Tijuana.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California manifestó su oposición a la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que el Fideicomiso Empresarial (FIDEM) sea destinado de manera exclusiva a la infraestructura en escuelas públicas.
Creado en 2020, el FIDEM se conforma de un monto recaudado por los impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, que al año suma un promedio de 180 millones de pesos, el cual se destina a la ejecución de proyectos sociales propuestos por el sector empresarial y aprobados en un comité conformado también por el gobierno estatal.
Hoy, en conferencia de prensa, Roberto Lyle, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana y coordinador del Consejo Técnico Estatal de los CCE’s en el estado, acompañado por los titulares del organismo en cada municipio y de otras cámaras empresariales, expresó que la iniciativa de desaparición del FIDEM fue una decisión unilateral por parte del gobierno estatal.
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Aunque los empresarios aseguraron que no se trata de evitar que los recursos sean utilizados para mejorar las condiciones de escuelas públicas, solicitaron una reunión con la gobernadora y el Congreso del Estado para expresarles su opinión.
“No es tanto ir buscando ese recurso que ha servido durante 25 años para el crecimiento y el desarrollo de nuestra entidad”, argumentó Lyle.
Desde agosto de 2024, Marina del Pilar anticipó que habría modificaciones, planteando su eliminación para que el recurso sea destinado directamente a mejorar las escuelas públicas con la construcción de canchas, salones, comedores y otras áreas.
“Hay muchos programas que hemos desarrollado, hemos tenido vinculación, por ejemplo, con la UABC […] Estamos trabajando en la educación, pero no todo el recurso, como lo quieren ellos”, respondió Roberto Lyle al ser cuestionado por la prensa si la postura del sector empresarial es oponerse a que los recursos sean destinados a infraestructura educativa.
Incluso, el presidente del CCE Tijuana admitió que en 2024, el secretario de Educación del Estado, Luis Gallego Cortez, expuso al sector empresarial sobre la necesidad de 17 mil millones de pesos para remodelar las escuelas públicas que carecen de infraestructura.
De igual manera, insistió que desde 2000, los recursos del FIDEM se han aplicado a la creación de proyectos ejecutivos, como el Centro de Convenciones de Rosarito, el Museo del Trompo y el Museo Ámbar en Tijuana.
El 23 de abril, en su conferencia de prensa semanal, la gobernadora anunció la firma de una iniciativa para la eliminación del fideicomiso, para su discusión y aprobación en el Congreso de Baja California.
La mandataria estatal planteó que este instrumento debe ser ejercido por el gobierno para ser destinado a las áreas necesarias, por lo que no debería ser manejado por el sector empresarial o particulares.
Al respecto, la presidenta del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), Ana Alicia Meneses aclaró que “los empresarios no somos los que disponemos los recursos, son ellos quienes nos aprueban a través de un comité. Si ellos no autorizan, nosotros no podemos hacer uso del dinero”.
Por lo que los titulares de los CEEs plantearon también que se realice una revisión y un análisis del actual comité técnico encargado de la autorización de proyectos, en el cual participa el sector empresarial, la gobernadora y cuatro secretarías del gobierno estatal.
“Creo que aquí lo principal es tener ese diálogo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien ya se le envió una carta solicitando una reunión, la cual esperamos tener en los próximos días, ya que queremos saber cuál es su visión del tema y que conozca nuestro punto de vista”, insistió Lyle.
Por otra parte, los titulares de los CCEs solicitaron la reducción de la tasa del impuesto sobre nómina, para que así pase del 4.25 por ciento al 3 por ciento.
“Tenemos un impuesto muy alto que nos ha restado mucha competitividad y de alguna manera, ha causado la desaparición de varias empresas”, aseguró el presidente del CCE Tijuana.
De acuerdo al posicionamiento emitido por los organismos empresariales, el Impuesto Sobre Nómina es 70% más alto que en otros estados como Guanajuato, Chihuahua, lo que le resta competitividad a Baja California.
De acuerdo con los empresarios, en el ejercicio fiscal 2025, el gobierno del Estado recaudará 12 mil 200 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Precisamente un porcentaje del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal es el que se destina al FIDEM.
De acuerdo con Joel Villalobos, presidente del CCE Tecate, en el último año han cerrado alrededor de 2 mil 400 empresas y se han perdido más de 25 mil empleos, debido a las sobretasas que se han ido sumando a este impuesto, hasta alcanzar el 4.25 por ciento.
Por lo que Villalobos expresó que si la eliminación del FIDEM para reorientar estos recursos en su totalidad a mejorar la infraestructura educativa implica una reducción del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el sector empresarial podría llegar a una negociación.
“Si la iniciativa tiene la reducción del impuesto para que generemos mejores competencias pues hay que dialogar con el gobierno”, aseguró.
Con información de Iliana Carapia
