Mexicali.- Diputadas y diputados de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California aprobaron las reformas constitucionales en materia de nepotismo y no reelección, presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas ayer por la Cámara de Diputados.
Estas reformas establecen disposiciones más estrictas para impedir que funcionarios nombren a familiares en cargos públicos, así como la reelección en algunos puestos de elección popular.
El proyecto de dictamen relativo a minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue presentado en sesión de la comisión legislativa, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, la tarde de hoy miércoles 5 de marzo.
En sesión virtual, la reforma recibió el respaldo unánime de las y los seis legisladores de Morena, así como de la representante de Movimiento Ciudadano, la diputada Daylin Rubalcaba García, por lo que se aprobó sin ningún debate.
La reforma constitucional propuesta por Sheinbaum y aprobada ayer por las legisladoras y los legisladores federales, modifica y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 122 de la Constitución Política de México en materia de no reelección y nepotismo electoral.
Por lo que tiene como fin prohíbir la reelección inmediata para cargos públicos como diputaciones federales y locales, senadurías, la presidencia de la República, gubernaturas, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, la jefatura de gobierno en Ciudad de México, así como sus alcaldías y concejalías.
Con las nuevas disposiciones, las funcionarias y los funcionarios ocupando actualmente alguno de dichos cargos, no podrán postularse de manera consecutiva en las elecciones de 2030, como lo establecen los artículos transitorios de la minuta.
Pero la reforma también modifica la Constitución Política para combatir el nepotismo en los procesos electorales.
Esto es, las personas que aspiran a un cargo de elección popular no deberán tener, ni haber tenido vínculos de parentesco ni por afinidad o relaciones personales cercanas con otros funcionarios en cargos de elección popular, al menos en los tres años previos al día de la elección.
Los impactados son aquellas personas que aspiran a un cargo de elección popular y estén en matrimonio o en relación de concubinato, unión de hecho, con algún funcionario o funcionario también de elección popular, así como sus familiares por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, es decir abuelas y abuelos; madres y padres; hijas e hijos, así como nietas y nietos, etc.
Ni tampoco en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, es decir, el resto de la familia como hermanos, tíos o sobrinos, hijos de los sobrinos, sobrinos-nietos, hermanas de las abuelas, las tías abuelas, incluyendo a estos mismos familiares de la familia política, es decir de la pareja del aspirante.
Y si bien la Jefa de Estado propuso la entrada en vigor de estas medidas para el año 2027, los senadores de Morena modificaron el dictamen para que sea efectiva hasta 2030, y en ese sentido se decantó la mayoría de su bancada y de los partidos aliados, dando oportunidad a que las prácticas que pretendían erradicar, se prolonguen por un periodo legislativo más.
El debate en el Congreso de la Unión generó una división entre los propios morenistas que promovieron la postura de la presidenta, y entre aquellos que buscaban la postergación de la entrada en vigencia tres años más.
Y si bien en la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales no hubo ninguna manifestación en relación al dictamen, el diputado Juan Manuel Molina previó que el debate se registre en la sesión del Pleno del Congreso cuando sea analizado y, en su caso, aprobado.
Participaron en la sesión además del diputado presidente de la Comisión de Gobernación, las morenistas Liliana Michel Sánchez Allende, Alejandra Ang Hernández, Evelyn Sánchez Sánchez, Julia Andrea González Quiroz, y Mayte Méndez Vélez, así como Daylín García Ruvalcaba de Movimiento Ciudadano.
No estuvieron presentes los diputados integrantes de la comisión, Diego Lara Arregui, del extinto Fuerza por México Baja California, ni Diego Echevarría, del Partido Acción Nacional (PAN).
