Mexicali.- Con el objeto de tipificar el delito de fraude a Cajas de Ahorro, la diputada de Morena, Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una Iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló diversos casos, como la Caja de Ahorro Magisterial (CAM), ocurrido en Baja California cuando maestros y trabajadores de la educación, la mayoría jubilados, le entregaron a CAMAC el finiquito de sus años de servicio.
Desde 2014, la CAM dejó de entregar las regalías de manera anual a los aportantes, además de su capital.
Murillo López indicó que su propuesta legislativa busca castigar a los responsables de cometer estos ilícitos, que ya han dejado a varias víctimas en la entidad.
“No es posible que el dinero de cientos de personas que tienen toda una vida de trabajo y esfuerzo, se pierda tan fácilmente”, expuso ante sus compañeros del Congreso del Estado.
La diputada morenista enfatizó que “buscamos que sean protegidos por la ley, y con ello sean menos los casos de despojo, robo y fraude a cajas de ahorros de los trabajadores en el Estado. Así mismo que esto sea un parteaguas, para que, en otras Entidades, de igual manera lo lleven a cabo, para que disminuyan en el país”.
Esto, tomando en cuenta únicamente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) de nivel básico, que, al no contar con un fondo de ahorro por la Ley, se castigue con la ley penal a los responsables y paguen con sus bienes, lo que sustraen o usan, sin el consentimiento de los ahorradores.
Por tales motivos, propuso que se adicione el artículo 222 Ter del Código Penal del Estado, para que quede como sigue:
“Comete el delito de fraude a caja de ahorro, quien administre una caja de ahorro y no cumpla en el tiempo específico con los pagos del capital total y los intereses pactados a los integrantes de esta; de igual manera a quien se apropie del dinero de las aportaciones de los integrantes sin el consentimiento de ellos”
El delito de fraude a cajas de ahorro será castigado con una pena de seis a 12 años de prisión, así como una multa de 600 a 1200 UMAs ( Unidad de Medida y Actualización).
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