Mexicali.- El gobierno del Estado instaló una mesa de diálogo con los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) que se aprobaron auto indemnizarse con cantidades superiores a los 4 millones de pesos por cada uno, cuando dejen sus cargos.
En el caso del magistrado presidente, Jaime Vargas Flores, su salida del TJEBC será en octubre de este año y, como informó PUNTO NORTE, podría irse con un monto superior a los 4.3 millones de pesos.
Hoy, durante su conferencia de prensa, “Miércoles de Mañanera”, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue cuestionada sobre el acuerdo tomado por el magistrado presidente Jaime Vargas Flores y las magistradas Graciela Amazola Canseco y Carola Andrade Ramos en diciembre (pero publicado apenas hace unos días), que les da derecho a una indemnización consistente en el sueldo de 12 meses y de 20 días por año en el cargo más otras prestaciones.
Al respecto, la gobernadora explicó que respeta la autonomía del Tribunal, por lo que le solicitó al secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, que tuviera una reunión con los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral, con la finalidad de revisar esta situación.
“Ellos son autónomos y en este sentido nosotros nos enteramos hasta el momento de la publicación (el 6 de junio en el Periódico Oficial del Estado). Le pedí a Alfredo Álvarez que revisara este tema, ya hizo la revisión y se sentó con ellos. Ha estado en revisión con ellos en pláticas con ellos”, indicó por la mandataria estatal.
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Durante la misma conferencia de prensa, tanto el secretario general de Gobierno Alfredo Álvarez Cárdenas, como el consejero jurídico Juan José Pon Méndez, coincidieron en que las sumas referentes a indemnizaciones millonarias con las que pretenden retirarse los magistrados se podrían modificar.
Pon Méndez señaló que las indemnizaciones que se establecieron en las Condiciones Generales de Trabajo del TJEBC corresponden a los cálculos económicos que corresponden a la figura de despido injustificado.
“Son tres meses, en caso de conclusión, más una indemnización correspondiente a 12 meses, más 20 días por año. Se trata como si fuera un caso de despido injustificado”, declaró.
El funcionario estatal aseguró que, en la primera mesa de trabajo las magistradas y el magistrado “fueron muy receptivos y asumieron un compromiso de volver a analizar esas Condiciones Generales de Trabajo y en su caso, y de ser necesario, hacer las aclaraciones, pero también, las correcciones que conforme a derecho proceda”.
El viernes 13 de junio, el diputado Juan Manuel Molina García, en su calidad de representante del Instituto Estatal Electoral (IEE), presentó un recurso de impugnación contra el acuerdo tomado por el Pleno en el que se incluye la figura de indemnización para las magistraturas.
Por su lado, el gobierno del Estado optó por instalar estas mesas de trabajo con la intención de que los magistrados modifiquen los montos a los que se harán acreedores cuando dejen sus puestos, ya sea por decisión propia, cese o remoción.
“Para el Poder Ejecutivo del Estado es muy importante siempre mantener la postura diálogo, de respeto y colaboración con los Poderes del Estado, federales, Ayuntamientos y los órganos autónomos, más aún cuando se trata de la asignación y manejo de recursos públicos”, aseguró el consejero jurídico del gobierno del Estado.
Pon Méndez indicó que en la reunión con los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral “les hicimos ver cuáles son las inquietudes que se han generado en relación con la aprobación de estas Condiciones Generales de Trabajo, desde la forma en que lo suscribieron, sus atribuciones, si es que las tienen, la forma en la que se están ellos considerando como trabajadores y la indemnización”.
Por su parte, el secretario general del Gobierno del Estado, Alfredo Álvarez dijo que hay voluntad de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral de revisar la figura de indemnización.
“Estamos en una mesa de trabajo para revisar y en su caso hacer los ajustes pertinentes, evidentemente, manteniendo este respeto y colaboración”, sostuvo.
El funcionario estatal detalló que “se hizo un intercambio de posiciones legales y consideraciones de política pública y ellos estuvieron receptivos para trabajar en las mesas de ajuste y revisión del instrumento firmado por los miembros del pleno del Tribunal. El tema se solucionará hablando y no es recomendable litigar por ningún lado”, opinó.
Finalmente, Marina del Pilar dijo que su gobierno seguirá abierto a escuchar a los magistrados, al diálogo y a revisar cuáles son las justificaciones que los integrantes del TJEBC plantean para cobrar esas indemnizaciones.
