Ciudad de México.- A causa de un acto de impericia legal, el partido Morena en Baja California, representado por el diputado Juan Manuel Molina García, perdió en la Sala Superior de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación contra la autoliquidación millonaria que se asignaron los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC).
No es la primera vez que el diputado Molina García encuentra un revés en los tribunales federales, pues ha ocurrido antes cuando interpuso recursos legales para sostener la reforma aprobada por el Congreso del Estado para permitir la portación de armas de policías fuera de horario laboral y que luego fue declarada inconstitucional.
También con la reforma a la Ley Electoral de Baja California, con la que pretendía corregir un error de la XXIV Legislatura del Estado que le otorga al Partido Encuentro Solidario (PES), como único partido local, una bolsa de recursos muy por encima de los demás partidos.
En el caso de las liquidaciones que se auto aprobaron los magistrados electorales, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en sesión, ayer miércoles 25 de junio, desechar la impugnación por parte de Morena contra las Condiciones de Trabajo que aprobó el Plenodel TJEBC.
Ello porque Molina Garcia presentó dos demandas de juicio general idénticas, pero además, “se actualiza una causa de notoria improcedencia”, ya que el acto impugnado se trata de un asunto en materia administrativa y no electoral, concluyeron las magistradas y magistrados de Sala Superior.
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Y es que, en sesión del 10 de diciembre de 2024, los magistrados electorales de Baja California, Jaime Vargas Flores, Carola Andrade Ramos y Germán Cano Baltazar, entonces en funciones, aprobaron un acuerdo sobre las Condiciones de Trabajo del tribunal local, que les implica beneficios millonarios al finalizar su gestión.
Aunque el acuerdo fue aprobado hace seis meses, fue dado a conocer con su publicación en el Periodico Oficial de Baja California apenas el pasado 6 de junio, generando también desacuerdo desde el Poder Ejecutivo.
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En concreto, las Condiciones de Trabajo aprobadas por el TJEBC establecen que al finalizar su gestión -ya sea de manera voluntaria, por conclusión de periodo, por remoción libre o por cese-, los magistrados y magistradas electorales tendrán derecho a una indemnización garantizada de doce meses de sueldo, más veinte días de sueldo por cada año que hayan ejercido su función.
Los montos totales alcanzan hasta los cuatro millones 300 mil pesos por magistratura y, según lo aprobado, el pago tiene que ser en una sola exhibición.
En franco rechazo, el diputado Molina García presentó dos solicitudes de juicios generales ante el propio Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, pero éstas no le fueron recibidas, por lo que recurrió al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
El órgano electoral local recibió y remitió ambas solicitudes a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y éste a su vez, las remitió a la Sala Superior, el 15 y el 17 de junio.
Como parte de sus argumentos, Morena señala que las Condiciones de Trabajo aprobadas por los magistrados impactan en la redistribución del presupuesto estatal, así como en el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal de este año, e incluso, pone en riesgo la operatividad del Tribunal local.
El partido también considera que se trata de un conflicto de interés y un fraude, ya que los titulares del Tribunal electoral local son la parte patronal y disponen de los recursos públicos, por lo que, dice, carecen de facultades para establecer de manera unilateral condiciones generales de trabajo para sí mismos.
Y además evalúa como excesivo el monto que se le tendrán que entregar sumando finiquito, indemnización y otros conceptos, por ejemplo, al magistrado Jaime Vargas Flores, quien termina su encargo en octubre de este año, el cual oscila los 4.3 millones de pesos.
Ello, agregó Molina Garcia en los argumentos de su solicitud, supera cualquier compensación proporcional de funcionarios y trabajadores públicos de Baja California.
En la Sala Superior, el asunto le fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien en su ponencia propuso declarar improcedentes los medios de impugnación promovidos por Molina Garcia, así como desechar las demandas en nombre de Morena.
El magistrado consideró que al haber presentado dos demandas de juicio general contra el mismo acto de la misma autoridad y con “similitud en los argumentos planteados”, se anula el derecho de impugnación de Morena de cualquier determinación de la Sala Superior.
“Porque las Condiciones de Trabajo que el actor impugna también las controvirtió en la (otra) demanda, con lo que agotó su derecho de impugnación contra tal acto”, señala la sentencia.
Además, al impugnar las Condiciones de Trabajo de las magistraturas electorales, se cuestionan aspectos presupuestales administrativos relacionados con remuneraciones y demás prestaciones de los integrantes de un tribunal electoral local, en un acto de naturaleza administrativa, que no corresponde ser analizada por una instancia jurisdiccional en materia electoral, coincidió el Pleno.
“No se advierte que exista una vinculación directa o indirecta con la materia electoral susceptible de afectar principios o derechos tutelados por esta jurisdicción especializada, por el contrario, la presente controversia presenta particularidades que llevan a considerar que excede la materia competencia de esta autoridad jurisdiccional”, apunta la sentencia.
Las propuestas de improcedencia de los expedientes no fueron discutidas en la sesión del Pleno, y las magistradas y magistrados de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta, magistrada Janine Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón desecharon por unanimidad las demandas.
En el caso del gobierno del Estado, tanto el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas y Juan José Pon Méndez indicaron, el miércoles 18 de junio, que se estableció una mesa de trabajo con los magistrados para pedirles reconsiderar el monto de las autoliquidaciones que se otorgaron así mismos y al resto del personal del TJEBC.
