Mexicali.- Un grupo de madres y familiares de personas desaparecidas se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Mexicali, para exigir a su titular, María Elena Andrade Ramírez, no liberar a un detenido apodado “El Sangre”, relacionado con varias desapariciones de personas en el municipio de San Felipe.
El miércoles 7 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó la detención de un hombre identificado como Luis, apodado “El Sangre” o “El Cabeza Chueca”, a quien las autoridades señalan como responsable de desapariciones de personas y homicidios en aquel municipio.
La detención se llevó a cabo durante un operativo desplegado en el fraccionamiento Los Arcos, por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), con la colaboración de la Policía Municipal de San Felipe, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la FGE.
Los agentes detuvieron a “El Sangre” cuando caminaba por la calle Olivo, entre las calles Isla de Java e Isla Sicilia.
Al ser interrogado por los policías, se identificó como Luis, de 34 años, nacido en Los Mochis, Sinaloa.
Sin embargo, al contar con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, además de ser sujeto de una investigación por homicidio, ambos delitos cometidos en el séptimo municipio, quedó bajo la custodia de la Fiscalía.
Al enterarse de ello, integrantes del colectivo “Madres Unidas y Fuertes” y del colectivo “Tu Madre sigue en la lucha Birzavit Román”, se trasladaron la mañana de hoy viernes desde San Felipe a las instalaciones de la FGE en Mexicali, para solicitar audiencia con la fiscal general del Estado.
Por un lado, las madres explicaron, querían avances de sus carpetas de investigación de sus seres queridos, pero además pedían que se les aclarara sobre los casos en los que tiene relación el detenido en el puerto.
“Venimos a exigir justicia. Tenemos más de 100 desaparecidos y no hay ningún culpable”, dijo a los medios Lidia Patricia Orozco Rea, quien busca a su hijo Birzavit Román, desaparecido desde diciembre de 2022.
La madre buscadora explicó que acudieron a la Fiscalía para exigir que se aplique la justicia en los casos de “El Sangre”, así como un proceso libre de corrupción.
“Queremos que realmente se haga justicia y no pase lo que dicen, que pagan un dinero y los vuelven a soltar. Lo que queremos es justicia. Es justo y necesario tener claridad y que pague el culpable”, aseveró.
Las y los manifestantes pegaron lonas con las fichas de búsquedas de sus seres queridos en las paredes de la Fiscalía, así como cartulinas con consignas en las puertas del edificio.
Pero lo que pretendía ser una protesta pacífica para pedirle a la titular de la FGE, subió de tono cuando el personal de la FGE cerró las puertas y les impidió el paso al interior de las instalaciones.
El grupo de casi medio centenar de personas, ya molestas, comenzó a lanzar gritos y consignas como “Abran la puerta”, “Fiscal, escucha, la madre está en la lucha” y “Justicia”, mientras golpeaban los cristales de la puerta.
“¿Qué le cuesta a la fiscal atender a una madre desesperada? Creo que no es justo que les paguen tanto dinero para estar sentados detrás de las puertas, aquí están las madres desesperadas”, expresó por su parte Irma Leyva, de “Madres Unidas y Fuertes”, madre de Diego Alonso Hernández Leyva, desaparecido desde enero del 2007.
Poco después de esto, salió a recibirlos el fiscal de la Unidad de Desaparecidos, Fidel Corvera, quien les explicó nuevamente que Andrade Ramírez se encontraba en Tijuana.
Aunque las y los manifestantes no creyeron dicha versión, después de unos momentos de protestas, se retiraron.
La visita de la titular de la FGE a Tijuana fue pública, pues desde anoche se convocó a medios de comunicación a una firma de convenio que la funcionaria estatal celebraría con representantes de la compañía automotriz Hyundai.
Luis “El Sangre” o “Cabeza Chueca” fue presentado ante un juez el miércoles 7 de mayo pasado, cuando se le imputaron cargos por desaparición forzada de persona, por un caso registrado en 2023.
Se le impuso medida cautelar de prisión preventiva y se le otorgó la ampliación del plazo constitucional para la vinculación a proceso, hasta el 12 de mayo.
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