Mexicali.- El diputado Juan Manuel Molina acusó al exsecretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, de haber gestionado la impugnación que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la reforma estatal que permitía a los policías portar armas fuera de servicio.
Durante una atención a medios en el Congreso local, hoy martes 25 de marzo, el diputado de Morena afirmó que la Consejería Jurídica del gobierno federal promovió la controversia constitucional contra la reforma debido a la presión ejercida por Aguilar Durán, quien en múltiples ocasiones se manifestó en contra de la reforma propuesta por el mismo Molina.
“Hubo una gestión directa para tratar de tumbar esta reforma por alguien que no estuvo de acuerdo con la iniciativa […] yo siento que fue el ex secretario de Seguridad ciudadana (Tizoc Aguilar), este sí, sí siento, ustedes lo saben, o sea, de que desde el principio se manifestó en contra”, declaró el legislador.
El fallo de la SCJN determinó que la regulación de la portación de armas por parte de los policías es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, lo que anuló la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Baja California en 2023.
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Molina, sin embargo, insistió en que otros estados han implementado regulaciones similares sin enfrentar impugnaciones, lo cual, aseguró, demuestra que la acción contra Baja California fue motivada por intereses particulares.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aseguró que, pese a la invalidez de la reforma, seguirá impulsando iniciativas para garantizar la seguridad de los policías cuando no están en servicio.
Por lo que anunció que presentará una propuesta ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de otorgar a los agentes la posibilidad de portar su arma fuera de horario laboral.
Molina también destacó que la SCJN no descalificó la intención de la reforma y que, incluso, una de las ministras reconoció que la medida buscaba brindar mayor protección a los policías.
“Si el problema es de competencia, lo llevaremos al ámbito federal”, concluyó.
Aguilar Durán, quien dejó el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California en enero de este año, no fue el único funcionario en pronunciarse respecto a la reforma, en el marco de su aprobación, en septiembre de 2023.
En aquel entonces, la fiscal general del Estado (FGE), María Elena Andrade Ramírez, consideró que la portación de arma de fuego fuera de horario sólo debería permitirse para agentes que tengan casos o asignaciones muy específicas.
Por su parte, eAguilar Durán, durante su comparecencia ante la Comisión que preside Molina, también en 2023, señaló que la reforma que pretendían es una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues ahí se señala que las únicas autoridades de aprobar este tipo de reformas son la Sedena y la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, recordó que la Licencia Oficial Colectiva vigente que autoriza a los agentes a la portación y el uso de armas de fuego, señala que es exclusivamente para fines de seguridad pública, no personal.
Ayer, lunes 24 de marzo, el Pleno de la SJCN invalidó la reforma propuesta por el diputado Juan Manuel Molina y avalada por el Congreso del Estado, tras analizar un recurso de controversia constitucional presentado por la Consejería Jurídica del gobierno de México.
El argumento para que se declarara inconstitucional la reforma es que regular la portación de armas de los servidores públicos que ejercen funciones de seguridad, cuando están fuera de servicio, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Por lo que los diputados locales de Baja California que aprobaron la reforma se extralimitaron en sus facultades constitucionales.
De esta manera, se declaró la invalidez de la reforma, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de Baja California desde septiembre de 2023.
