Mexicali.- El Congreso del Estado aprobó que la operación y administración del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y de Contacto Ciudadano del Estado, conocido como C5, el cual incluye tanto el monitoreo de cámaras de seguridad como la atención de reportes a la línea de emergencias 9-11 y de denuncia anónima 089, dejará de ser atribución de la Secretaría de Seguridad de Baja California (SSCBC) y pasará a la de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La modificación al C5 fue avalada por las diputadas y diputados de Morena, así como sus aliados, precisamente dos días antes de que el general Laureano Carrillo asuma la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), en sesión celebrada ayer jueves 30 de enero en el Congreso del Estado.
Para sorpresa de todos, el diputado Jorge Ramos Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso y aliado de Morena, expresó su preocupación al respecto de otorgar la funciones a un ente autónomo.
“A largo plazo, puede tener un impacto a futuro en unas manos no adecuadas de un control de un sistema de información básico, no sólo de la toma de decisiones de la procuraduría sino de los municipios del estado”, advirtió el ex panista.
Por ello, sugirió al Congreso replantear o modificar a futuro esta determinación para prever que el acceso a esa información no caiga en manos inadecuadas.
“Es una decisión muy comprometedora”, apuntó Jorge Ramos, agregando que era una sugerencia también del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado y de los Consejos de los municipios.
Además, el legislador, quien llegó al Congreso del Estado por medio de la alianza entre el PVEM y Morena, señaló que en instalaciones del C5 están vinculadas con la operación del C4, y que las antenas que dan servicio al primero, también dan servicio al Sistema de Radiocomunicación Matra de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y de las Policías Municipales.
Por lo que cuestionó la manera en que se llevaría a cabo la transferencia de esos recursos.
Quien le respondió fue el diputado de Morena, Juan Manuel Molina, quien refirió que uno de los artículos transitorios señala que los recursos materiales serán transferidos a la Fiscalía, sin abundar ni detallar sobre la inquietud de su compañero.
“Confío en que la Fiscalía General del Estado va a hacer un buen trabajo de administración, operación y procesamiento de los datos que el C5 genera y que esto va a llevar a esclarecer mucho más rápido los delitos y que las personas que transgredan la ley sean vinculados a proceso, procesados y encarcelados”, manifestó el morenista.
Por su parte, durante la discusión de la iniciativa, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Santa Alejandrina Corral Quintero, consideró que se trata de la desarticulación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.
La legisladora panista sostuvo además que la iniciativa fue propuesta con la supuesta intención de hacer modificaciones relacionadas con el lenguaje incluyente y otras acciones en favor de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, de diversidad sexual en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Sin embargo, aunque el documento sí contiene esas modificaciones de forma, lo sustancial del dictamen aprobado en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Juan Manuel Molina, se agregó en una adenda con reformas de impacto a la política de seguridad de la entidad.
“Esta iniciativa no tiene nada que ver con el objeto de la (iniciativa) principal. Se agrega una adenda en la que se eliminan las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, violentando totalmente con esta iniciativa y la adenda que se presentó el proceso legislativo”, subrayó Corral Quintero.
La legisladora panista también señaló que que la transferencia de las funciones del sistema de monitoreo contraviene las funciones del C5, cuya naturaleza es de carácter preventiva, cuando las funciones de la Fiscalía son de reacción y de investigación.
De igual manera, reprobó que este movimiento se realice a la salida del general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, cuando fue un proyecto de él la adquisición de mil 500 cámaras de seguridad, invirtiendo millones de pesos, sin que se haya hecho un reporte oficial de la situación.
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Pero además, la diputada lamentó que con estas decisiones, el nuevo titular, el general Laureano Carrillo, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, llegue a la Secretaría sin esas herramientas para cumplir con su labor.
“Lo vamos dejar con las manos cortadas. Le quitan herramientas al nuevo secretario de Seguridad que inicia este mes. No podemos entregarle una Secretaría desarticulada, a él se le deben de entregar todos los elementos que él requiere para dar cumplimiento al nuevo encargo”, manifestó.
Asimismo, consideró que esta propuesta, a título de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Evelyn Sánchez Sánchez, pone en duda que exista actualmente una coordinación efectiva entre las instituciones responsables de la seguridad pública y en los tres niveles de gobierno, pese a que están encabezados por el mismo partido.
Por su parte, su compañero de bancada, Diego Echevarría Ibarra, lamentó que la iniciativa fuera dictaminada sin la opinión ni la participación tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Fiscalía.
“Debieron estar en la sesión de Comisión donde se dictaminó esto, y no había nadie de ninguno de los dos”, dijo.
El diputado de Acción Nacional agregó que un tema de esa importancia se tendría que haber analizado con responsabilidad, dando el tiempo necesario y con la asesoría de los expertos, ya que en el Congreso del Estado “no somos los expertos en seguridad”, señaló.
En favor de la iniciativa, Juan Manuel Molina argumentó la falta de inmediatez con que la Fiscalía se allega de datos de pruebas para poder solicitar a los jueces las vinculaciones a proceso de personas señaladas como presuntos responsables de la comisión de los delitos.
Asimismo, a pesar de que la iniciativa fue a propuesta de la presidenta del Congreso, el diputado de Morena justificó que la Ley Federal de Seguridad avala que los C5 puedan estar bajo la dependencia que el Estado defina.
Mientras que el diputado del extinto partido Fuerza por México, Diego Lara Arregui, en su participación, dijo asumir la responsabilidad de la decisión.
El legislador aseguró que el Congreso tiene facultad para tomar ese tipo de decisiones, que benefician al movimiento político que lo llevó a su curul.
“Aquí venimos a tomar decisiones, aceptamos la responsabilidad y el reto de someternos a la consideración de los bajacalifornianos. Llegamos aquí por un movimiento, aceptamos el reto y estoy seguro que estas acciones y decisiones que estamos tomando aquí van en favor de esas personas que nos dieron la confianza”, expuso.
La iniciativa aprobada señala además que todos los recursos materiales, humanos y financieros correspondientes al C5 se trasladarán a la Fiscalía, por lo que faculta al Poder Legislativo a vigilar por medio de informes periódicos, que se respeten todos los derechos laborales del personal que formaba parte de la Secretaría y ahora se trasladarán a la FGE.
La propuesta fue aprobada con 18 votos a favor y los votos en contra de los panistas Diego Echevarría Ibarra, Santa Alejandrina, así como de la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Johana Sarai Hinojosa Gilvaja.
Finalmente, pese a su posicionamiento, el diputado Jorge Ramos optó por votar como lo dictó la mayoría parlamentaria de Morena.
De esta manera, avalaron la reforma los diputados Adrián Humbero Valle Ballesteros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Diego Alejandro Lara Arregui, de Fuerza Por México Baja California (FxMxBc), Jorge Ramos Hernández y Adriana Padilla Mendoza ambos del PVEM, así como el diputado sin partido, tras ser expulsado de la fracción de Morena, Fidel Mogollón Pérez.
Así como las y los morenistas María Teresa Mendez Vélez, Julia Andrea González Quiroz, Angélica Peñaloza Escobedo, Eligio Valencia López, Dunnia Montserrat Murillo López, Liliana Michele Sánchez Allende, Juan Manuel Molina García, Araceli Geraldo Núñez, Ramón Vázquez Valadez, Jaime Cantón Rocha, Michelle Alejandra Tejeda Medina, Gloria Miramontes Plantillas y la presidenta de la Mesa Directiva, Evelyn Sánchez Sánchez.
La reforma entrará en vigor un día después de que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, y en los 90 días siguientes deberán adecuarse los reglamentos internos de la FGE como de la SSCBC para que se lleve a cabo la transferencia del C5.
