Mexicali.- Integrantes de la directiva de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California realizaron un posicionamiento público para respaldar al profesor Esteban, encontrado culpable del delito de omisión de auxilio tras la muerte de Damián, un niño de 10 años que fue empujado por un compañero en su escuela y días después falleció por un traumatismo craneoencefálico.
El documento de respaldo sindical fue firmado por más de veinte integrantes del comité seccional, aunque no cuenta con la firma del secretario general Juan Enrique Villanueva.
La ausencia de respaldo de Villanueva refleja un distanciamiento claro entre el magisterio y su persona, así como una falta de apoyo evidente por parte del líder sindical.
De hecho, algunos profesores entrevistados por PUNTO NORTE aseguran que, dentro del magisterio, la indiferencia de Villanueva es interpretada como una muestra de que los ha abandonado ante una de las agresiones más graves contra un trabajador de la educación en los últimos años.
Mañana, jueves 3 de julio, se desarrollará la audiencia de lectura de sentencia, por lo que profesores preparan movilizaciones en varios municipios de Baja California para mostrar su respaldo al docente.
Los hechos que dieron origen a este conflicto ocurrieron el 31 de octubre de 2023, cuando Damián fue empujado por otro alumno durante un supuesto acto de acoso escolar en la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, ubicada en Mexicali.
El menor golpeó la cabeza contra el suelo, pero no fue trasladado de inmediato a un hospital.
Horas más tarde, la familia fue notificada y lo llevaron a una clínica privada vinculada al seguro escolar, el cual ha sido calificado de ineficiente por padres y maestros en otros casos.
Allí no se le realizaron estudios de imagen, fue medicado con analgésicos y enviado a casa.
Cinco días después, el 5 de noviembre, Damián fue ingresado al Hospital General de Zona del IMSS, donde falleció. La causa: politraumatismo craneoencefálico severo.
El caso fue judicializado por la Fiscalía General del Estado, que acusó únicamente al profesor Esteban de omisión de auxilio y lo vinculó a proceso en abril de 2024.
El 27 de junio de 2025, un juez penal en Mexicali resolvió que el maestro era culpable, al considerar que actuó de manera negligente y no brindó atención inmediata ni seguimiento adecuado.
El fallo se sustentó en los testimonios de la madre de Damián, quien afirmó que pasaron más de ocho horas desde el golpe hasta que fue notificada, pero hay versiones que la contradicen.
El caso ha generado indignación entre el gremio magisterial, que acusa una criminalización injusta del docente, quien —aseguran— actuó conforme a los protocolos institucionales al notificar a los padres, activar el seguro escolar y acompañar al menor durante el proceso médico.
“El maestro no es médico ni paramédico. Es docente. ¿Qué más se le puede exigir?”, expresaron los firmantes en el posicionamiento, en el que acusaron que el proceso judicial “ignora el contexto, castiga al inocente y evade la responsabilidad del sistema”.
“El agravio que enfrentamos trasciende subsistemas, afiliaciones sindicales o posturas ideológicas”, señalaron. “Nos une la firme convicción de que ninguna persona debe ser tratada con injusticia y de que autoridades, docentes y sociedad en su conjunto compartimos la responsabilidad de proteger tanto a nuestros estudiantes como a quienes, con entrega y vocación, les brindan educación cada día”.
Además del respaldo al maestro Esteban, los integrantes de la directiva sindical lanzaron un pliego de exigencias puntuales. Por ejemplo, la modificación inmediata del protocolo escolar para la atención de emergencias, al considerarlo confuso, insuficiente y riesgoso.
Además, exigen la suspensión de todos los procesos penales contra docentes que hayan actuado conforme a los protocolos institucionales vigentes. Así como la “Protección legal efectiva para el personal docente, mediante reformas que reconozcan los verdaderos límites de su labor”.
Otro de los puntos en su pliego petitorio es que la autoridad educativa estatal asuma la responsabilidad legal ante incidentes ocurridos dentro de los planteles y que se instale un debate serio en cada escuela sobre el modelo de atención médica escolar.
“El proceso (penal contra el profesor Esteban) no hace justicia, no resuelve el bullying, no mejora la atención médica escolar. Solo golpea a quien cumplió con su deber”, se lee en el posesionamiento.
El documento de los profesores cierra así: “Hoy fue Esteban. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. No más silencio. No más injusticias. ¡Justicia sí, criminalización no!”.
El posicionamiento fue firmado por la profesora Odette Roxana Cruz García, secretaria técnica A; Hugo César Olivos Morales, secretario de Oficialía Mayor; Sergio Guillén Duarte, secretario de Asuntos Jurídicos; Juan Vázquez Huerta, secretario de Organización; Carlos Manuel Suárez Gastélum, secretario de Créditos; y Claudia Elena Félix Serrano, secretaria de Actas y Acuerdos.
También lo suscribieron Jesús Abelardo Meza Avilés, secretario de la región Tijuana Centro; Bernardo Jiménez González, secretario de Previsión y Asistencia Social; José Ovstonyesvski Oceguera Ornelas, secretario de Programas Nacionales; Mario Daniel Aispuro Galarza, secretario de la región Tijuana Poniente; Carlos Gabriel Ortega Gutiérrez, secretario de Promociones Económicas; y Elena Isiordia Medina, secretaria de Paridad, Inclusión y Diversidad.
Se sumaron además Guadalupe Reyna Ramírez Espinoza, secretaria de Trabajos y Conflictos de Preescolar; Héctor Manuel Aragón Polanco, secretario de Profesionalización Docente; Fernando Martino Escamilla, secretario de Orientación Ideológica; Marcos Coronel Martín, secretario de Trabajos y Conflictos de Primarias; César García Urías, secretario de Asuntos Educativos; y Alejandro Hernández Calleja, secretario de Problemas de Pago.
Completan la lista Ricardo López Muñoz, secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Especial; Indalecio Castañeda Lazcano, secretario de Asuntos Educativos; Luis Alberto Albarrán Zavala, secretario de Protección Civil; Fidel Rendón Solís, secretario de Trabajos y Conflictos de Secundaria General; Rubén Esteban Rodríguez Nañez, secretario de Innovación, Tecnología y Reingeniería Organizativa; y Jesús Manuel García Magaña, secretario de Finanzas.
También firmaron Gloria María Teresita Álvarez Zavala, del Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados; y Sandra Edith Guerra Trejo, secretaria de Formación Sindical. Todos ellos hicieron un llamado a cerrar filas como magisterio ante lo que consideran una sentencia injusta, y a no permitir que se siga criminalizando la labor docente.
La audiencia para individualizar la pena contra el maestro Esteban está programada para el próximo 3 de julio, donde el juez definirá si enfrenta una pena de entre seis meses y un año dos meses de prisión.
