Mexicali.- Nabor, uno de los dos directivos de Banca Afirme que se encuentran denunciados penalmente y con órdenes de aprehensión activas, fue detenido esta mañana por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte del caso penal que se inició porque la institución financiera se ha negado a devolver 123 millones de pesos del fideicomiso que el gobierno de Baja California abrió en el año 2021 para la construcción de la planta fotovoltaica de Next Energy, proyecto que fue cancelado.
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En 2022, el gobierno de Baja California presentó denuncias penales en contra de Nabor y David, directivos de Banca Afirme, por los delitos de abuso por retención y uso ilícito de atribuciones y facultades cometido por particulares, pues el banco se negaba a devolver el dinero que fue depositado de las cuentas bancarias gubernamentales a Banca Afirme para un fideicomiso.
Nabor fue interceptado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la FGE, cuando conducía su vehículo sobre la Calzada Independencia y Calle de la República, a un costado de los juzgados penales.
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A las 10:30 horas, el representante de Banca Afirme salió de una audiencia penal por el delito de abuso por retención, luego de que el juez decretó un receso.
Sin embargo, al contar con una orden de aprehensión activa por uso ilícito de atribuciones, fue detenido en el lugar y trasladado a las instalaciones de la FGE, donde tras ser ingresado para la toma de datos, fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) en espera de ser presentado ante un juez penal en las próximas horas.
En entrevista con PUNTO NORTE, el consejero jurídico del gobierno del Estado de Baja California, Juan José Pon Méndez explicó que las denuncias interpuestas contra los directivos de Banca Afirme responden al “no restituir al estado de Baja California la cantidad de 123 millones de pesos, dinero que fue retenido ilegalmente por la supuesta construcción de la planta fotovoltaica, que todos sabemos que no se construyó y ni se va a construir”.
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En agosto de 2023, la FGE ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que llevará a la detención de los directivos, quienes en ese entonces ya se encontraban en calidad de prófugos, pues las órdenes de aprehensión para ambos fueron giradas en enero de ese mismo año.
En el caso de abuso por retención, la pena máxima es de ocho años de prisión.
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En cuanto al otro directivo de Banca Afirme, David, fue detenido en 2023 en Texas y cuando iba a ser entregada a las autoridades mexicanas, por medio de un vuelo con destino a Baja California Sur, la jueza federal Ana Cecilia Morales Ahumada, titular del Juzgado Primero de Distrito en Baja California, con residencia en Mexicali, le otorgó una suspensión provisional por medio de un juicio de amparo.
Con este recurso legal, David evitó ser entregado a las autoridades mexicanas, para que se le iniciara un proceso penal en Baja California y actualmente se encuentra detenido en República Dominicana.
Pon Méndez explicó que desde tanto la Consejería Jurídica, que él encabeza, como la FGE han estado pendientes de estos asuntos y actualizando las denuncias, pues ambos delitos constituyen una conducta continua, pues a pesar de que de manera periódica, el gobierno estatal giraba oficios a Banca Afirme para la devolución de los 123 millones de pesos, la institución financiera no respondía a estos requerimientos.
“Se seguía configurando el delito porque el requerimiento se hacía y se siguen haciendo en virtud de la solicitud de restitución de esa cantidad de dinero”, precisó.
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El consejero jurídico manifestó respecto a la detención y la apertura de un segundo proceso penal en contra del directivo del banco, “considero que sí debemos tener un avance ya para la restitución de estos 123 millones de pesos porque este recurso no es de ellos, es un recurso de los bajacalifornianos. Tienen que tener en cuenta que esos recursos no los tienen que devolver con actualizaciones. Esperamos que sí se tenga una solución satisfactoria para los intereses de Baja California lo más pronto posible”.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
