Mexicali.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó una iniciativa de reforma con la que se busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad a través de un nuevo modelo de atención social en la entidad.
Se trata de una propuesta legislativa enviada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuyo gran parte de su contenido resultó de la consulta con este sector de la población, realizada en el año de 2023.
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La iniciativa incluye modificaciones a la Ley para las Personas con Discapacidad de Baja California, la Ley de Salud Pública del Estado, la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, la Ley de Asistencia Social del Estado y la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social del Estado.
Una de las determinaciones más importantes en el nuevo modelo de atención a personas con discapacidad, es promover su desinstitucionalización.
Es decir, garantizarles a vivir en familia y en comunidad con el fin de que puedan vivir una vida independiente y plena, en lugar de ser internadas en instituciones como asilos o residencias, en donde son finalmente abandonadas.
Ante algunas prácticas en las que familiares de personas con discapacidad les abandonan en centros de rehabilitación contras las adicciones para no cuidarles, la reforma también incluye modificaciones a la Ley Contra Las Adicciones.
Con ello, se establece que estos lugares únicamente permitan el ingreso de personas con discapacidad cuando esté relacionada con el tema de adicciones.
“El respeto de las personas con discapacidad a vivir en familia y comunidad, constituyendo el internamiento, una medida de protección temporal, de carácter subsidiario y como último recurso terapéutico”, indica la nueva norma.
Con la reforma, la norma estatal ahora reconoce la existencia de la discapacidad intelectual entendida como “limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como la conducta adaptativa de la persona y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puedan impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Pero además, establece la obligatoriedad al Estado de dar una atención integral a este sector de la población, para que adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, lograr su máxima independencia y capacidad física, mental social y una participación plena en todos los aspectos de la vida y acceso a un empleo adecuado
Para ello, las dependencias gubernamentales pertenecientes al gobierno estatal deberán garantizar una oferta de servicios adecuados, con recursos suficientes, así como programas de atención integral desde etapas tempranas, basados en una evaluación multidisciplinaria basada en necesidades y capacidades de la persona y su entorno.
Mientras que las reformas a la Ley de Salud ponderan la capacitación obligatoria al personal de salud para que puedan dar un trato digno en la atención a las personas con discapacidad.
La capacitación también se extenderá a todo el personal que labore en el gobierno del Estado.
Pero además busca garantizar los derechos en materia de salud a todas las personas con alguna discapacidad, así como informar a través de campañas los servicios y programas que tienen para este sector de la población, precisó la diputada presidenta de la comisión legislativa, Michelle Alejandra Tejeda Medina.
“Hay una deuda histórica con las personas con discapacidad y está comenzando a saldarse”, expuso la también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, durante la votación de la reforma en la sesión ordinaria celebrada hoy jueves 8 de mayo.
La legisladora por Morena reconoció la iniciativa de la gobernadora tendiente a “garantizar una vida de derecho y dignificar la vida de las personas con discapacidad, dejar de pensar que son sujetos de tutelaje y que no tienen manera de hacer valer sus derechos”.
La reforma establece también que las autoridades estatales y municipales deben garantizar el cumplimiento efectivo de estos derechos a este sector de la población, por lo que Tejeda Medina apuntó que también en el Poder Legislativo deben hacer su parte, a través de las leyes.
El dictamen 7 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores fue aprobado por mayoría de votos, en la sesión ordinaria celebrada hoy jueves 8 de mayo, con la abstención de la diputada del Partido del Trabajo, Yohana Hinojosa.
