Tijuana.- Los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) aprobaron auto indemnizaciones de varios millones de pesos para cuando terminen sus cargos. En el caso específico del magistrado presidente, Jaime Vargas Flores, quien concluye su cargo en octubre de este año, serían más de 4 millones 300 mil pesos los que recibiría.
Este monto resulta de la suma por indemnización, finiquito, aguinaldo y otras prestaciones, pues su sueldo mensual es de 196 mil 132 pesos. Además, de otros varios millones de pesos por los mismos conceptos que recibirán sus colaboradores al dejar su cargo.
Ante esta situación, el diputado Juan Manuel Molina García, en su calidad de representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), presentó un recurso de impugnación.
El objeto de impugnación es el acuerdo tomado por el pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, el cual fue publicado recientemente en el Periódico Oficial de Baja California, bajo el título Condiciones Generales de Trabajo.
Es en el artículo 34 de dicho documento que se establece que “todo servidor público y magistraturas al separarse del cargo, ya sea de manera voluntaria, por conclusión, por remoción libre o por cese, tendrá derecho al pago de un finiquito en el que se considerará los días trabajados en el mes, parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones no disfrutadas correspondientes al tiempo trabajado, prima vacacional y prima de antigüedad, así como otras prestaciones no cubiertas, de acuerdo con su contrato”.
Sin embargo, este acuerdo contiene un nuevo apartado en el mismo artículo, el cual señala “de igual manera tendrán el derecho de recibir el pago en una sola exhibición de una indemnización económica garantizada, consistente en la retribución a doce meses de sueldo, además de veinte días de sueldo por cada año que hayan ejercido su función, tomando como base para ambos cálculos, la última remuneración mensual integral bruto, anualizada y dividida entre doce”.
En el caso específico del magistrado presidente del TJEBC, Jaime Vargas Flores, su sueldo mensual bruto es de 196 mil 132 pesos mensuales, de acuerdo al tabulador de remuneraciones del TJEBC para el año fiscal 2025.
Por lo que, además de su finiquito, el magistrado presidente recibiría 2 millones 353 mil pesos, considerando la nueva figura implementada hace unos meses por indemnización en su primer concepto de “doce meses de sueldo”.
Además de 915 mil 282 pesos por “veinte días de sueldo por cada año que haya ejercido su función”, pues su periodo como magistrado presidente inició en septiembre de 2018.
Al sumar los conceptos de aguinaldo, finiquito y otros, el monto es de más de 4 millones 300 mil pesos.
En entrevista con PUNTO NORTE, el diputado Juan Manuel Molina García explicó que tras analizar el acuerdo tomado por el pleno del Tribunal, el partido político que representa advirtió que “la Constitución prohíbe este tipo de auto indemnizaciones porque para empezar ni siquiera el dinero está presupuestado, entonces viola la Ley de Disciplina Financiera, viola la Constitución local y viola la Constitución federal”.
Y es que el acuerdo del TJEBC tiene fecha de aprobación del 10 de diciembre de 2024, pero fue seis meses después, hasta el 6 de junio que se publicó en el Periódico Oficial de Baja California.
Fue en ese momento que tanto Morena como el Congreso del Estado tuvieron conocimiento de las nuevas indemnizaciones para magistrados, indicó el diputado.
El legislador morenista señaló que al momento de aprobarse el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025 del TJEBC, en diciembre de 2024, “en toda la documentación que enviaron al Congreso para su análisis, en ninguna parte establecieron que iban a ocupar 5, 10, 15 millones de pesos para indemnizar a personal de esta manera”.
De igual manera, Juan Manuel Molina indicó que la fecha límite para presentar la impugnación, venció el viernes 13 de junio, cuando él personalmente acudió a las instalaciones del TJEBC para entregar el oficio, pero no le fue aceptado.
“La oficial de partes nos contestó el teléfono, estaba de guardia, nos dijo que ahí nos esperaba, llegamos 9:30 pm aproximadamente y ya cuando revisó el documento y se lo envió escaneado al secretario general, a Germán Cano Baltazar, el secretario le dijo que no nos recibiera el documento, fue una instrucción expresa”, manifestó.
Y cuando el diputado se comunicó por teléfono con el magistrado presidente del Tribunal, Jaime Vargas Flores, éste no le respondió a las tres llamadas que le realizó, las cuales quedaron documentadas durante una transmisión en vivo que Molina García realizó por medio de sus redes sociales.
“Lo peor, la violación más flagrante es que ni siquiera te reciban el documento. Y eso fue lo que ellos hicieron el día de ayer, porque nos queda claro que saben que hicieron mal. Si no ¿cuál temor de recibir el documento?”, añadió.
Al no ser recibido el recurso de impugnación en el Tribunal, el representante de Morena acudió al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), donde sí fue aceptado el documento.
Además, se le envió copia a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ).
Sobre el acuerdo en el que se avala este esquema de indemnización inédito en el órgano electoral, Molina García apuntó “a alguien le sonaría normal que en una dependencia de gobierno se firmen condiciones generales de trabajo, pero esto bajo las condiciones y los términos de la Ley del Servicio Civil entre patrones y sindicato, pero el Tribunal Electoral no tiene base sindicalizada”.
Por lo que añadió “este fue un documento que hicieron las magistraturas y lo raro al revisar el documento es que ellos se incluyeron en las condiciones generales de trabajo”.
Sobre la figura que legitima a Morena impugnar el acuerdo del TJEBC, Molina García apuntó que “dentro de un esquema de derecho electoral, la Corte y la Sala Superior han dicho que, en este tipo de actos, los partidos tienen derecho a poder impugnar estas resoluciones por un equilibrio dentro del terreno de lo electoral”.
Para el diputado, no sólo se trata de un acuerdo que viola la Constitución y que fue aprobado sin solicitar la aprobación de los fondos para cubrir los pagos de las indemnizaciones, sino que además ofende a la base trabajadora.
“Yo quisiera preguntar si a un trabajador normal de la burocracia, le van a entregar una cantidad similar cuando se retire. Es injustificable, pero lo más cuestionable es que la propia parte patronal, porque son patrones los magistrados, igual que los diputados, los regidores, la gubernatura del Estado, se esté auto incluyendo en unas condiciones generales de trabajo que son de la base trabajadora y se establezca en un derecho de esta magnitud”, refirió el diputado.
De igual manera, señaló que en caso de que los tres magistrados se retiren al mismo tiempo, sus indemnizaciones, junto a finiquitos y otras prestaciones, podrían superar los 15 millones de pesos.
“Este dinero se lo quieren sacar al pueblo porque cuando llegue el momento de su retiro, ellos van a tomar del dinero que tienen en su presupuesto y después el Tribunal va a pedirle al Congreso una ampliación presupuestal”, indicó Molina García.
Por otra parte, el diputado recordó que en diciembre, cuando el TJEBC presentó su presupuesto de egresos para 2025, hubo una solicitud para aumento de sueldos, la cual fue rechazada por los diputados.
Aunque el salario del magistrado presidente es uno de los más altos para funcionarios de gobierno en todo el país, con 196 mil 132 pesos, el de los dos magistrados restantes no se queda atrás, con 181 mil 273 pesos al mes, mientras que el secretario de acuerdos recibe 116 mil 324 pesos mensuales.
“Si ya de por sí ganan demasiado, su sueldo ya rebasa el límite que marca la Constitución para la para el sueldo de la persona titular de la presidencia de la República. Entonces como que encontraron este caminito”, manifestó.
Y remató diciendo “casi 200 mil pesos al mes, yo creo que sí alcanzan para que ahorren y no estén buscando llevarse dinero adicional al que no tienen derecho”.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
