“No nos vamos a salir”, familias que invadieron terreno en Villa del Campo se oponen a desalojo

Foto: Enrique Cortez

Tijuana.- Las 65 familias que viven en un predio invadido cerca del fraccionamiento Villa del Campo, no se retirarán de manera voluntaria del lugar, pese a una orden emitida por un juez que ordena a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar un operativo de desalojo.

“No, no vamos a salir. Tenemos luz, tenemos la toma de agua que vino la CESPT a ponérnosla, no estamos robando nada, estamos pagando por nuestros servicios”, resaltó María, una de las asentadas en el lugar, en entrevista con PUNTO NORTE, hoy 24 de abril.

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Se trata de un grupo de familias respaldados por el Movimiento Antorcha Campesina, quienes tienen ya casi cuatro años viviendo en una zona a la entrada del fraccionamiento Villa del Campo, justo a un costado de la avenida principal.

“Si estoy aquí es porque lo necesito. Si no, créanme que no estaría aquí y no estoy pidiendo nada regalado, ni yo ni mis compañeros, estamos en la mejor disposición”, apuntó Vianey, otra de las residentes del lugar ubicado en la Zona Este de Tijuana.

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Vianey enfatizó que no son personas que busquen “vivir de los demás”, sino que llegaron al lugar para darles un hogar a sus hijos y pensando también en los adultos mayores que forman parte de sus familias.

En este sentido, la mujer solicitó apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda para que las autoridades establezcan un diálogo y les ofrezcan una alternativa de vivienda digna.

Foto: Enrique Cortez

El terreno disparejo, con rocas y matorrales, ahora tiene varias casas levantadas principalmente con maderas, pero también con madera, barrotes, lonas y plásticos.

Además, algunas de las improvisadas viviendas cuentan ya con servicios de electricidad y agua potable.

Foto: Enrique Cortez

Los residentes del lugar insisten en que se instalaron ahí porque no tenían dónde residir.

“Aquí llegamos poquitas familias y las que no tenemos donde vivir, aquí nos unimos”, dijo Vianey.

Sin embargo, desde hace un año, el dueño del predio ha solicitado que las familias desaloje, pues plantea construir una nave industrial.

Y hace dos días, la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió con una orden judicial para informar que el desalojo debía ser a más tardar las 10:30 de la mañana de hoy jueves.

Foto: Enrique Cortez

En lugar de retirarse, los invasores estaban reunidos al exterior de las casas, sobre la loma del terreno que fue cercado por ellos mismos y rodeado de banderas rojas, esperando a los agentes para confrontarlos con palos.

Sin embargo, el operativo por parte de la Fiscalía no se realizó el día de hoy.

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Cuestionado al respecto, ayer al finalizar la ceremonia de arranque de la campaña “Sí al desarme, sí a la paz”, el fiscal central de la FGE en Baja California, Rafael Orozco Vargas, explicó que el personal de la institución acudió el martes, tras recibir un mandamiento judicial para proceder con el desalojo.

“Hay una orden de un juez que ordenó ese desalojo. Evidentemente, por la situación logística, que no se esperaba tanta gente que hubiera en el sitio pues sí, se decidió que se retomara el operativo en otro momento, primeramente el diálogo con las personas que se encuentran dentro para que entiendan que no se trata de un tema de que Fiscalía quiere sacar a alguien, es una orden judicial la que nos ordenó que hiciéramos ese desalojo”, refirió Orozco Vargas sobre la presencia de personal de la Fiscalía, el martes 22 de abril.

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De acuerdo con el fiscal central, “al final hubo un diálogo con ellos incluso, estamos esperando a que ellos accedan voluntariamente a retirarse. De no hacerlo así, seguimos con una orden judicial que nos ordena a ponerse de desalojo”.

El funcionario estatal reiteró que el desalojo no se llevó a cabo hace dos días porque eran muchas las personas en el sitio y “lo que menos queremos como Fiscalía es entrar en conflicto con cualquier ciudadano y mucho menos cuando hay familias con menores de por medio, entonces si ante cualquier puesta en riesgo de la seguridad de un menor decidimos mejor retomar, darles la oportunidad del diálogo y que ellos decían retirarse”.

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No obstante, algunos de los vecinos refirieron que el martes 22 de abril, cuando algunos residentes se opusieron a salir del predio, como indica el ordenamiento del juez, recibieron empujones.

“Jurídicamente, ya sea por leyes civiles o penales, si alguien decide construir algo en un terreno que no es jurídicamente propietario, sí hay una consecuencia legal que alguien demande y que un juez ordene el desalojo, la persona pierde su inversión”, refirió el fiscal central sobre el tema de invasiones de terrenos, los cuales se han presentado principalmente en Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

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