Averiguación Previa es la columna del periodista Isaí Lara Bermúdez, director general de Punto Norte.
El caso de Lenia Batres es una ofensa a la inteligencia jurídica del país. Y lo seguirá siendo, por lo visto.
Su llegada a la Suprema Corte no representó un triunfo del pueblo, como ella y los suyos lo pretenden vender, sino el resultado más vulgar del nepotismo y del desprecio de la 4T por la preparación y la independencia judicial.
Sin experiencia en tribunales, sin carrera en el Poder Judicial, sin obra jurídica ni académica, pero con un apellido conveniente al ser hermana de Martí Batres, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México y parte del gabinete de Claudia Sheinbaum.
Ahora sus escándalos en la Suprema Corte son noticia y luto nacional: lujos, comidas insaciables, un número de asesores y asistentes como ningún otro ministro, que cuestan millones, camionetas con costos superiores a los de una vivienda.
Aunque quizá el desplante más vergonzoso de su ignorancia ha sido su muestra de experiencia en la materia, los episodios en la Suprema Corte en donde sus compañeros ministros tienen que explicarle en las sesiones de Pleno conceptos básicos del derecho jurisdiccional.
La trayectoria académica de Lenia Batres es otro de los capítulos que evidencian cómo se ha construido una carrera al vapor para justificar su llegada a la Suprema Corte.
Obtuvo su cédula como licenciada en Derecho hasta 2011, emitida por la Universidad Humanitas, una escuela privada que, aunque goza de validez oficial, tampoco sobresale por su exigencia académica.
Después de obtener su cédula, a los 42 años de edad, no registró ningún otro grado académico durante varios años, pero a partir de 2018, justo cuando Morena llegó al poder, comenzó a acumular títulos como si fueran medallas de militancia.
Primero, una maestría en Derecho Penal en 2018; luego, en 2022, otra en Estudios de la Ciudad; y al año siguiente, en 2023, una más en Gestión Pública.
Tres maestrías en cinco años, todas después de los 50 años, todas una vez consolidado el régimen que la ha impulsado políticamente.
Estudiar desde la quinta década no tiene nada de reprochable, al contrario. Pero lo que resulta difícil de creer es que ese repentino y acelerado currículum sea fruto de un compromiso auténtico con la formación y no una estrategia regalada para vestir de toga y birrete.
Nada en su preparación respalda su presencia en la Suprema Corte. No hay carrera judicial, no hay experiencia en tribunales, no hay aportaciones al derecho mexicano. Solo hay afiliación política, sumisión ideológica y una biografía inflada en el momento oportuno.
Eso sí, colecciona una larga lista de cargos en los gobiernos capitalinos, también una diputación y ha sido contratada varias veces como “asesora”, por decirlo de alguna manera, en dependencias públicas, años viviendo de eso. Pero hoy es distinto.
Batres pasó de protagonizar pleitos callejeros en su entonces vecindad de residencia, a gritos e insultos, a ministra de la Suprema Corte. Ahora pasea en camionetas de más de dos millones de pesos, rodeada de escoltas, asistentes y lujos costeados con dinero público.
La señora Batres actualmente busca quedarse en el cargo como ministra haciendo campaña al viejo estilo del PRI, con acarreados en camiones y sin interés en lo que tenga que decir.
Ayer estuvo en Tijuana, acompañada de simpatizantes de Morena y escoltada en camionetas, vuelos en primera clase y rodeada de un séquito de asesores y personal de apoyo.
Se autodenomina “ministra del pueblo”, como si el pueblo solo lo integraran quienes aplauden al régimen, y no también los millones de personas que esperarían rigor, imparcialidad y competencia en el máximo tribunal del país.
La supuesta campaña de Lenia Batres en Tijuana no fue más que una puesta en escena sin contenido ni intención real de darse a conocer. No recorrió colonias, no visitó juzgados, no se reunió con abogados, estudiantes o ciudadanos para presentar un plan, escuchar inquietudes o defender su permanencia en la Corte.
Lo único que hizo fue encabezar un mitin improvisado (bastante pobre) frente a un grupo de simpatizantes movilizados, rodeada por su equipo, fotógrafos personales y asistentes que cuidaban cada ángulo.
Su presencia en Tijuana fue un acto superficial, vacío y burocrático, diseñado solo para simular que cumple con el requisito de “buscar el voto popular” entre ministros, cuando lo único que expuso fue su desconexión con la calle, con la sociedad organizada y su dependencia del aparato oficialista.
Su presencia en la Corte y en Tijuana es un insulto para quienes aún creen en la justicia como institución, no como botín.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
