en contra de los hermanos, sobresalen una en contra de José Gerardo Álvarez Jiménez por robo, falsedad ante las autoridades y administración fraudulenta, con el número único de caso 0204-2018-04139, así como otra por extorsión en contra de José Gerardo Álvarez Jiménez, María Isabel Álvarez Jiménez, Juana María del Carmen Álvarez Jiménez, con el número único de caso 0204-2018-52991.
Sin embargo, los delitos fueron escalando, pasando de cuestiones patrimoniales a poner en riesgo la integridad y la vida de las víctimas.
Por ejemplo, la denuncia con número único de caso 0204-2019-5520, en contra de las hermanas Juana María del Carmen Álvarez Jiménez y María Isabel Álvarez Jiménez por amenazas.
De igual manera, uno de los afectados denunció a Ricardo Álvarez Jiménez en 2019 por haber colocado una cartulina en su casa con amenazas de muerte, de acuerdo a la denuncia con número único de caso 0204-2019-58409.
Otra amenaza por parte de Juana María del Carmen Álvarez Jiménez en contra de uno de sus propios familiares quedó denunciada en la carpeta con número único de caso 0204-2019-54411.
Una denuncia más por amenazas en contra de María Isabel Álvarez Jiménez fue interpuesta con el número único de caso 0204-2020-12798.
“Te voy a matar como un perro”
En lugar de que las denuncias frenaran las prácticas intimidantes de los hermanos Álvarez Jiménez, sus acciones solamente continuaron escalando y poniendo en mayor riesgo la vida de las víctimas, explica el abogado Martínez Obeso.
De acuerdo a la carpeta de investigación con terminación 01494/11-22 en la Fiscalía de Aguascalientes, Ricardo Álvarez Jiménez persiguió en su vehículo a uno de sus propios familiares, hasta alcanzarlo y apuntarle con una pistola para amenazarlo de muerte.
Los hechos denunciados se sitúan el 15 de noviembre de 2022, cuando la víctima iba conduciendo en Aguascalientes y Ricardo, a bordo de una camioneta Cherokee blanca, le cerró el paso, para luego descender del carro.
“Tomó un arma y amenazó con dispararme y matarme. “A ver hijo de tu chingada madre, bájate, que te voy a romper tu madre”, “te voy a matar como un perro”, “culero, hijo de tu pinche madre”, lo cual me repitió en varias ocasiones, además cuando me apuntaba con el arma de fuego, lo hacía dirigiéndola hacia la cara, a una distancia de dos o tres metros”, refirió el afectado en su denuncia.
Ese mismo año, pero meses antes, otro de los afectados denunció ante la FGE que el mismo Ricardo Álvarez Jiménez le había dejado un papel con una amenaza de muerte en el parabrisas de su vehículo estacionado sobre la vía pública, cerca de su lugar de trabajo en Tijuana.
Ya que la persecución que han sufrido los afectados por parte de los hermanos Álvarez Jiménez ha continuado a lo largo de casi ocho años, los abogados sospechan que se trata de un mecanismo para despojarlos de sus propiedades y empresas, ya que cuando lograron hacerlo así con su madre, al secuestrarla en 2017.
Por lo que los ahora afectados comenzaron a tomar medidas preventivas por medio de la vía legal para proteger su patrimonio.
Incluso, de acuerdo a documentos compartidos con este medio de comunicación, el 14 de octubre de 2022, la Corte Superior de California del Condado de San Diego emitió una orden de restricción en contra de Juana María del Carmen Álvarez Jiménez, para proteger a uno de sus propios familiares, quien también ha interpuesto denuncias en México en contra de la mujer de 50 años.
“La orden se basa en actos de violencia ilegales, la amenaza de violencia creíble o acoso”, refiere el documento en el que se le prohíbe a Juana María del Carmen Álvarez Jiménez acosar, intimidar, molestar, atacar y golpear, entre otras acciones, a la víctima.
Entre las especificaciones, sobresale que la mujer no debe acercarse a menos de 200 yardas (182 metros) de la víctima.
De acuerdo con los abogados, lo que queda constatado en las denuncias que han interpuesto a lo largo de los años es precisamente el modus operandi de los hermanos Álvarez Jiménez, para apoderarse del resto de los negocios familiares.
Y pese a la protección de la que los hermanos presumen gozan en las altas esferas de la FGR, los afectados no pierden la esperanza de que las denuncias penales transiten a tribunales antes de que continúen escalando las agresiones en su contra.
Sobre todo, luego de que el 26 de noviembre de 2024, magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) dejaron sin efecto los argumentos que Ricardo y Gerardo Álvarez Jiménez intentaron hacer valer para no entregar el bar Adelitas a sus nuevos dueños, el cual fue vendido por medio de una transacción ya culminada, pero que intentaban quedarse por medio de esquemas ilegales.
Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con base en Mexicali, Baja California, en el incidente de revisión 70/2024 respecto a una sentencia ya emitida por un juez federal, quien había resuelto que los alegatos de los Álvarez Jiménez eran improcedentes para no entregar el negocio, que ya fue vendido a los nuevos propietarios.
Sin el negocio por el que inició la disputa familiar, que a su vez desencadenó esta serie de hechos violentos sufridos por las víctimas, los afectados esperan que las denuncias por fin prosperen.