Averiguación Previa es la columna del periodista Isaí Lara Bermúdez, director general de Punto Norte.
Tijuana.- Mientras más de 400 aspirantes dedican sus primeros días de campaña rumbo a la elección del 1 de junio, en la cual se elegirán jueces y magistrados, un juicio de protección de derechos político-electorales busca anular el diseño de las boletas aprobadas para las candidaturas del Poder Judicial del Estado, lo que podría derivar en la invalidez o suspensión del proceso tal como está previsto.
PUNTO NORTE obtuvo copia del juicio promovido por la jueza Patricia Moreno Galván, quien presentó la demanda ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado en contra del acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) mediante el cual se aprobaron los diseños y especificaciones de las boletas electorales.
En su escrito, la jueza acusa que el modelo que se pretende aplicar en la elección es ilegal, inconstitucional, arbitrario y contrario a los principios democráticos.
De acuerdo al juicio ingresado al tribunal el 5 de mayo, la jueza considera que el mecanismo de “candidaturas comunes”, que se aplicará en la boleta y permite que el votante marque solo una opción que en realidad agrupa a varios aspirantes bajo un solo recuadro, genera una transferencia de votos entre personas que compiten por separado, lo cual viola el principio de voto individual, libre y directo.
Patricia Moreno, quien es jueza de Control en el Poder Judicial del Estado desde marzo de 2016, argumenta que el diseño “desnaturaliza” el sentido del sufragio y convierte el acto de votar en una simulación, al ofrecer una opción en la que es imposible distinguir si su voto favorece a uno u otro de los nombres agrupados.
Y en efecto, la boleta para este próximo 1 de julio contiene dentro de un bloque a varios de los candidatos (a la gran mayoría) sin que haya relación real entre ellos, ni afinidad profesional ni consentimiento para compartir esa casilla. Únicamente fueron agrupados bajo el concepto de “candidaturas comunes” porque fueron seleccionados por los comités tanto del Poder Ejecutivo, como del Legislativo y del Judicial.
“¿Dónde queda el derecho de la ciudadanía a votar por quien desea si su voto es forzosamente transferido a candidaturas que ni siquiera conoce?”, cuestiona la juez quien es aspirante en el proceso de elección.
El juicio solicita a los magistrados electorales que entren al fondo del asunto con un control de constitucionalidad y convencionalidad y por lo tanto inaplique el acuerdo del IEEBC por violar la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La jueza también pide que se revise el caso con perspectiva de género, al advertir que el diseño de las boletas perjudica especialmente a mujeres sin estructura política, recursos económicos ni apoyo institucional.
Asegura que este modelo genera inequidad en la contienda y atenta contra los derechos de las candidatas que deben competir en condiciones de igualdad.
Además, Patricia Moreno señala que no tuvo conocimiento del contenido de las boletas hasta que las vio publicadas en redes sociales, el 1 de mayo, por lo que el acto que impugna es reciente y causa una afectación directa a su aspiración en ser elegida.
Añade que, de no corregirse este diseño, el proceso entero se vería viciado, ya que el acto de votar por bloques distorsiona la voluntad ciudadana.
Mientras el juicio inicia su trámite, los tiempos de la elección siguen transcurriendo: el martes 29 de abril inició oficialmente el periodo de campañas para todos los aspirantes a jueces y magistrados de Baja California. Se trata de la primera elección judicial local en el país, impulsada por la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y replicada en Baja California con la aprobación del Congreso local.
En esta elección están en juego 148 cargos para jueces de todas las materias, 20 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y cuatro magistraturas para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al actual Consejo de la Judicatura.
Los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), replicados por el Instituto Electoral de Baja California, prohíben a los candidatos contratar propaganda, espectaculares, entrevistas en radio o televisión y cualquier forma de promoción pagada.
Además, no pueden recibir financiamiento público ni privado, por lo que sólo pueden utilizar recursos propios —específicamente, sus salarios— para difundir sus propuestas a través de redes sociales.
“El único financiamiento que tienes es el de tu cuenta, el de tu salario”, expresó Alejandro Isaac Fragozo López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien también compite por una de las 16 magistraturas en materia mixta.
Fragozo fue reelecto en 2023 por sus colegas magistrados y es señalado en el proceso de selección de ser quien elaboró de manera discrecional las listas de candidatos a jueces junto a algunos diputados de Morena y representantes del Poder Ejecutivo.
Paradójicamente, mientras se limita la contratación de difusión de las propuestas de los candidatos, el IEEBC estableció techos de gasto que llegan hasta 1.4 millones de pesos en el caso de las magistraturas, y más de medio millón para quienes compiten por jueces en distritos como Tijuana.
En medio de este escenario, el juicio promovido por la jueza Patricia Moreno representa una posibilidad de suspender el proceso electoral del Poder Judicial en Baja California.
Si el Tribunal le da la razón a la jueza, tendría que ordenarse un rediseño de las boletas –como una de las posibilidades de sentencia–, lo que podría retrasar los plazos de la elección y la posibilidad de que se realice tal como está pensada la elección del 1 de junio, pues las boletas ya se encuentran en proceso de impresión.
Incluso si no se suspende la jornada, este juicio fija un antecedente y evidencia el riesgo de que los resultados sean impugnados o invalidados posteriormente, por haber sido obtenidos mediante un esquema de votación considerado inconstitucional.
El curso de este juicio es predecible, pues en caso de que los magistrados electorales de Baja California no concedan la razón a la jueza, es muy probable que dicha sentencia fuera llevada a una instancia superior.
Por lo que la promovente tiene la posibilidad de impugnar la sentencia ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que actúa como segunda instancia en los juicios relacionados con derechos político-electorales.
Ahí, los magistrados federales podrían analizar si la resolución local respetó los principios de legalidad, constitucionalidad y equidad en la contienda.
Y si la Sala Regional también ratifica la validez del diseño de las boletas y del proceso electoral, aún quedaría abierta la posibilidad de llevar el caso a una tercera instancia, mediante un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF, con sede en la Ciudad de México.
Esto significa que, aunque el proceso judicial comience en Baja California, su desenlace podría definirse en la cúspide del sistema electoral nacional, lo cual prolongaría la incertidumbre sobre la legalidad de la elección judicial más allá de la jornada del 1 de junio.
Con cientos de candidaturas, boletas confusas, aspirantes agrupados sin consentimiento, prohibiciones a la propaganda y un marco jurídico poco claro, la primera elección del Poder Judicial en Baja California inicia su camino con cuestionamientos operativos, presupuestales, bajo severas críticas sociales y ahora, bajo impugnación.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
